Con el pretexto de estar en actividades de campaña en la región del Maule –lugar donde la Democracia Cristiana instaló dos senadores en los comicios del pasado domingo–, el candidato presidencial de la derecha, el inversionista multimillonario Sebastián Piñera, no se presentó ayer ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, lugar al cual debía acudir tras la querella presentada por el ex detective de la Brigada de Delitos Económicos Nelson Rivera Ross.

En 1982, el retirado policía estuvo a cargo de la detención de Piñera luego de que un juez ordenara apresarlo por el denominado caso Banco de Talca, episodio que involucró al actual aspirante a La Moneda en líos y fraudes financieros.

Ese año, Rivera elaboró un completo informe respecto del proceso, donde citó a la esposa del empresario, Cecilia Morel, que habría asegurado que su marido estaba en conocimiento de la orden de captura dictada en su contra, por lo que decidió darse a la fuga sin comunicar su destino ni siquiera a ella, lo que finalmente –mediante un recurso de amparo presentado por Piñera, que tenía un hermano en el gabinete de Pinochet– se dio por cerrado.

Veintisiete años después, en medio de la campaña presidencial, la prensa recordó el polémico caso entrevistando el policía. Sin embargo, Piñera calificó el informe redactado por el ex detective como falso, motivando la querella de éste.

En ese escenario, dos de los abogados que trabajan para la carta presidencial de la derecha, Jorge Bofill y Miguel Angel Chávez, presentaron las excusas del candidato a pesar de que estaba citado a declarar en calidad de imputado para responder específicamente por el delito de injurias graves.

Así las cosas, el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, rechazó la solicitud de la defensa de Piñera de declarar el abandono de la querella y sobreseer la causa definitivamente. El magistrado preguntó a las partes si había intención de llegar a una conciliación, pero la defensa informó que no estaba en condiciones de aceptar esta salida y se fijó el 28 de enero como día para seguir la causa.

En concreto, Piñera recibirá otras dos citaciones a declarar “por la buena”. De persistir en su negativa, el juez puede decretar su detención por desacato.

Desde la otra vereda, los patrocinantes de la acción judicial, Roberto Avila y Luis Ernesto Toro, los también ex abogados de la Vicaría de la Solidaridad (entidad creada en 1976 por el arzobispo de Santiago Raúl Silva Henríquez para prestar asistencia social y legal a quienes eran detenidos y sujetos a violaciones de los derechos humanos por la dictadura de Pinochet) pretenden que se condene al empresario a una pena de 541 días de presidio.

Sin saber que Piñera no acudiría al tribunal, Toro había declarado que si éste no se presentaba debía ser llevado a la fuerza. “Quedó decretado en la primera resolución del tribunal que concurriera personalmente el querellado, apercibiéndosele de que si desiste será llevado por la fuerza pública si no justificara una posible ausencia”, comentó a medios locales.

En el lugar, también lo esperaba un grupo de jóvenes concertacionistas para “funar” (carear públicamente) al inversionista.

El grupo de jóvenes liderados y convocados por todas las juventudes políticas de la Concertación rechaza “la hipocresía del candidato derechista, que habla de eliminar la delincuencia, pero evade la Justicia y su oscuro pasado y cuentas pendientes con la Justicia”.

Agregan además que “Chile es un país con una gran historia republicana, en el que la institución del presidente de la República siempre ha estado acompañada de respeto y dignidad que no podemos mancillar ofreciendo a Chile líderes con este currículum y pasado. El señor Piñera ha sido prófugo de la Justicia, ha sido denunciado por fraudes, multado por la Superintendencia de Valores y Seguros por sus malas prácticas comerciales, tanto en Chile como en el extranjero, y no puede ser que sea eso lo que queremos para Chile. Nosotros soñamos un país con presidentes intachables, como Bachelet, Lagos, Aylwin y todos los que ocuparon legítimamen- te con anterioridad el sillón de O’Higgins”.

Más tarde, el ministro secretario general de Gobierno (s), Neftalí Carabantes, reconoció no manejar mayores antecedentes de la ausencia del empresario a declarar, pero aclaró que nadie está por sobre la ley. “Es importante señalar que la ley en Chile rige para todos los habitantes de la República por igual y, por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, puede estar por sobre la ley, ni siquiera los candidatos a la presidencia de la República.”