Prisión perpetua y cárcel común. Esa fue la pena solicitada por los querellantes de H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba para el general retirado Luciano Benjamín Menéndez y otros cuatro integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por la privación ilegítima de la libertad, las torturas y el homicidio de Hilda Flora Palacios en diciembre de 1977. Para los tres militares que a la fecha de la ejecución habían cambiado de destino, los abogados Martín Fresneda y Claudio Orosz pidieron al Tribunal Oral Federal 1 la pena de 21 años de prisión. El juicio continuará hoy con el alegato de los fiscales Maximiliano Hairabedian, Jorge Asís y Graciela López de Filoñuk, que también deberán solicitar condenas por los secuestros, torturas y de- sapariciones de otros tres militantes del PRT ejecutados en el mismo tiroteo fraguado que Palacios.

La primera parte del alegato, a cargo de Fresneda, se centró en la descripción del “plan ilegal, sistemático y generalizado de exterminio de la oposición política llevada a cabo desde el Estado”, que en Córdoba tuvo epicentro en La Perla. El relato fue presenciado por 160 personas que colmaron el salón de los Tribunales Federales, incluidas las diputadas nacionales Cecilia Merchán y Victoria Donda, del Movimiento Libres del Sur. Miles de cordobeses siguieron la audiencia en vivo por radio y por el Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Los imputados optaron por retirarse del recinto y rememorar sus tropelías desde una sala contigua.

Orosz detalló los hechos, explicó la calificación legal que merecen y pidió que se condene como autores mediatos de delitos de lesa humanidad a Menéndez, comandante del Cuerpo III, y al coronel retirado Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento. Como coautores al capitán retirado Jorge Exequiel Acosta, a los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz y Oreste Valentín Padován y al ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone. En los casos de Rodríguez, Acosta y Vega pidió sólo 21 años de prisión porque no se les imputa el homicidio. Según sus legajos fueron trasladados a otros destinos a principios de diciembre de 1977 y no prestaban servicios en La Perla el día de la ejecución, 15 de diciembre. En el caso de Acosta, Orosz solicitó que se investigue su rol en los homicidios, ya que varios sobrevivientes declararon que lo vieron en La Perla hasta fines de 1977.

Para argumentar su oposición a la prisión en dependencias de Fuerzas Armadas o de seguridad, Orosz recordó al tribunal el antecedente del prefecto Héctor Febres, muerto a fines de 2007 tras ingerir una alta dosis de cianuro en su dúplex VIP de Prefectura. Para fundamentar contra la prisión domiciliaria recordó el caso del coronel César Emilio Anadón, ex jefe del Destacamento 141, quien luego de ser procesado se pegó un tiro en su casa para evitar una condena ineludible. Orosz citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que establece que la prisión domiciliaria no debe aplicarse de manera automática. El ministro de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, declaró a la prensa tras presenciar el alegato que “si la Justicia toma la decisión de enviarlos a cárceles comunes no habría inconvenientes en hacerlo”. Hasta fines de mayo, cuando por “razones de seguridad” el tribunal ordenó trasladar a los imputados al Cuerpo III, Menéndez, Rodríguez y Vega gozaban de arresto domiciliario, en tanto Padován y Lardone habían sido excarcelados por la Cámara de Casación.

A diferencia de Fresneda y Orosz, que representan a las hijas de Palacios, los fiscales también acusarán a los imputados por los casos de Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo. Los cuatro militantes del PRT fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y trasladados a La Perla. El 14 de diciembre los mataron en un “operativo ventilador”, como llamaban al método de fusilar y arrojar cuerpos en la vía pública. Ocho meses después los enterraron clandestinamente en el cementerio de San Vicente. En 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a Palacios. “Entre el público están quienes hicieron posible la memoria y la verdad. Ahora es la hora de ustedes, señores jueces. Por la salud de nosotros, por los propios imputados, por la República y la democracia: ¡Que se haga justicia!”, concluyó Orosz.