“Este es el juicio más largo en la historia judicial de Morón. No creo que el fallo vaya a quedar como ejemplo para otros casos similares, pero sí pienso que el delito cometido por el imputado ha sido probado.” El fiscal Alejandro Varela, que pidió 30 años de cárcel para el cura Julio César Grassi por abuso sexual y corrupción de menores en perjuicio de tres chicos que estuvieron bajo su tutela, estimó que el fallo en este largo proceso se conocería el 12 de junio. Sergio Piris, uno de los tres abogados querellantes, que pidieron en forma sucesiva 20, 25 y 37 años de pena para Grassi, opinó en cambio que la sentencia “tiene que ser una bisagra fundamental y creo que va a ser para bien. La sociedad tiene que tener un cambio y empezarle a creer a estos chicos, totalmente vulnerables, que no tuvieron las posibilidades que tuvimos muchos de nosotros y que fueron abusados en la institución que debía cuidarlos”.

Daniel Cavo, uno de los tres abogados de Grassi (ver aparte), opinó por su parte que su defendido “debe ser absuelto porque se probó que las denuncias fueron falsas”. No se mostró temeroso frente a los pedidos de pena: “Ayer nomás fueron absueltos cuatro policías que tenían pedido de perpetua”, dijo en referencia al caso del homicidio del joven Gastón Duffau, que quedó impune. Esta semana terminaron los alegatos de la fiscalía, las querellas y la defensa. Sólo restan las réplicas de todos y las palabras finales del imputado. Si la sentencia se conoce el 12 de junio, habrán pasado nueve meses y 23 días del comienzo del juicio, y siete años del inicio de la investigación, hecha pública por el programa de TV Telenoche Investiga.

Los denunciantes, “Ezequiel”, “Gabriel” y “Luis”, que hoy tienen 19, 24 y 25 años, tenían apenas 9, 13 y 17 cuando ocurrieron los 17 hechos de abuso que se consideraron en el juicio. Entrevistado en su despacho por Página/12, el fiscal Alejandro Varela sostuvo que no lo sorprendió la defensa de Grassi “más allá de la agresividad sobre una de las víctimas”, el chico conocido como “Gabriel”, que presenció el alegato final de esa parte y escuchó expresiones dirigidas a él como “mentiroso, fabulador, ladrón, vago”, aunque los exámenes psicológicos concluyeron que ninguno de los tres mintió.

“La defensa volvió sobre el argumento de que un montón de funcionarios judiciales estuvieron complotados, o unidos, porque ahora no usan la palabra complot, y que hubo ‘operadores’ periodísticos, en este caso (la periodista) Miriam Lewin. Repitieron lo mismo y no creo que hayan podido dar vuelta la acusación fiscal”, consideró Varela. Luego de admitir que el delito de abuso sexual es difícil de probar, el fiscal aseguró que lograron “construir la prueba del delito a través de los testimonios de las víctimas, de otras personas que hablaron sobre cómo era el manejo de la Fundación (Felices los Niños, donde ocurrieron los hechos), de las pericias psicológicas y psiquiátricas del imputado y de las víctimas”.

Se agregó “otra prueba documental incorporada a la causa y que da razón de los dichos de las víctimas, negando afirmaciones del imputado y hasta dándoles razón a los peritos” que determinaron que la personalidad de Grassi tenía rasgos propios del “delincuente sexual”. Sobre esa pericia, Varela explicó que tiene el valor de “una radiografía del imputado” que se corroboró, en su opinión, a lo largo de los más de ocho meses que lleva el juicio. “Lo confirma cuando se lo ve sin demasiada expresión en el rostro, con una actitud como distante, cuando a veces se lo escucha por algún medio hablando como si viera al juicio como espectador. Todo confirma el peritaje de El Calafate, el único al que accedió a realizarse”.

–¿La defensa la cuestionó?

–Dijo que no se dejó trabajar al perito de parte que los representara, pero en la causa quedó probado que eso no fue así. También dijeron que los peritos basaron su análisis en un solo test, cuando se hicieron siete tests psicológicos. Creo que era difícil para la defensa rebatir la pericia y que optaron por decir que los peritos se pusieron en jueces y que tenían “animosidad” hacia el imputado, un argumento muy repetido por ellos.

Varela comentó que, en el juicio, se descubrieron hechos tales como “las cámaras ocultas que los colaboradores de Grassi hicieron con chicos de la Fundación, así como seguimientos a testigos o para individualizar a las víctimas o para saber dónde vivían. Eso lo supimos a través de un testigo que era extremadamente allegado al imputado y que lo sigue siendo al día de la fecha”. Las cámaras ocultas, que finalmente no fueron presentadas porque “salieron mal” para la defensa, no fueron vistas por la fiscalía.

Este diario pudo determinar que hubo filmaciones de dos chicos de la Fundación, que no eran ninguna de las víctimas denunciantes, aunque ambos se parecían a uno de los testigos del juicio. Lo que tenía que decir ante las cámaras el falso “Ezequiel”, es que una mujer rubia, en supuesta alusión a la periodista Lewin, le había ofrecido dinero para que acusara al padre Grassi. Esto se conoció a través de Claudio Amaya, estrecho colaborador del cura en la Fundación.

Se conocieron, además, algunos hechos que pueden parecer anecdóticos pero que son graves, porque demuestran el trato inusual que tenía Grassi con los chicos que estaban a su cuidado. Un joven, que declaró en el juicio y que es muy amigo de Grassi, admitió que juntos viajaron a Egipto y que cenaron a orillas del Nilo. Un sacerdote, Elvio Mettone, que fue testigo en el juicio, había hablado de las salidas nocturnas que Grassi tenía con otro pibe que estaba a su cuidado, cuando ambos religiosos trabajaban juntos en el hogar La Casita, en Paso del Rey. De ese lugar, Grassi fue expulsado, por pedido de Mettone.

El querellante Juan Pablo Gallego, que representa al Comité de Defensa de los Derechos del Niño, consideró que se llegó a la sentencia “en el mejor de los escenarios”, en razón de “las pruebas reunidas y las penas que se pidieron”. Gallego coincidió en que hay que “empezarles a creer a los chicos que denuncian abusos”. En ese sentido, puntualizó que “el 96 por ciento de los testimonios de los chicos que denuncian es considerado veraz por los peritos, pero ese altísimo porcentaje no tiene correlato a la hora de llegar a una sentencia judicial”.

Jorge Calcagno, otro de los querellantes, recalcó que el Estado y la Iglesia “deben tomar una actitud frente al delincuente que viste sotana. En el juicio a los ex comandantes se condenó a personas que habían torturado, asesinado o robado bebés, sin importar que tuvieran un uniforme”. Piris, el tercer querellante, pidió al Estado y a los jueces que controlen los lugares donde son alojados niños por causas sociales porque “en Felices los Niños, los pibes quedaron en manos de ex policías exonerados que no sabían nada sobre cuidado de chicos”.