Desde México, D.F.

Hace un año, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, había alertado sobre las amenazas a la justificación y hasta a la existencia misma del Estado en América latina y el Caribe por el poder del crimen organizado que, en algunas ciudades y regiones de varios países, ya había sustituido a las instituciones. Hoy poco ha cambiado. Nadie está a salvo: el crimen organizado se ha globalizado, y particularmente el tráfico de drogas y de armas, la trata de personas y las redes transnacionales de criminales que organizan ese comercio ilícito han incrementado el uso de la tecnología, su capacidad de organización y su nivel de violencia, advirtió la noche del martes pasado.

El 17 de septiembre de 2007, al presentarse en Washington ante la Comisión de Seguridad Hemisférica, el secretario general de la OEA sostuvo que “los temas atingentes a la seguridad han terminado por constituirse en la principal amenaza para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de nuestra región”. Había que hacer algo, ya, “antes de que sea demasiado tarde y el fenómeno nos haya sobrepasado definitivamente”.

El martes pasado, al presentar en México su Informe sobre la Situación de la Seguridad Pública en las Américas, Insulza reconoció que, en el terreno político, “la grave preocupación por la delincuencia y la percepción generalizada de que el Estado es incapaz de enfrentar el problema de manera eficaz, intensifican la crisis de legitimidad y confianza en la aún reciente institucionalidad democrática hemisférica”.

Durante la primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, celebrada aquí durante los dos últimos días, Insulza puso sobre la mesa uno de los mayores riesgos asociados: la pérdida de la cultura de derechos y libertades y nuevas amenazas a los derechos humanos, si los ciudadanos de nuestros países los empiezan a ver como armas a favor de los delincuentes, o que las regulaciones a la actuación de los cuerpos frenen a su efectividad. “Incluso se puede dar la situación de que se reclame contra derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o las garantías en los procesos judiciales, porque se piense que favorecen a los criminales.”

Por eso, admitió, la solidez de la democracia y las posibilidades reales de desarrollo económico y social –dijo– están directamente amenazadas por la amplitud e intensidad de los fenómenos criminales y las carencias o debilidades de instituciones nacionales para combatirlos.

Para el secretario general de la OEA, la capacidad corruptora del narcotráfico es proporcional a sus ingresos: “320 mil millones de dólares al año, una cifra superior al PIB de la mayoría de nuestros países”. Por eso, no se mostró sorprendido de que el Indice de Percepción de la Corrupción 2008 de Transparencia Internacional indique que 20 de 28 países del hemisferio tienen una puntuación inferior a 5, lo cual refleja un serio nivel de corrupción percibida en el ámbito nacional. Además, 11 países tienen una puntuación igual o inferior a 3, lo que refleja una percepción de corrupción endémica. México y Argentina rondan esas posiciones, con calificaciones de 3,6 y 2,9, respectivamente.

Pero la corrupción no es un fenómeno aislado y se alimenta de factores socioeconómicos. Como la pobreza, resaltó Insulza, aunada a la desigualdad, la marginación y la exclusión en las que vive una parte importante de la población. E ilustró con un dato: en América latina y el Caribe, 21 por ciento de los jóvenes no estudia ni trabaja.

A esto se sumó la ausencia del Estado en zonas urbanas con ambientes económicos, sociales y culturales ajenos y hasta impenetrables para las leyes y las instituciones, al extremo de que “esta situación está llegando a significar la existencia de barrios enteros controlados por el crimen organizado”.

Y la impunidad, y la cultura de falta de respeto a las leyes, y el hecho de que las prisiones constituyen el punto más débil del sistema penal en la región.

Según el BID, citado por Insulza, el costo de la violencia podría representar el 14 por ciento del producto interno bruto latinoamericano y caribeño, pero esa cifra es nada comparada con las 100 mil vidas humanas perdidas cada año como consecuencia del crimen y con el miedo paralizante: en el último año el 63 por ciento de las personas encuestadas por el latinobarómetro manifestó que su país era muy inseguro y el 73 por ciento declaró sentir constantemente temor a ser víctima de un delito.

“La situación anterior se encuentra directamente vinculada con una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas del control y la prevención de la criminalidad. ¿Merecen nuestras instituciones esta desconfianza creciente?”, preguntó el secretario general de la OEA. Al menos en México, muchos responderían que sí.

Hace un año, Insulza no era optimista: “Debemos admitir que estamos frente a un problema crítico y en pleno desarrollo, cuyas dimensiones y formas de expresión son aún incalculables e imprevisibles”. A la luz de su diagnóstico, hoy tampoco.