Tenía el tema prácticamente servido en bandeja. Y así fue que el juez Luis Cabral asumió en la presidencia del Consejo de la Magistratura con un discurso que incluyó una fuerte defensa de la familia judicial y un bocadillo crítico a la orden del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para que la Policía Federal desobedeciera un fallo. “En un Estado democrático y republicano –dijo–, toda decisión judicial debe ser acatada y cumplida aun por los otros poderes.” También anunció que promoverá un acercamiento con la Corte Suprema, con la que hasta ahora la relación venía tensa. Como primer gesto, reclamó “autarquía financiera” para el Poder Judicial, un planteo que suele repetir el jefe de los supremos, Ricardo Lorenzetti, en nombre de las togas. Pero además, en el plenario de ayer, Cabral propuso cambiar a la administradora general del organismo por un hombre del máximo tribunal, algo que el oficialismo impidió que se votara. Como para quedar a mano, cinco consejeros trabaron un intento del kirchnerismo por aprobar la lista de candidatos del cuestionado concurso para cuatro juzgados federales porteños.

Cabral integra un tribunal oral criminal y es un referente de la Asociación de Magistrados, una entidad tradicional que desde hace un tiempo denuncia la existencia de presiones políticas a los jueces. Esto explica la reivindicación de la “independencia” de los magistrados en su discurso como presidente del organismo que los elige y sanciona. “Nuestra función es asegurar que la decisión jurisdiccional independiente e imparcial, más allá de su acierto o error, y sin perjuicio de las críticas y opiniones que merezca, esté a salvo de persecución o sanción”, dijo. La posibilidad, agregó, de que el Poder Judicial maneje su presupuesto, sin directivas del Ejecutivo, también es según Cabral “un elemento fundamental para asegurar su independencia”. En la misma línea se sumó a los cuestionamientos de la Corte hacia Aníbal Fernández, aunque sin mencionarlo, e insistió en que toda decisión judicial sea acatada por “los otros poderes”.

El plenario de ayer tuvo, contra la costumbre del Consejo, asistencia perfecta. Fue el último que presidió el juez Luis María Bunge Campos. La reunión comenzó a recalentarse cuando el diputado K Carlos Kunkel anunció que había hecho una denuncia penal para que se investiguen las afirmaciones públicas del juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien dijo que había recibido presiones “desde que” está “a cargo de las causas de Clarín” de parte del Gobierno, a través del Consejo y de la Cámara Federal (ver aparte). Pero el pico de tensión llegó cuando Cabral pidió tratar sobre tablas la designación de un nuevo administrador general. Propuso a Hugo Borgert, un funcionario de la Dirección de Periciales de la Corte Suprema, en reemplazo de Cristina Akmentis. Los consejeros oficialistas pusieron en práctica su poder de bloqueo y se negaron a votar el asunto. Akmentis, que lleva diez años como administradora, no tenía la mejor de las sintonías con la administración suprema. La movida de Cabral es interpretada por varios consejeros como la antesala del traspaso del manejo de los fondos del Poder Judicial a la Corte, un anhelo de Lorenzetti. La corporación judicial, en general, tiende a rechazar que un órgano dominado por políticos administre la plata de la Justicia. La discusión quedó para febrero.

Lo que también se postergó fue la aprobación de una controvertida lista de candidatos a ocupar las vacantes en cuatro juzgados federales. El concurso está bajo sospechas de fraude y hay una investigación penal sobre las conductas de dos aspirantes –el juez Luis Rodríguez y el asesor en la AGN Carlos Ferrari– y del jurado. Pero el kirchnerismo en el Consejo intenta avanzar igual con las designaciones. Ayer en la Comisión de Selección, Kunkel, Diana Conti y Héctor Masquelet intentaron someter a votación una nómina de candidatos, donde Ferrari figura segundo, detrás de Marcelo Martínez de Giorgi, y Rodríguez está quinto, debajo de Juan Pablo Salas y Marcelo Goldberg. A Rodríguez se lo investiga por haber pedido días antes del examen un fallo real sobre un caso muy similar al que luego le tomaron en la prueba. A Ferrari, porque llamó la atención que transcribiera párrafos íntegros de sentencias de la Corte y citara 43 fallos. Cabral objetó el apuro teniendo en cuenta que la jueza del caso, María Servini de Cubría, está en plena realización de medidas de prueba. Es probable que incluso proponga otro orden de mérito o tal vez otros nombres. El consejero tuvo el apoyo de los otros consejeros jueces, Bunge Campos y Miguel Angel Gálvez, del académico Mariano Candiotti y del radical Oscar Aguad, que al final votaron pedirle a Servini un informe del estado de la causa.