Para la Corte Suprema estadounidense, los prisioneros de Guantánamo tienen derechos constitucionales, que ni la Casa Blanca ni el Congreso pueden suspender. Hasta ayer, los 270 detenidos sólo podían defenderse en comisiones militares creadas ad hoc por el presidente George Bush, con un abogado militar y sin poder ver las evidencias. Los procesos son eternos y nunca llegaron a una sentencia. El fallo, considerado un éxito por las organizaciones de derechos humanos, les abrirá por primera vez la puerta a los presos a los tribunales federales. A partir de ahora, los principales sospechosos del atentado contra las Torres Gemelas y los supuestos miembros de Al Qaida podrán presentar hábeas corpus y obligar al Pentágono a sentarse en las cortes civiles y justificar sus detenciones. El gobierno norteamericano ya no podrá esconder las pruebas y los interrogatorios que justificaron la detención de más de 500 supuestos terroristas desde 2002, ni mantenerlos tras las rejas durante años sin un proceso legal. Actualmente apenas 20 presos están formalmente acusados de terrorismo.

“Las leyes y la Constitución están hechas para sobrevivir y seguir vigentes en momentos extraordinarios. La libertad y la seguridad pueden ser reconciliadas”, escribió el juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy, en el dictamen. Desde su gira por Italia, el presidente Bush se apuró a criticar el fallo. “Soy de la opinión de los jueces disidentes de la opinión mayoritaria; la nación lamentará lo que la Corte ha hecho hoy”, aseguró. De los nueves jueces, cuatro votaron en contra. “Estamos en guerra contra islamistas radicales y este fallo seguramente causará la muerte de más estadounidenses”, había alertado el juez conservador Antonin Scalia, tras anunciarse el fallo.

A pesar del duro revés político, Bush se mostró cauto y prometió que aceptaría la decisión del tribunal. Sin embargo, antes de terminar su conferencia de prensa deslizó otra promesa. “El gobierno estadounidense estudiará una legislación que pueda ser apropiada para que los ciudadanos en Estados Unidos puedan considerarse protegidos”, señaló.

El comentario no es menor. En los últimos años, la Corte Suprema falló dos veces a favor de los detenidos en Guantánamo. En las dos ocasiones, el tribunal dictaminó que los prisioneros de la guerra contra el terrorismo de Bush tenían derecho a presentar hábeas corpus o algún procedimiento equivalente que garantizara su justa detención. La primera vez la Casa Blanca respondió imponiéndoles el status de “combatientes extranjeros”, por lo cual –sostenía Bush– no tenían los mismos derechos que los norteamericanos. Debían ser juzgados por comisiones militares creadas especialmente para ellos y que sólo operaban en Guantánamo.

La segunda vez, en 2004, el gobierno perfeccionó su discurso y creó los Tribunales de Revisión del Estatus de Combatiente, otra corte militar que determinaba si los detenidos realmente calificaban como “combatientes extranjeros legítimos”. Un mes antes de perder las dos cámaras del Congreso, Bush envió una ley que diferenciaba a los llamados combatientes legítimos de los ilegítimos. Los primeros eran los tradicionales prisioneros de guerra y debían ser juzgados en tribunales de guerra como dispone la Convención de Ginebra. Los segundos, al no ser parte de un ejército ni responder a un Estado reconocido internacionalmente, caían en un vacío legal, llenado por las llamadas comisiones militares de Bush.

Pero esta vez no le será tan fácil a Bush deshacer el nuevo fallo de la Corte. Ayer el tribunal estableció que la Constitución de Estados Unidos contempla los derechos de los prisioneros de Guantánamo. “Ahora el presidente Bush tendrá que cambiar la Constitución y eso no será nada fácil”, celebró Stacy Sullivan, una de las expertas en antiterrorismo de Human Rights Watch. Además de tener un pie afuera de la Casa Blanca, su partido ya no tiene el control del Congreso y su candidato presidencial, John McCain, sugirió su cierre durante la campaña.

“La decisión de la Corte reestablecerá la ley en Estados Unidos. No se puede encerrar a alguien sin decirle por qué. Eso fue lo que dijo la Corte hoy”, explicó Sullivan a este diario. Sin embargo, este primer paso no cambiará las condiciones de detención en Guantánamo, al menos en lo inmediato. “Puede llevar varios años conseguir un sentencia firme de un hábeas corpus y el sistema paralegal que creó Bush sigue intacto en Guantánamo”, agregó.

Para la defensora de derechos humanos lo más probable es que la solución para la situación de los detenidos en Guantánamo llegue de la mano del próximo gobierno. Los dos principales candidatos, McCain y el demócrata Barack Obama, son partidarios de cerrar la cárcel, instalada en el enclave cubano que Estados Unidos mantiene desde 1903. En los últimos años, la cárcel militar cosechó la condena expresa de la ONU, la Unión Europea y las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, y denuncias de torturas y destrucción de pruebas para obstaculizar los juicios.