En Uruguay, la decisión de juzgar o no a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985) la tendrá el pueblo. Tras décadas de impunidad, todo indica que habrá un plebiscito junto a las elecciones presidenciales del 25 de octubre.

Los promotores de la campaña para plebiscitar la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado confirmaron ayer oficialmente que ya se superaron las 250.000 firmas requeridas para impulsar la consulta popular que permitiría llevar al banquillo en el país vecino a los militares, policías y políticos que hasta ahora se habían visto beneficiados con dicha legislación.

No obstante, Carlos Coitiño, principal referente de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, confirmó que seguirán adelante con la recolección de firmas, ya que aún faltan 27 días para que venza el plazo constitucional y el objetivo sería asegurarse de que la presentación supere cualquier obstáculo que pueda surgir.

“Superamos el mínimo de firmas requerido por la Constitución para que haya plebiscito contra la ley de impunidad, pero no cederemos hasta tener 300.000 para asegurarnos un margen ante eventuales impugnaciones”, anunció Coitiño en una entrevista con la prensa local.

Además, adelantó cuáles son los pasos a seguir. “Del 6 al 12 de abril la Coordinadora concentrará sus esfuerzos en los departamentos de Canelones, Montevideo, Rocha, Treinta y Tres y Paysandú.”

Coitiño confirmó que la cantidad exacta de uruguayos y uruguayas que ya firmaron en contra de la impunidad asciende a 255.283 firmas, y que todavía faltan recibir miles de planillas firmadas que aún están en manos de militantes de base localizados en Montevideo tanto del Frente Amplio (FA) como de organismos de derechos humanos y de los sindicalistas de la principal central de trabajadores del país, PIT-CNT.

El último empujón, contaron los militantes, vino de un esfuerzo extraordinario realizado durante el último fin de semana, cuando se realizó una doble jornada nacional de recolección de firmas en los 19 departamentos del país, instalando mesas y difundiendo la iniciativa al máximo.

La Constitución uruguaya exige presentar las firmas del 25 por ciento del padrón electoral para poder habilitar una consulta popular. Las firmas deberán ser entregadas a la Asamblea General Legislativa (Parlamento), de donde se derivarán luego a la Corte Electoral. Allí, la firma contenida en cada papeleta será cotejada con la que cada ciudadano haya estampado en su Credencial Cívica, documento utilizado en el vecino país para votar.

La Ley de Caducidad fue promulgada en diciembre de 1986 en medio de las presiones de los militares que habían ejercido el poder hasta 1985, siendo refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989.

Rafael Michelini, senador uruguayo por el partido Nuevo Espacio e hijo del senador e histórico dirigente asesinado en Buenos Aires en marzo del ‘76, Zelmar Michelini, defendió en una entrevista con el diario chileno La Nación la campaña de firmas. “La única forma para que haya justicia es anular la ley. Imagínese que un Parlamento votara una ley de esclavitud y después un referéndum la reafirmara. ¿No seguiríamos luchando contra ella y convocaríamos en los plazos correspondientes una nueva consulta para que, nuevamente, la opinión pública se expresara para rechazarla? Nosotros creemos que esta norma coartó la posibilidad de justicia, y por eso queremos seguir luchando”, explicó Michelini.

La única vía de acción judicial que había quedado abierta en Uruguay hasta ahora era la delimitada por la misma ley de amnistía, la cual establecía en su artículo 4 que quedaban excluidas las “actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”. Pero ningún gobierno se había servido de ello para tomar medida alguna. Con la llegada del Frente Amplio al poder, en marzo de 2005, la grieta pareció abrirse por primera vez y se ordenó una docena de investigaciones por considerar que quedaban contenidas en las excepciones marcadas por el texto.

El último fin de semana, la Justicia uruguaya dio un primer paso histórico cuando condenó a ocho ex militares y ex policías a penas de 20 y 25 años de prisión por el homicidio de 28 militantes de izquierda secuestrados y torturados en Buenos Aires y finalmente desaparecidos en Montevideo, en la que fue la primera sentencia de un tribunal por crímenes cometidos durante la dictadura.

Dentro de unos meses quizá se abra la posibilidad de avanzar con todas las causas. “Hemos tenido una enorme paciencia. Estamos hablando de crímenes de la dictadura. En algunos casos, hace 30 años que esta lucha es permanente. Es una cuestión de principios. Es como luchar por la libertad”, definió el senador Michelini.