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La pelea por el control de los subsidios que el Gobierno destina a la producción de manzanas y peras está al rojo vivo. Los dirigentes de la Federación Frutícola de Río Negro y Neuquén se reunieron el martes con Cristina Fernández de Kirchner y acordaron que se distribuyan entre los chacareros 20 millones de pesos que inicialmente estaba previsto destinar a un plan de modernización productiva en la región. Los empresarios reconocen la importancia del programa que busca incentivarlos a procesar la fruta para que reduzcan su dependencia de la industria, pero remarcan que la situación del sector es grave y que ahora necesitan la plata. El acuerdo contó con el respaldo de los gobernadores, pero fue rechazado por un grupo de intendentes y cámaras empresarias de los valles patagónicos, los cuales argumentan que, si no se modifican las condiciones estructuales del mercado, el dinero que reciben los productores termina siendo transferido, a través de los bajos precios de compra de la fruta fresca, a los eslabones más concentrados de la cadena.

En el sector frutihortícola, las pocas empresas que se dedican al empaque y la comercialización les imponen el precio de venta a miles de productores que se ven obligados a aceptarlo por no tener una infraestructura mínima para conservar la fruta mientras negocian mejores condiciones. Para tratar de neutralizar esta situación, el gobierno de Río Negro fija un valor de referencia a partir de un estudio de costos elaborado por la Universidad Nacional del Comahue y la regional patagónica del INTA. En la actualidad es de 29 centavos de dólar por cada kilo de manzana, pero las firmas que controlan el negocio pagan apenas 15 centavos de dólar en promedio (menos de 60 centavos de peso) y aplican porcentajes de descarte que llegan al 20 por ciento de la mercadería. Por lo cual, el pago por kilo termina siendo menor. Pese a ello, en las verdulerías el kilo de manzanas se suelen conseguir a cerca de seis pesos.

Los especialistas coinciden en que para revertir la situación es necesario que los productores cuenten con cámaras de frío y plantas de empaque que les permitan negociar de otra manera. Por ejemplo, en General Conesa, Río Colorado y las siete localidades que conforman el Valle Medio no tienen plantas de empaque ni frigoríficos, mientras que en el Valle Inferior cuentan sólo con un galpón de empaque viejo y una cámara frigorífica para 25 mil bultos, equivalente a lo que se produce en apenas 16 hectáreas de fruticultura. “Noso-tros necesitamos ampliar la cámara de frío y modernizar el empaque para poder llegar con la fruta al mercado interno y la exportación”, sostuvo a Página/12, Irineo Guerra, presidente de la Cámara de Productores del Valle Inferior. Por ese tipo de problemas, en el plan frutihortícola del gobierno nacional se contempló una partida cercana a los 20 millones de pesos para modernización productiva.

El dinero era esperado con expectativa por los productores e intendentes que habían comenzado a diseñar los proyectos de infraestructura. Sin embargo, el lobby de la Federación Frutícola de Río Negro y Neuquén logró que el Gobierno se comprometa a redireccionar ese dinero para ayuda directa. “Nosotros estamos de acuerdo con la modernización, pero de nada sirve tener recursos para encarar cambios estructurales si nos quedamos sin productores”, afirmó a Página/12, Edgardo Kristensen, presidente de la Cámara de Productores de Cipolle-tti, quien aseguró que la situación de los chacareros es desesperante por la caída de la demanda y las condiciones leoninas que imponen los empacadores y comercializadores. “Lo que hay que modificar son esas condiciones y para ello era fundamental la partida destinada a infraestructura, pero hemos perdido la batalla porque el dinero se va a distribuir entre los productores y a la larga no les va a servir”, aseguró a este diario Juan Domingo Garrone, presidente de la Liga de Intendentes del Frente para la Victoria de Río Negro, la cual distribuyó una carta cuestionando la decisión.

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