La decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de suspender la provisión gratuita de “kits” de útiles escolares a alumnos/as en situación de vulnerabilidad socioeconómica con el argumento de que a partir del próximo año se distribuirán como “política universal” resulta difícil de comprender.

Hasta el pasado ciclo lectivo se entregaban conjuntos de útiles escolares a 28.950 alumnos/as (11.025 de nivel primario, 2040 del área de educación especial y 15.705 de 1º y 2º año del secundario) de escuelas públicas, así como una cantidad de útiles a niños y niñas de establecimientos de nivel inicial y de Centros de Apoyo Escolar.

Según un informe de la Coordinación de Programas Socioeducativos del Ministerio de Educación porteño, de fecha 31 de mayo de 2007, las escuelas que hasta el año pasado estaban incluidas en el dispositivo se seleccionaban en base a los siguientes criterios: a) población escolar proveniente de sectores de bajos recursos; b) ubicación geográfica (prioritariamente las emplazadas en barrios periféricos); c) escuelas de reingreso de nivel medio. Las autoridades de los establecimientos eran responsables de la distribución de los materiales.

Como no se advierte racionalidad en la medida adoptada, sería importante que se transparentaran algunas cuestiones vinculadas con la decisión.

La primera está relacionada con el destino de la partida presupuestaria asignada a la adquisición de útiles escolares correspondiente al ejercicio en curso. La segunda, con los criterios utilizados a la hora de diseñar políticas públicas por parte de la actual gestión. Uno de los tantos conflictos que se registró este año alterando el normal desarrollo de las clases se originó a partir de la decisión inicial de recortar en forma abrupta el otorgamiento de las becas de inclusión escolar con fundamento, según se insistió para pretender legitimar la desproporcionada medida, en que las mismas debían llegar “sólo a los alumnos que verdaderamente las necesitan”. Cabe entonces preguntar acerca del criterio para “universalizar” la distribución de útiles escolares y pretender “focalizar” el otorgamiento de las becas en la población escolar de más bajos recursos económicos.

No se cuestiona aquí la facultad de la administración de cambiar, mejorar o potenciar programas diseñados e implementados por las gestiones que la precedieron. Lo que se interroga es acerca de una suerte de “acto reflejo” que se observa a partir de algunas decisiones por las que primero se recortan o dilatan las acciones en curso y luego se evalúan.

Al menos esa es la impresión que se tiene analizando lo actuado, por ejemplo, con relación a las becas “de inclusión escolar” y a las que se otorgan por ley a los mejores alumnos/as de 7º grado ganadores del premio “Ciudad de Buenos Aires”. Así se vislumbra a partir de esta indescifrable decisión de postergar para el año próximo la entrega de útiles a la población escolar más desfavorecida en términos socioeconómicos.

Sería deseable que los funcionarios a cargo de “reformular” las políticas de inclusión y retención escolar recordaran que, en el centro de sus decisiones, hay miles de niños, niñas y adolescentes que ven postergadas acciones pensadas para revertir situaciones objetivas de desigualdad educativa que afectan y condicionan su trayectoria escolar.

* Defensor adjunto, Area de Derecho a la Educación, Defensoría del Pueblo de la ciudad.