Desde Bruselas

Desobedeciendo órdenes de los gobiernos de los estados miembro, el Parlamento Europeo rechaza un tratado de lucha antiterrorista que le permitiría a Estados Unidos continuar accediendo a información sobre transferencias bancarias.

Desde los atentados de septiembre de 2001, los países de la Unión Europea habían compartido con Estados Unidos información de transferencias bancarias de ciudadanos europeos. Según Washington, se trata de una medida esencial para rastrear el financiamiento de organizaciones terroristas y de esa forma impedir ataques. El acuerdo nunca tuvo carácter formal y el acceso a la información fue unidireccional –Estados Unidos podía ver los datos de los ciudadanos europeos pero no viceversa.

Este arreglo fue criticado por diversos europarlamentarios, ya que se hizo a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía. En el pasado, Washington fue acusado de abuso de poder por la utilización indiscriminada que le daba a la información. “Estoy en contra de que organizaciones como la CIA obtengan información de los ciudadanos europeos con la excusa de estar luchando contra el terrorismo”, sostuvo un eurodiputado comunista griego.

Ayer, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta, 378 votos contra 196. El acuerdo buscaba formalizar que Washington tuviera acceso a las transferencias bancarias realizadas por la empresa Swift con base en Bélgica. SWIFT controla las transferencias de miles de bancos, incluidas la mayoría de las bancas europeas.

Durante los días previos a la votación, hubo intentos desesperados por parte de los gobiernos europeos y autoridades estadounidenses por cambiar la tendencia. La secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton hizo una visita urgente a Bruselas para presionar a los eurodiputados para que votaran a favor del tratado.

Entre los países miembro, la amplia mayoría apoyaba el tratado. No tanto por miedo a los terroristas sino por temor a perder el favor de Washington. El acuerdo era defendido mayoritariamente por los partidos conservadores europeos, que temían que un voto negativo afectara las relaciones transatlánticas. Sin embargo, incluso el gobierno de centro-izquierda de José Luis Rodríguez Zapatero –quien actualmente ocupa la presidencia rotativa de la UE– hizo todo lo posible para que saliera el acuerdo. Es que la mayor parte de los gobiernos europeos se habían inclinado ante las masivas presiones provenientes de Washington.

El presidente conservador de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, también había tratado desesperadamente de vender el acuerdo a los europarlamentarios y a la opinión pública aduciendo que se trataba de un mecanismo fundamental para la lucha antiterrorista.

La conservadora sueca Ceclia Malmström, actual comisaria de Asuntos Europeos, hizo un último intento por salvar el tratado –intentando aplazar la votación–, pero sin éxito.

En noviembre de 2009 los ministros de Interior europeos habían aprobado el acuerdo de manera interina. Bajo presión de Washington, se buscaba la aprobación del tratado antes de que el Tratado de Lisboa entrara en vigor –lo cual le daría poder de decisión al Parlamento Europeo–, algo que Estados Unidos quería evitar.

Ahora, luego del rechazo por parte del Parlamento Europeo, lo acordado anteriormente pierde validez. Muchos líderes en Bruselas han comenzado a replantearse el alcance de las reformas establecidas por el Tratado de Lisboa. Entre otros cambios, el tratado que entró en vigor el 1º de enero del 2010 le aumenta sustancialmente los poderes al Parlamento Europeo, el órgano legislativo de la UE.

Como única institución elegida directamente por votación popular, el Parlamento Europeo tiene mayor legitimidad ante la ciudadanía europea en relación con otros órganos de la UE. El hecho de que los europarlamentarios sean elegidos por sufragio universal marca una diferencia sustancial frente a la Comisión y el Consejo cuyos miembros son elegidos a puertas cerradas. También el hecho de que los europarlamentarios sean directamente responsables ante la ciudadanía los vuelve más sensibles a la opinión de la población y menos susceptibles a las presiones de Washington y otros intereses.

La decisión ha dejado a los jefes de Estado de los países miembro furiosos y temerosos por el giro inesperado de los acontecimientos y por el creciente rol del Parlamento Europeo.