El gobierno de Estados Unidos podría estar a punto de enfrentar demandas por miles de millones de dólares luego de que un juez federal dictaminara ayer que las inundaciones provocadas por el huracán Katrina no fueron algo inevitable: por el contrario, según el magistrado, se debieron a la negligencia del cuerpo de ingenieros del ejército de ese país.

Esa unidad militar, que es la encargada del diseño y el mantenimiento de los diques que rodean a la ciudad de Nueva Orleáns, había argumentado en su defensa que Katrina había sido “una de esas tormentas que suceden cada cien años”, “un acto de Dios” que, por su naturaleza, había tornado inútil cualquier sistema de protección contra inundaciones.

Sin embargo, el juez Stanwood Duval Jr. bajó el debate de la esfera divina a la terrenal y, tras culpar a las autoridades de “negligencia”, acusó al cuerpo de ingenieros de “despreocupación y miopía”. El fallo del magistrado estimó que las defensas contra las inundaciones se habían visto afectadas por un canal de navegación construido, pero no debidamente mantenido, por el mismo cuerpo de ingenieros militares. Ese canal, precisamente, facilitó el ingreso de las aguas hacia la ciudad. Las consecuencias fueron devastadoras.

Ese canal, que hace las veces de desagüe del Mississippi en el Golfo de México, conocido localmente como Mr. Go, habría sido lo que echó por tierra la defensa legal del ejército, sustentada en una ordenanza municipal de 1928 que protegía al gobierno contra demandas originadas por causas de inundaciones o desastres naturales.

El juez Stanwood, sencillamente, no aceptó el punto de vista y ese tipo de utilización de la Ley de Control de Inundaciones. En vez de ello, Stanwood hizo lugar al testimonio de un experto en inundaciones que sostuvo que fue la falla de los ingenieros en el mantenimiento del canal lo que provocó el desastre. “El canal funcionó como una autopista para las aguas directa al corazón de la ciudad y provocó el derrumbe de los diques”, precisó el juez.

“La incapacidad del cuerpo de ingenieros de reconocer la destrucción causada por Mr. Go y los daños potenciales que podrían haber sido ocasionados muestra a las claras la negligencia de ese cuerpo del ejército”, determina el juez en su sentencia de 156 páginas.

“Más aún, el cuerpo de ingenieros no sólo sabía, sino que ya había admitido, en 1988, que el canal Mr. Go representaba una amenaza para la vida de los habitantes de la ciudad... y aún así no hizo nada para prevenir la catástrofe que representó el huracán Katrina”, señaló Stanwood. Mientras que este primer fallo podría costarle al gobierno la insignificante suma de 700 mil dólares, la sentencia estaría abriéndole las puertas a miles de otras denuncias que podrían llegar a costarle al gobierno federal de Washington más de 1000 mil millones de dólares.

“Las consecuencias ya se calculan en billones de dólares en demandas contra el gobierno”, estimó Pierce O’Donnell, quien junto al numeroso equipo de abogados del caso viajará a Washington la semana que viene para presionar por mayores compensaciones para las familias de los afectados.

Desde que el huracán azotó la ciudad en el 2005, las demandas presentadas contra las autoridades suman casi medio millón de expedientes. El fallo de ayer, sin embargo, se aplica solamente para los residentes en dos de las áreas afectadas: la parroquia de San Bernardo y la zona conocida como Yarda 9, ambas directamente afectadas por el desborde del canal Mr. Go. Entre las dos zonas existirían cerca de 100 mil demandantes. Un fiscal del ejército ya estimó el posible costo financiero de las indemnizaciones en 5000 millones de dólares.

El fallo de ayer, a su vez, significó una victoria personal para el experto en inundaciones y testigo de la tragedia, el Dr. Ivor van Heerden. Este experto se opuso desde el comienzo a la teoría del “acto de Dios” y su testimonio resultó clave para determinar el rol que le cupo al canal construido por los militares. “Katrina no fue una de esas tormenta que suceden una vez cada cien años, ni siquiera una vez cada cuarenta años”, señaló hace algunos días Van Heerden.

Por lo pronto, cientos de sobrevivientes de la catástrofe se apurarán a seguir el ejemplo de Lucille Franz, una de las tres demandantes a las que el juez le dio la razón. A ella y a su marido Anthony se les deberá pagar 100 mil dólares más costos extras por la pérdida de su casa, donde habían vivido por más de medio siglo sin nunca sufrir inundaciones antes de Katrina. Como muchos otros vecinos de Nueva Orleáns, la señora Franz confiaba plenamente en los tan mentados diques protectores. Por eso, no tenía seguro contra inundaciones.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.