Desde París

Los 27 ministros de Interior de la Unión Europea respaldaron ayer el Pacto Europeo de Inmigración presentado por Francia. En esta primera reunión de importancia realizada bajo la presidencia semestral de la UE, los responsables de la cartera de Interior empezaron en la ciudad francesa de Cannes el diseño de una política común para reprimir la inmigración ilegal e integrar a quienes están regularmente establecidos. La presidencia francesa quiere que este pacto sea aprobado de manera formal en el Consejo Europeo del próximo 15 de octubre.

El Pacto Europeo de Inmigración promovido por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, es uno de los grandes temas de la presidencia francesa de la UE. El texto se apoya en cinco campos de acción: la estructuración de la inmigración legal según las necesidades del mercado laboral, la lucha contra la inmigración ilegal y la organización de las expulsiones de ilegales, el incremento del control en las fronteras, la formulación de una política europea de asilo y el impulso de asociaciones con los países de origen y tránsito de la inmigración. El pacto completa la ya universalmente polémica Directiva Retorno adoptada por el Parlamento Europeo el mes pasado. Este texto hizo de los inmigrantes ilegales delincuentes en potencia que pueden ser condenados hasta a 18 meses de detención si rehúsan dejar el territorio voluntariamente. El pacto presentado en Cannes ayer es una versión menos dura de la que inicialmente había preparado Francia. Los dos postulados más severos, la imposibilidad de que un Estado de la UE proceda a regularizaciones masivas sin la autorización de los demás y el “contrato de integración”, que imponía un paquete de obligaciones a los candidatos a la inmigración, han sido reemplazados por otros términos. El gobierno español desempeñó un papel determinante en la modificación positiva del texto inicial. El jueves pasado, en una reunión celebrada en Madrid con el ejecutivo francés, se organizó la última redacción del texto. El “contrario de integración”, que incluía el previo aprendizaje del idioma y del país de destino así como sus valores, fue cambiado a pedido de España por un “equilibrio de derechos y deberes de los inmigrantes”. La única obligación que aparece es el necesario “respeto a las leyes del país de recibimiento”. También hubo cambios en lo que atañe a la regularización masiva de inmigrantes, supeditada antes al acuerdo de la UE.

Estos cambios aportan una modificación al borrador inicial sin que se trastorne el concepto defendido por el presidente Nicolas Sarkozy. El mandatario hizo del principio de optar por una “inmigración elegida” el eje de su política inmigratoria. Toda la filosofía del pacto está contenida en su preámbulo, que dice: “La hipótesis de una inmigración cero parece irrealista y peligrosa [...] Las migraciones contribuyen al crecimiento económico de la Unión Europea y de Estados que las necesitan por su situación demográfica y su mercado de trabajo [...] La UE no tiene medios para acoger dignamente a todos los inmigrantes que buscan una vida mejor. Una inmigración mal controlada puede atentar contra la cohesión social de los países de acogida”. “Mal controlada” significa aquí que los Estados elegirán a sus inmigrantes tal como lo proponía Sarkozy. Brice Hortefeux, ministro francés de Inmigración, señaló que sus pares europeos “dieron su acuerdo unánime a los principios, los objetivos, la presentación y la estructura del pacto”. En una entrevista en el diario Le Monde, Hortefeux recalcó que, para él, el pacto es “coherente y justo. No promete ni una Europa fortaleza ni una Europa colador”. Los 27 parecen hoy estar de acuerdo pero los antagonismos y las contradicciones son numerosos. Algunos, por razones electorales, exhiben la lucha contra la inmigración para cautivar votos. Otros, la Comisión, no cesan de repetir, informe tras informe, las elocuentes necesidades que tiene Europa de los inmigrados. Un grupo nombrado por Nicolas Sarkozy para elaborar un informe sobre la inmigración publicó unos resultados que van en contra de lo que defiende Sarkozy. El presidente quería establecer “una cifra límite de extranjeros” así como una “cuota por profesión y categoría” y también por “región del mundo”. Ahora bien, el grupo presidido por el conservador Alain Mazeaud, ex presidente del Consejo Constitucional, dice que ese proyecto es “inútil, irrealizable y sin interés”. La Comisión Mazeaud acota que “una política de contingentes limitativos no tendría una utilidad real en materia de inmigración laboral y es totalmente ineficaz contra la inmigración irregular”.