“Hemos conseguido acabar con la sensación de impunidad que existía respecto de los delitos de violencia contra las mujeres”, destaca la jueza catalana Montserrat Comas d’Argemir i Cendra, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial español. El próximo 29 de junio se cumplirán tres años de la implementación en su país de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Su aplicación, dice, ha obtenido diversos logros: entre ellos, pasar de un 60 por ciento de procesos por maltrato que terminaban con sentencias absolutorias, a un 70 por ciento de fallos condenatorios. En un reportaje con PáginaI12, esta magistrada comprometida desde su época de estudiante con las luchas feministas, analizó el impacto de la ley, la primera que envió al Parlamento el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al llegar al gobierno en 2004, que es considerada pionera en la materia, por la amplitud de medidas que prevé –más allá del ámbito judicial– para enfrentar el fenómeno de la violencia machista.

Comas d’Argemir viajó a Buenos Aires para participar del III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA y termina hoy. El tema del encuentro es el acceso a la Justicia. La jueza española se ha especializado en la violencia de género. Y sobre ese tema expuso ayer en una mesa redonda que compartió con la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, entre otras letradas. Comas d’Argemir está casada y tiene dos hijos. Su currículum es extenso. Actualmente es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona en la Sección Penal. Además, es vocal del Consejo General –el órgano de gobierno– del Poder Judicial, donde creó y preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

–¿Qué balance han hecho desde el Observatorio de la aplicación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género?

–Desde el punto de vista de la administración de Justicia podemos destacar distintos logros: uno de los pilares ha sido la creación de 83 juzgados especializados en violencia de género. Gracias a ellos se está dando respuesta eficaz a las víctimas. Primero, porque tanto jueces como fiscales y abogados son personas formadas, especializadas no sólo en la aplicación de la ley, sino también en las causas que originan esta violencia. Otro aspecto importante es que son competentes también para actuar en divorcios y separaciones cuando lo solicita cualquiera de las partes y hubo previamente una denuncia de violencia. Es importante porque ya no hay descoordinación entre el procedimiento civil y el penal, aunque son procesos separados. Son juzgados a los que se le han otorgado medios y donde se han creado unidades de valoración forense, con un médico forense, un psicólogo y un trabajador social, que realizan los informes judiciales del riesgo al que está expuesta la víctima.

–En la Justicia argentina esos informes a veces suelen demorar bastante. ¿En qué tiempo están disponibles en España?

–Hemos logrado que los jueces puedan disponer en los servicios de guardia del resultado de esos informes, que son fundamentales para evaluar si hay que tomar medidas precautorias de protección a la víctima. Otro de los objetivos que hemos conseguido es acabar con la sensación de impunidad. Antes de la ley las organizaciones de mujeres decían que era prácticamente inútil denunciar, porque los jueces no les otorgaban medidas cautelares. Las estadísticas judiciales demuestran que previo a la ley el 60 por ciento de los juicios terminaba en sentencias absolutorias. Quiere decir que se cuidaba poco la prueba desde el ministerio fiscal y la defensa. Esto se ha invertido en estos tres años: hoy el 70 por ciento de los procesos en los juzgados especializados acaba con condena.

–¿A qué adjudica el cambio?

–Yo lo explico en razón de que ahora es una prioridad para jueces y fiscales tramitar estas actuaciones, recabar y cuidar las pruebas. También se ha notado una especialización de las fuerzas de seguridad –también lo manda la ley– que antes o no entendían las denuncias de violencia de las mujeres o minimizaban el problema. Ahora se investiga mejor y se le da más importancia al delito. La ley española ha sido pionera en distintos aspectos. Por un lado, porque en un mismo texto legal concentra medidas interdisciplinarias: desde acciones contra la publicidad sexista hasta educativas y sociales; también la creación de refugios, entendidos como lugares de recuperación integral de las víctimas desde un punto de vista psicológico y económico, con la finalidad de que puedan volver a tener su autoestima alta y que puedan volver a trabajar. Parte de la solución es lograr que puedan tener fuentes de ingresos propios y no tengan que depender económicamente del agresor. Por lo tanto el diseño de las políticas laborales es muy importante en la ley. Otro aspecto interesante de la norma es la amplia definición del delito de violencia de género: desde malos tratos sin lesión, amenazas, maltrato psíquico, físico y psíquico habitual, y trato degradante hasta el asesinato.

