Desde Lima

El gobierno de Alan García ha quedado conmocionado con el estallido de un escándalo de corrupción en torno del otorgamiento de concesiones petroleras. La denuncia involucra a altos funcionarios del gobierno y de dos empresas petroleras estatales, miembros del oficialista partido aprista y a la transnacional noruega Discover Petroleum, que habría sido favorecido a cambio del pago de sobornos para hacerse con la explotación de cinco pozos petroleros. Los noruegos accedieron a la explotación de estos pozos asociándose con la estatal Petro Perú. La primera cabeza en rodar por la onda expansiva de este escándalo ha sido la del ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, militante del oficialista partido aprista y hombre cercano al presidente, que ocupaba el cargo desde el inicio del gobierno, en julio de 2006. Hasta ahora, 24 horas después de que estallara el escándalo, también han caído las cabezas del presidente de Petro Perú, César Gutiérrez, y del vicepresidente de Perú Petro, Alberto Quimper, protagonista central de esta historia de corrupción. Petro Perú es la empresa estatal encargada de explotar pozos petroleros, mientras Perú Petro tiene a su cargo las operaciones comerciales y las licitaciones de las concesiones petroleras.

El escándalo salió a la luz la noche del domingo, cuando Fernando Rospigliosi, periodista y ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), presentó en un programa de televisión cuatro audios en los que Alberto Quimper, vicepresidente de Perú Petro, y Rómulo León, connotado dirigente del partido de gobierno y ministro de Pesquería durante el primer régimen de Alan García (1985-90), conversan ampliamente sobre sus negocios con la petrolera noruega Discover Petroleum y cómo favorecerla, usando sus influencias, para que ésta se adjudique la explotación de cinco pozos petroleros, lo que, finalmente, ocurrió.

El gobierno, en un intento por reducir los daños causados por la denuncia, esta vez reaccionó rápido, y además de separar al ministro Valdivia y otros funcionarios, anunció, al filo de la medianoche del domingo, minutos después de que se hicieran públicos los audios, que quedaba suspendida la firma de contratos con la petrolera noruega. El presidente García, buscando desmarcarse de este caso de corrupción que golpea a su gobierno y a su partido, calificó de “ratas” a los dos protagonistas de los audios y dijo que esperaba que “vayan a la cárcel”. Sin embargo, se mostró indulgente con el ahora ex ministro Valdivia, mencionado en los audios como parte de este negociado. García llamó a su ex ministro “hombre honesto” y “gran aprista” y señaló que había aceptado “con gran dolor” su renuncia.

En uno de los audios, Quimper le asegura a León que el ministro Valdivia está al tanto de sus tratos con la empresa noruega para favorecerla con la concesión petrolera. En otro momento del diálogo, León, que se presenta como operador de los noruegos, le dice al vicepresidente de Perú Petro: “Tus honorarios deben estar depositados en la cuenta”. En un audio grabado el 11 de septiembre, al día siguiente de que la operación se concretara con el otorgamiento a Discover Petroleum de los cinco lotes de petróleo que quería explotar, Quimper y León celebran: “El ministro feliz (...) Muy bien todo, hermano. Están contentos ellos (los noruegos). Es que hemos hecho un faenón (...) Ahora hay que cobrarles los honorarios de éxito”, le dice Quimper a León. El saliente ministro Valdivia ha negado su participación en estos hechos, pero lo que dice Quimper en uno de los audios lo compromete en esta trama de sobornos y concesiones petroleras.

Fue Valdivia quien nombró a Quimper como vicepresidente de Perú Petro. Quimper es un abogado de 71 años ligado al partido de gobierno. Fue asesor de la bancada parlamentaria aprista desde 1985 y candidato por el Apra al Congreso en las elecciones de 2001. Rómulo León, de 62 años, es un viejo militante aprista, muy cercano a García durante su primer gobierno, del que fue ministro de Pesquería. Concluido ese primer gobierno, el Congreso aprobó una acusación constitucional en contra de León por enriquecimiento ilícito por más de 200 mil dólares. Fue procesado judicialmente, pero en 1998 la Corte Suprema dictaminó la prescripción de los cargos en su contra antes de que fuera sentenciado. Con perfil bajo debido a su mala reputación, León seguía manteniendo una cercana relación con el gobierno de García. Su hija, Luciana, de 30 años, es congresista por el partido de gobierno. Ayer, el partido aprista, tratando de neutralizar el escándalo, anunció la expulsión de Rómulo León.

El caso ha pasado a la fiscalía. Los hilos de esta trama de corrupción recién están comenzando a ser jalados y aún no se sabe hasta qué alturas del poder puedan llegar. García abandonó su primer gobierno en medio de múltiples acusaciones de corrupción y se salvó de ser enjuiciado por un oportuno asilo en París y una prescripción judicial dispuesta por el Poder Judicial. Ahora, el fantasma de la corrupción lo vuelve a alcanzar.