El gobierno colombiano realizó ayer una purga sin antecedentes en el ejército al retirar a 27 uniformados, incluyendo tres generales, en momentos en que es fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y el país es visitado por la alta comisionada de ONU, Navi Pillay. La destitución de los militares es la respuesta a los resultados de una investigación del Ministerio de Defensa por las muertes de una veintena de jóvenes que desaparecieron a principios del año y que fueron hechas pasar como bajas de la guerrilla en combate en el noreste del país.

Al anunciar la decisión, el presidente Alvaro Uribe dijo en una conferencia de prensa que “la investigación encontró que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas involucrados en asesinatos”. Entre los oficiales retirados se encuentran –además de los tres generales que ocupaban los más altos cargos en el noreste del país– once coroneles, cuatro mayores, un capitán y un teniente, así como siete suboficiales. Los tres generales destituidos eran los más altos responsables militares en la región donde se presentaron los supuestos combates en que murieron los jóvenes.

Los jóvenes, que vivían en Bogotá, fueron reportados como muertos en combates registrados en una apartada zona rural del municipio de Ocaña, donde fueron sepultados como no identificados. Según los familiares, antes de que ocurrieran las desapariciones, desconocidos les habían ofrecido a los jóvenes empleos en haciendas del norte del país con elevados salarios.

El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que hay “serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles”, incluyendo “el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones”. En el comunicado se reconoce que esa situación “pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del ejército nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados”.

El escándalo sobre la presunta responsabilidad de los militares en las muertes de esos jóvenes coincide con la visita de Pillay, alta comisionada de ONU para Derechos Humanos, en la antesala del examen que Colombia presentará en diciembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.

Además, apenas el martes, un informe sobre los ataques a la población civil presentado por Amnistía Internacional cuestionó el hecho de que los países de la Unión Europea (UE) no son lo suficientemente “contundentes” con el gobierno colombiano ante la grave situación de derechos humanos.

Finalmente, ayer fue presentado en Bogotá un informe del colectivo de ONG Misión Internacional de Observación que afirma que desde enero de 2007 hasta la fecha se reportó la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por el ejército.