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La misión de la OEA tardará al menos diez días más en llegar a Honduras. Seis cancilleres latinoamericanos, entre ellos Jorge Taiana, debían haber aterrizado ayer en Tegucigalpa, pero las idas y vueltas del presidente de facto hondureño, Roberto Micheletti, pudieron más. Ayer, tras una reunión a puerta cerrada del Consejo Permanente de la OEA, el secretario general, José Miguel Insulza, explicó que primero viajará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y luego los cancilleres. La noticia dejó un gusto amargo entre los zelayistas, quienes ayer contaban con un encuentro cara a cara con los cancilleres. Habían organizado una bienvenida masiva, pero, nuevamente, el régimen de facto frustró sus planes. Cerca de 20 mil hondureños coparon el centro de las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero la atención de la diplomacia internacional seguía estancada en Washington.

Hace una semana que el frente de resistencia popular venía planeando el gran final de las marchas que comenzaron en las ciudades y los pueblos del interior y desembocaron ayer en los dos centros neurálgicos del país, el político, Tegucigalpa, y el económico, San Pedro Sula. “Miles de personas llegaron de todas las puntas del territorio, y llegaron para quedarse hasta que vuelva (Manuel) Zelaya”, contó a los gritos el dirigente sindical Juan Barahona, intentando imponerse sobre los bombos y el incesante eslogan que marcó las últimas seis semanas de lucha: Urge Mel, vuelve Mel. La idea en un principio era mantener las movilizaciones en las dos ciudades toda la semana; sin embargo, con la nueva postergación de la OEA van a tener que estirar los tiempos hasta la última semana de agosto. “Cuando venga la OEA nos vamos a juntar para ratificarles que no hay solución si no vuelve Zelaya al poder”, sentenció Barahona. Durante la marcha de ayer los líderes de la resistencia reiteraron que no renunciarán a la Asamblea Constituyente, como demanda el plan del presidente costarricense, Oscar Arias. “Esa propuesta tiene un punto a favor de Zelaya (su restitución) y el resto beneficia a los golpistas”, agregó el sindicalista. Lejos de los micrófonos, sin embargo, algunos de los dirigentes del movimiento reconocen que podrían aceptar la amnistía, el adelantamiento de las elecciones y la promesa de no llamar a una Constituyente si se garantiza la vuelta de la democracia y unos comicios transparentes.

Nuevamente, la sensación en el exterior es que la dictadura hondureña entró en tiempo de descuento. Tiene diez días para negociar una salida y, según confiaron fuentes diplomáticas a este diario, la embajada norteamericana en Tegucigalpa está liderando los esfuerzos.

Pero los golpistas, que hasta ahora demostraron una determinación absoluta, están lejos de enviar señales de distensión y conciliación. Ayer el director de Interpol en Tegucigalpa y oficial de la policía hondureña, Rommel Martínez, informó que la organización policial había girado una orden de detención internacional contra tres funcionarios del gobierno de Zelaya: el vicepresidente Arístides Mejía, la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, y la gerente de la empresa pública de energía (Enee), Rixi Moncada.

Casi un mes después del golpe de Estado, un tribunal de primera instancia hondureño ordenó su captura por los delitos de abuso de autoridad y fraude a la administración pública; los acusaba de haber autorizado el alquiler de un edificio para Enee sin pasar por una licitación pública.

Desde Washington, el embajador hondureño y zelayista Enrique Reina recibió con escepticismo el anuncio. “No es la primera vez que mienten con algo así; ya habían dicho que había una orden de detención contra Zelaya y la Interpol lo negó”, aseguró el diplomático. La central de la Interpol, en Francia, aún no confirmó la noticia. Por eso Reina se animó a aventurar que la dictadura busca desacreditar a los funcionarios para debilitar la imagen del gobierno constitucional frente al mundo.