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Por David Brooks * Desde Washington

El gobierno de Barack Obama cortó toda comunicación desde el domingo con militares que participaron en el golpe de Estado en Honduras y suspendió operaciones militares conjuntas, entre otras actividades de cooperación, pero mantiene la asistencia militar y económica, así como la presencia de su embajador en Tegucigalpa, según fuentes oficiales. Obama no accedió a programar una reunión oficial entre el presidente Manuel Zelaya y su contraparte en la Casa Blanca, aunque Thomas Shannon, subsecretario de Estado, y Dan Restrepo, director para América latina del Consejo de Seguridad Nacional, se entrevistaron de manera informal con el hondureño en la sede de la Organización de Estados Americanos. Zelaya rehusó toda cita oficial que no fuera con el presidente estadounidense. Así, aunque Zelaya logró el apoyo unánime de los países de la OEA, lo mismo que de los 192 miembros de la ONU, no logró un encuentro con Obama.

“Estados Unidos cortó todo contacto con aquellos militares que perpetraron el golpe... y suspendió nuestros esfuerzos de cooperación militar” con Honduras, afirmó un alto funcionario del gobierno de Obama en una teleconferencia. Por otro lado, el Pentágono anunció que había suspendido operaciones militares conjuntas con los hondureños. Sin embargo, por ahora el gobierno estadounidense no ha suspendido su asistencia militar o económica. Altos funcionarios del gobierno estadounidense enfatizaron que su gobierno participa plenamente con la comunidad interamericana para resolver la crisis en Honduras. Argumentaron que su gobierno no ha tomado la decisión de aplicar mayores sanciones como la suspensión de asistencia estadounidense, mientras evaluamos el impacto de otras acciones sobre nuestros programas y sobre el bienestar del pueblo hondureño. Esperaremos hasta el 6 de julio para escuchar la determinación del secretario general de la OEA antes de tomar otras medidas, dijo.

Aunque reconocieron que tanto Obama como la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se refieren a los hechos como un golpe, el Departamento de Estado aún está revisando si los hechos en Honduras serán definidos como tal, lo cual bajo la ley obligaría la suspensión de casi toda la asistencia militar y económica estadounidense a ese país. Indicaron que “no estamos planeando el retiro del embajador estadounidense... ya que es importante mantener una presencia” en ese territorio para apoyar las gestiones diplomáticas multilaterales para resolver la crisis.

Para Estados Unidos, añadieron las fuentes, como expresa la resolución adoptada por la OEA, el acto de los golpistas fue inconstitucional, ilegal y no puede ser tolerado, por lo tanto, la solución es el regreso incondicional del presidente Zelaya.

En el siglo XXI estos golpes no duran mucho, pronosticaron, ya que ante el rechazo mundial del acto, y por la extensa interrelación económica, política y social del sistema interamericano, es difícil que sobreviva un régimen aislado. Indicaron que una suspensión de Honduras por la OEA llevaría a una cascada de consecuencias tanto políticas como económicas en la relación del país con la comunidad internacional.

En cuanto a los esfuerzos estadounidenses para detener la crisis en el período anterior al golpe, los funcionarios explicaron que aunque Washington no pronosticó lo sucedido, sí estaba preocupado porque la situación política evolucionaba hacia una crisis y se intentó convencer a todas las partes de buscar un camino legal y pacífico para resolver el conflicto político. Afirmaron que todas las partes fueron advertidas de que Estados Unidos no apoyaría ningún acto inconstitucional.

Señalaron que la OEA, en sus esfuerzos por lograr la restauración del orden constitucional en Honduras, tendrá que abordar el tema de la gobernabilidad en esta coyuntura en que las instituciones democráticas están gravemente dañadas en ese país y, para una solución efectiva, tendrá que forjarse algún tipo de acuerdo entre todas las partes.

Así, el gobierno de Barack Obama busca comportarse sólo como un socio más de la comunidad interamericana, enfatizando el proceso multilateral como la respuesta a la alteración inconstitucional del orden democrático en Honduras.

* De La Jornada de México.
Especial para Página/12.