Desde París

Mary Robinson, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó en Ginebra un informe en nombre de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en el que pide al presidente Barack Obama que ponga fin a la violación de los derechos humanos consecutiva a la política que Estados Unidos aplicó luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Si no logramos actuar ahora, nos arriesgamos a que los daños infligidos al derecho internacional sean permanentes”, dice el informe elaborado por un grupo de prestigiosos juristas internacionales que, durante tres años, recorrió todas las regiones del mundo para constatar que el planeta había hecho un espantoso retorno al pasado en materia de respeto del derecho internacional y de los derechos humanos. Entre las conclusiones del informe y lo que declaró Robinson quedó esbozado un panorama de terror difundido por la primera potencia mundial y aplicado luego por numerosos Estados del mundo, que aprovecharon el clima para arreglar sus propias cuentas. Con el informe en mano, la Comisión Internacional de Juristas pide a Obama no sólo que cambie el rumbo de esa política sino, además, que investigue a los responsables de haberla ejecutado. En esta entrevista con Página/12, Federico Andreu Guzmán, consejero general –director jurídico– del Centro Internacional de Juristas, expone las demandas del informe, describe los abusos cometidos por la administración de George Bush, al tiempo que señala la similitud entre las prácticas impulsadas por Estados Unidos y lo que ocurrió en la Argentina durante la última dictadura militar.

–Algunos párrafos del informe presentado por Mary Robinson son elocuentemente duros. Por ejemplo, entre las conclusiones se habla de la “amplitud” de las violaciones del derecho cometidas en los últimos siete años, así como del hecho de que el orden legal basado en el respeto de los derechos humanos, tal y como se construyó durante la segunda mitad del siglo pasado, “está en peligro”.

–Se le está pidiendo a la nueva administración norteamericana que revise toda la política que se adoptó a partir del 11 de septiembre de 2001 mediante la ley patriótica y que incluyó por ejemplo Guantánamo. Consideramos que muchas de las medidas antiterroristas que se han tomado en el mundo vulneran principios básicos. Por ejemplo, las prácticas que consisten en mantener presa a la gente de manera incomunicada, de modo permanente, indefinido, viola preceptos básicos del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las conquistas que se han logrado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido vulneradas. Se puede también citar la práctica de las famosas “rendiciones extraordinarias”, que son una forma de secuestro internacional. Ha llegado entonces la hora de superar esto. Este panel de juristas eminentes trabajó más o menos tres años haciendo audiencias por todas las regiones del mundo y en muchísimos países. Se vieron así cuáles eran las prácticas incompatibles con las normas de derechos humanos, con los principios del Estado de derecho, con el derecho penal y el derecho internacional humanitario.

–¿Se puede hablar casi de una suerte de parapolítica en el montaje de la lucha antiterrorista que empezó hace siete años en Estados Unidos?

–No diría una parapolítica porque la parapolítica implica un aparato paralelo ilegal, no reconocido. Aquí se trató de una política de Estado, donde todo fenómeno terrorista real o ficticio se mira a través del prisma de la respuesta militar y a contramano de los principios básicos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

–Pero la forma de actuar mediante secuestros, arrestos indiscriminados, traslados clandestinos, torturas y detenciones sin cargos recuerdan de manera flagrante lo que pasó en la Argentina en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA.

–Si miramos la historia podemos hacer un ejercicio un poco patético. Si uno revisa, por ejemplo, el informe sobre la Argentina elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1987, se verá que mucho de lo que se hizo durante la lucha antiterrorista es muy parecido. La Operación Cóndor es muy similar a la política de rendiciones extraordinarias implementada por Estados Unidos. En la Operación Cóndor se secuestraba gente en un país y luego aparecía en otro país. Hay muchas similitudes con los viejos métodos autoritarios de enfrentar problemas reales o supuestos.

–Esa línea política norteamericana ha contagiado a muchísimos países del mundo en donde, en nombre del antiterrorismo, se sacrificaron las libertades y se pisoteó el derecho.

–Sí, claro. Y hay que acordarse de que tan pronto se produjeron los terribles eventos del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1371 que creó la obligación, para todos los Estados miembros de la ONU, de combatir el terrorismo. Esa resolución dio una inmensa discrecionalidad para hacerlo, sin recordar las obligaciones en materia de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, ni derecho de refugiados. Progresivamente eso se fue corrigiendo, pero el hecho es que numerosos Estados europeos, africanos, asiáticos –mucho menos en América latina– han entrado en esta dinámica del discurso de la guerra contra el terrorismo. En realidad, no hay una guerra contra el terrorismo. Hay actos de terror en ciertos países que se pueden controlar, cuando se dan en tiempos de paz, con operaciones de policía y, cuando se dan en tiempos de guerra, con los estándares que prescribe el derecho internacional humanitario. Es obvio que hemos constatado graves problemas en la lucha antiterrorista que afectan derechos inderogables y principios básicos del Estado de derecho, y ello en muchos países. La política de la administración Bush fue un ejemplo muy negativo que muchos Estados siguieron, unos por presiones, otros porque les venía como anillo al dedo. Pero es obvio que con esto se generó un movimiento terrible.

–El informe del Centro Internacional de Juristas le pide al presidente Obama que remedie los abusos de la lucha antiterrorista y que lleve a cabo una investigación “amplia y transparente”. Ello equivale a decir que hay mucho por investigar.

–Sí. Nosotros creemos que en el curso de esta llamada guerra contra el terrorismo se cometieron muchos abusos. La práctica de las rendiciones extraordinarias, por ejemplo, es asimilable a casos de secuestro o de desapariciones forzadas. Más aún, cuando sabemos que todo esto no fue objeto de decisiones individuales sino de una política de Estado, uno podría plantearse si esto no entra en la configuración de crímenes de lesa humanidad. La tortura fue también ampliamente practicada, así como las detenciones arbitrarias por tiempo indefinido. Creemos que es hora no sólo de que se anulen todas estas medidas, sino también de que se investigue a los responsables que planearon y ejecutaron estas medidas.

–¿Cuáles son los tres pasos que tendría que dar el presidente Barack Obama?

–Uno, derogar todas aquellas medidas que sean incompatibles con las obligaciones internacionales que tiene Estados Unidos, tanto en derechos humanos, derecho internacional humanitario o derecho penal. Dos, frente a lo que son amenazas o hechos terroristas, cuyos autores deben ser investigados, juzgados y castigados, tendría que ver cómo proceder en el marco del respeto de los principios del Estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional. Tres, iniciar investigaciones y llevar ante la Justicia a quienes, dentro de la lucha antiterrorista, han cometido crímenes. En suma, hay varias recomendaciones, pero es obvio que Obama tiene que revisar la instrumentalización del tema terrorista para apoyar políticas que están basadas en la violación de los derechos humanos.