Entre 2002 y 2007 más de 90 vuelos secretos de la CIA aterrizaron en aeropuertos españoles, según denunció Amnistía Internacional (AI). Los vuelos tenían como origen o destino centros de detención clandestinos, como la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Desde la organización por los derechos humanos informaron que la Unidad Exterior de la Policía de España (UEP) participó de varios interrogatorios y exigieron al gobierno socialista que colabore “activamente” con la investigación que la Justicia de ese país abrió en 2006.

El presidente de la filial española de AI, Estaeban Beltrán, dijo en Madrid que la Central de Inteligencia norteamericana utilizó 15 aeropuertos españoles para operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias. “Esas acciones vulneran el derecho internacional y los derechos humanos”, denunció. Los más utilizados habrían sido los aeropuertos de las islas de Mallorca, en el Mediterráneo, y de Tenerife, en el Atlántico.

En un nuevo informe titulado “Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas”, la ONG acusa a la UEP de haber participado en los interrogatorios de al menos 13 presos de Guantánamo, en julio de 2002. Y señala a la institución de ser cómplice de las torturas cometidas por los militares estadounidenses.

El documento informa que unos 200 prisioneros de la “guerra contra el terror” llegaron a la base estadounidense en Cuba en aviones que utilizaron el espacio aéreo español. Algunas de las escalas, agrega el texto, como el caso de las bases sureñas de Rota y Morón de la Frontera, estuvieron amparadas por un convenio de cooperación y defensa suscripto entre Madrid y Washington.

En el texto se hace referencia a una investigación que lleva adelante el Parlamento Europeo, que habría demostrado que, hasta finales de 2005, 68 aviones supuestamente vinculados a la CIA hicieron escala en España. También se critica al gobierno español por no haber informado de los vuelos, en su momento, ni al Parlamento Europeo ni al Consejo de Europa ni al Congreso. Durante su presentación, Beltrán exigió al gobierno que colabore sin dilación con la investigación que la Audiencia Nacional abrió en 2006. “Es un paso importante, pero estas pesquisas han sido impulsadas por la (presión de la) sociedad civil y no por las autoridades españolas”, subrayó.