–¿Cuál es la función del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que usted preside?

–Se creó en 2002 como instrumento de análisis, para aportar nuestro grano de arena como poder público en la colaboración con otros poderes en este combate público prioritario para acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres. Nos propusimos tener buenas estadísticas judiciales, que son más viables para conocer la dimensión del problema. Por eso en España se cuentan las víctimas asesinadas y se dan a conocer cuántas son.

–¿Cuántas son?

–Unas sesenta por año, en una población de 40 millones de habitantes, asesinadas a manos del marido, ex pareja, o compañero sentimental. En estos tres años no hemos podido reducir esa cifra. Y ese hecho lo han tomado los detractores de la ley para cuestionarla. Pero hay que pensar que la ley es un instrumento para cambiar las realidades sociales, pero sus resultados suelen ser lentos.

–¿Qué sectores cuestionan la ley?

–En estos tres años ha habido un discurso ideológico de contraataque a la ley, sobre todo hombres separados o divorciados que se han agrupado, que dicen que la ley los discrimina porque introduce un plus de protección a las mujeres con medidas económicas y sociales y cuestionan que agrava las penas de los delitos cuando se cometen en el ámbito del hogar contra la pareja o ex pareja. Por este último aspecto fue planteado un recurso de inconstitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional, el 15 de mayo acaba de avalar la ley diciendo que no todo trato desigual vulnera el principio de igualdad, porque se están abordando situaciones desiguales, teniendo en cuenta que la violencia de género es la mayor desigualdad al interior de la pareja, consecuencia de patrones culturales machistas, es una desigualdad estructural. En pleno siglo XXI y después de 30 años de democracia en España, todavía hay hombres que, aprovechándose de una situación de superioridad, utilizan la violencia como instrumento para mantener relaciones de dominio, de poder, creyéndose que las mujeres son de su propiedad. En las relaciones de pareja se dan los mayores actos violentos e incluso mortales.

–¿Aumentaron las denuncias?

–En 2007 hubo 120 mil. Se observa cómo progresivamente en cada trimestre se van incrementando. Este aumento lo valoramos como positivo a diferencia de otros delitos, porque significa que está aflorando un fenómeno que estaba oculto. Las mujeres se están animando a denunciar. Se han dictado 82 mil órdenes de protección, que significan medidas cautelares que prohíben al agresor acercarse a la víctima, a su casa, en su trabajo.

–¿Cuántas condenas han tenido?

–En dos años y medio, 50 mil. A los resultados obtenidos con esta ley nos está ayudando la aplicación de otra norma, la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, que se aprobó el año pasado.

–¿Cuáles son sus aspectos más importantes?

–Partiendo del reconocimiento de que la igualdad real no se ha conseguido, dispone medidas para intervenir especialmente en el ámbito laboral: para conseguir la igualdad de salario, para aumentar el porcentaje de mujeres que trabajan, para terminar con la discriminación y poder lograr que en los directorios de las empresas se vayan incorporando mujeres. En este caso, no impone cuotas, sino que estimula a las empresas con bonificaciones. En el único lugar donde la ley ha traducido la igualdad en obligatoria en la ley electoral, y entiende la paridad como 60-40, es decir, que ninguno de los dos sexos puede estar representado más allá de esos porcentajes. Esta ley ha servido para poner en el tapete el debate acerca de las situaciones de discriminación que todavía existen en España. Creo que su principal efecto ha sido pedagógico. Hace mucho tiempo que el discurso de la igualdad era un tema feminista y con el presidente Rodríguez Zapatero pasó a ser una política de Estado. Con su nueva gestión, no sólo se nombraron más mujeres que varones en el gabinete de ministros, sino que se creó por primera vez un Ministerio de la Igualdad. Es una forma de visibilizar que su política de igualdad real es un objetivo prioritario.