Desde Madrid

Es la segunda tragedia en menos de una semana. Nueve bebés muertos y seis adultos. Si a ellos se suman los catorce muertos el pasado lunes frente a las costas de Andalucía, se puede afirmar que el verano español ha comenzado con una perspectiva negra en lo que respecta al cada vez más candente conflicto inmigratorio. José Luis Rodríguez Zapatero no ha podido sustraerse al drama y ha llamado a los países desarrollados a que hagan un esfuerzo para aumentar la ayuda al desarrollo del Tercer Mundo hasta llegar al 0,7 por ciento del Producto Bruto Interno. “Crezca lo que crezca la economía”, afirmó el primer ministro, en clara referencia a la crisis que azota la economía nacional, “España seguirá aumentando la cooperación”.

Todo comenzó en la madrugada del jueves, cuando el servicio costero de la Guardia Civil localizó una patera de poco más de seis metros de eslora por dos de manga en la que navegaban a la deriva treinta y tres personas. Se les había roto el motor y llevaban cinco días en alta mar. El personal de Cruz Roja que les brindó los primeros auxilios fue tajante al hablar con los medios de comunicación: “Nunca antes habíamos visto una tragedia así”. A bordo de la precaria embarcación se encontraba sólo una parte de los 47 tripulantes que el domingo abandonaron las costas africanas en búsqueda de una vida mejor.

A medida que el sol, el hambre y la elevada temperatura iban cobrándose la vida de los tripulantes, éstos arrojaban los cuerpos de los fallecidos al mar. Los que pudieron llegar lo hicieron con quemaduras de gran intensidad, deshidratados y bajo un estado de fuerte shock. El coordinador provincial de la Cruz Roja de la provincia de Almería, en cuyas costas se desencadenó la tragedia, afirmó ayer a la radio Cadena Ser que las personas encontradas en el cayuco “no podían hablar” y se encontraban tan quemados por el sol que “no podías tocarles del dolor”. Una de las mujeres sobrevivientes murió mientras era trasladada a un hospital de la zona.

Es la segunda tragedia de magnitud en menos de una semana y vuelve a colocar al Mediterráneo en el ojo de las miradas de la Unión Europea. El lunes pasado habían sido encontradas 23 personas que viajaban en una lancha neumática en la costa del Mar de Alborán, también en la región andaluza. Pese a sus malas condiciones de salud, los recién llegados contaron que catorce de sus compañeros, nueve hombres, cuatro mujeres y un bebé, habían muerto en el intento. Una patrulla de Salvamento Marítimo los recogió cuando se encontraban a poco más de 90 kilómetros de la ciudad de Motril, en la provincia de Granada.

La noticia llega en el momento en el que la cuestión de la inmigración ocupa el centro de la agenda política luego de que el gobierno socialista aprobara en Bruselas la nueva “directiva de retorno” que aumenta el tiempo de detención de los clandestinos hasta dieciocho meses y quita a los inmigrantes ilegales la posibilidad de que sea un juez el que dictamine su suerte. El Ejecutivo socialista también decidió ampliar de 40 a 60 días el límite de detención en los centros destinados a los clandestinos. En medio de la creciente crisis económica que sacude al país, la opinión pública se debate entre el apoyo al endurecimiento de la política inmigratoria y la conmoción que le producen este tipo de episodios que demuestran hasta qué punto llega la desesperación en el continente africano para intentar cruzar el mar en estas condiciones.

Además, la tragedia de ayer vuelve a poner de manifiesto la ineficacia de las políticas europeas a la hora de intentar frenar la llegada de las pateras desde el continente vecino. Desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en el año 2001, el flujo de personas que trataban de alcanzar las cosas españolas a través del Mediterráneo había disminuido sensiblemente. Las primeras en notar el cambio fueron las ciudades enclave de Ceuta y Melilla, remanentes del imperio español en la costa del norte de Marruecos. Ante la imposibilidad de cruzar el mar, los inmigrantes intentaban pasar por las vallas de alambre que separan estas ciudades del continente. La tragedia de octubre de 2005, en la que perdieron la vida quince personas al intentar este cruce, llevó al gobierno a subir la altura del cerco y a convencer al gobierno de Marruecos de que aumentara el patrullaje en la frontera. A partir de 2006 la presión se trasladó al Atlántico. Las balsas comenzaron a salir de Mauritania, Senegal y hasta de la lejana Guinea, arriesgándose a una travesía de al menos quince días. Según estimaciones del propio gobierno español, a finales de 2006 esta nueva política restrictiva se había saldado con cerca de seis mil muertos en el mar.