Las retenciones funcionan como un ancla para el desembolso más importante de los productores agropecuarios: el arrendamiento de la tierra. Así lo indicó el ingeniero agrónomo Carlos Alberto Cheppi, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en su exposición en el Senado. “Hay que terminar con la doble renta”, apuntó Cheppi en referencia a los abultados montos que se pagan por el uso de la tierra y la ganancia que pretenden obtener quienes la trabajan. A su vez advirtió que la actual forma de explotación no es sustentable porque ni los terratenientes ni los arrendatarios piensan más allá de la renta de corto plazo.

Dependiendo de la zona, el alquiler de las tierras llegó a aumentar hasta un 50 por ciento desde la última campaña. “El propietario quiere cobrar 600 dólares y el que trabaja la tierra quiere ganar 300 dólares por hectárea; estamos hablando de 900 dólares de renta”, calculó Cheppi y enfatizó que sin las retenciones, no existirían limitaciones para que un terrateniente reclame más de 800 dólares en concepto de renta. “Es una gran mentira decir que con esta ley van a desaparecer los pequeños productores. Acá nadie está perdiendo plata, la rentabilidad es muy buena”, enfatizó.

Hoy el alquiler de los campos representa entre el 36 y el 40 por ciento del total de las erogaciones de un productor. “¿Ustedes creen que el propietario se va a conformar con 600 dólares (por hectárea)?”, preguntó Cheppi a los senadores. Para el economista del Cenda y especialista en temas agropecuarios, Javier Rodríguez, “las retenciones sirven como una herramienta para disminuir los alquileres, ya que al bajar los ingresos totales netos limitan el alquiler máximo que se puede cobrar”.

El presidente del INTA advirtió a los senadores que el actual modo de explotación de las 97 millones de hectáreas del país no es sustentable y señaló que “la siembra directa, que se está llevando materia orgánica y nutrientes, no resuelve ningún problema si no se aplica la rotación de cultivos”. El funcionario puso el ejemplo de Casilda, Santa Fe, y un millón de hectáreas a su alrededor, donde el 65 por ciento del territorio no se fertiliza. De ese total, en el 80 por ciento se planta soja sobre soja. A su vez, remarcó el riesgo de agotamiento de la tierra por la falta de fertilización adecuada. Este insumo representa un 20 por ciento de los costos totales de un productor agropecuario. “A los valores de la siembra anterior, fertilizar costaría alrededor de 300 dólares. Entonces, en lugar de resignar renta, prefieren tener menos costos, aunque la tierra pierda un poco de rinde y no utilizar fertilizantes”, apuntó.

En este sentido, disminuir las retenciones tampoco serviría para incentivar el uso de fertilizantes porque eso también impulsaría un aumento en la renta de la tierra que reclamarían los propietarios a los productores agrícolas. Mientras que el arrendamiento de tierras no supera el 30 por ciento del total en la mayoría de los países, en la Argentina alcanza el 60 por ciento. “El Estado debe intervenir fuertemente en este proceso, y no sé si la Ley de Arrendamientos alcanza como instrumento para resolver el problema, hay mucha política agropecuaria para hacer”, planteó.

La nueva Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, que cuenta con el apoyo de Federación Agraria, será tratada el próximo martes en Diputados.

El proyecto busca facilitar y estimular el acceso a la tierra a pequeños y medianos productores y restringir el desembarco de capitales especulativos.

Durante los 122 días de conflicto sobraron los ejemplos televisivos de pequeños productores “de tan sólo 100 hectáreas”, pero el titular del INTA aclaró: “Cuando hablamos de pequeños productores nos referimos a pequeños, porque hay un poco de confusión sobre qué es un pequeño productor”. Cheppi explicó que se trata de aquellos productores del NOA y el NEA que tienen una, tres, cinco hectáreas, 10 o 15 hectáreas promedio en Misiones y también en la región pampeana.