Sostenemos, como lo hicimos al inicio del actual conflicto, que las retenciones son una herramienta imprescindible para evitar que el alza de los precios internacionales impacte en los precios internos de los alimentos, para promover la distribución del ingreso y fomentar la diversificación productiva. Colaboran de manera decisiva en el control de la inflación, dando sustentabilidad de largo plazo a la política de tipo de cambio competitivo, sin afectar la producción del campo y promoviendo el desarrollo de otros sectores de la economía. Permiten desincentivar la actual tendencia a la excesiva concentración de la actividad agrícola en torno a la soja, con sus efectos negativos sobre las restantes producciones agrícolas y el consecuente incremento de la vulnerabilidad del sector externo. Los derechos de exportación son así un instrumento irreemplazable para una política económica que propenda al desarrollo.

Como afirmábamos hace 100 días, las heterogéneas realidades en el agro no se resuelven con la eliminación de las retenciones móviles, sino a través de políticas específicas vinculadas con el acceso al financiamiento, la provisión de apoyo técnico para incrementar la productividad, la reestructuración de las cadenas productivas, la transparencia en la formación de precios y el funcionamiento de los canales de comercialización. Las acciones necesarias implican una mayor y mejor intervención pública y no la promoción de su ausencia.

El agro sigue disfrutando de una prosperidad notable, en particular en la Pampa Húmeda, epicentro de las protestas. Aun con la aplicación del actual esquema de retenciones móviles, la rentabilidad de la producción agraria en esta región continúa incrementándose, dada la extraordinaria elevación de los precios internacionales.

Los métodos de protesta de las cámaras empresarias agropecuarias, basados en la instalación de un clima destituyente del gobierno democrático, no sólo cuestionan la política económica en su conjunto, sino que vulneran los preceptos más básicos de convivencia democrática y las necesidades fundamentales de la sociedad. En el intento por preservar privilegios extraordinarios –fruto del esfuerzo colectivo para mantener un tipo de cambio competitivo y del alza de los precios internacionales– no han dudado en provocar el desabastecimiento, bloquear rutas, disminuir la actividad industrial y comercial y condicionar el actual debate parlamentario. Reivindicamos la necesidad de contar con herramientas de política económica que, como las retenciones móviles, permitan regular los desequilibrios del crecimiento y establecer un sendero de desarrollo de largo plazo. Vemos con gran preocupación que las actuales presiones sectoriales intenten condicionar la capacidad regulatoria futura del Estado en materia distributiva. Los economistas comprometidos con la democracia y un modelo de crecimiento con empleo, distribución equitativa de la riqueza e inclusión social apoyamos la aplicación de retenciones móviles, rechazamos las amenazas de un nuevo lockout e instamos a los empresarios agropecuarios a respetar las resoluciones que se tomen por parte del órgano que expresa la soberanía popular.

* Matías Kulfas, Benjamín Hopenhayn, Mario Rapoport, Alberto Müller, Norberto Crovetto, Alejandro Vanoli, Horacio Rovelli, Natalia Fridman, Mariano Borzel, Agustín Crivelli, Claudio Casparrino, Rodrigo López, Juan Manuel Vázquez Blanco y siguen las firmas www.economistascontralockout.blogspot.com