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Mauricio Macri mantuvo en el cargo a todos los oficiales de la cúpula de la Policía Metropolitana que llegaron junto al ex jefe de esa fuerza Jorge “Fino” Palacios, procesado y detenido por el caso de espionaje de Ciro James. Mediante un decreto, el jefe de Gobierno ratificó a toda la conducción, con la única excepción de su segundo Osvaldo Chamorro, que renunció cuando se vio implicado en el escándalo de espionaje. El área de Información Delictual la conduce el ex comisario de la Federal Alejandro Parodi, un ex agente de inteligencia de la Federal. También permanece Carlos Kervokian, implicado en un sumario por la muerte de un hincha de River. Como novedad de la gestión de Eugenio Burzaco, se incorporó a Carlos Roncatti, que se hizo conocido con la feroz represión a la textil recuperada Brukman.

La Metropolitana sufrió una sucesión de escándalos desde la designación de Palacios, que debió renunciar poco antes de ser procesado por encubrimiento en la investigación de la causa AMIA. Luego fue detenido cuando la Justicia descubrió el espionaje ilegal de Ciro James al familiar de una víctima de la AMIA, Sergio Burstein, uno de los más fervientes opositores a Palacios. En la misma causa se investigan las escuchas al cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo, entre otros.

En medio del escándalo por el espionaje ilegal, el ahora ministro de Espacio Público, Diego Santilli, le recomendó a Macri en una reunión de la mesa chica del PRO que lo mejor era remover a toda la cúpula, pero el líder de PRO desechó esa posibilidad. Finalmente, sólo rodó la cabeza de Chamorro cuando la Justicia comprobó que desde su computadora se había investigado a dirigentes del gremio de municipales y dirigentes opositores. Otros funcionarios macristas insistieron en la necesidad de una revisión de toda la cúpula, que Macri nunca ordenó.

A menos de una semana de lanzada la Metropolitana, Macri firmó el decreto 142/10, con el que confirmó en su cargo a los oficiales que trajo el Fino Palacios y a algunas nuevas incorporaciones de Burzaco. Fue publicado en el Boletín Oficial del 10 de febrero, aunque –como ya es habitual– no está cargado en la página de Internet del gobierno porteño.

Macri designó como director general de Recursos Humanos a Ignacio Gustavo Greco, como director general de Infraestructura al ingeniero Leonardo Spataro –que hizo los planos de la academia policial y del Centro Unico de Control–, como director general de Suministros a Carlos Fabián Etcheverrigaray y como directora general administrativa y legal a Cecilia Marcela Aun. Su antecesor, Guillermo Rodríguez, debió renunciar luego de que fue procesado en una causa por sobreprecios durante el menemismo.

Como jefe de Análisis e Información Delictual, quedó Alejandro Parodi. Se trata de un ex comisario de la Policía Federal que, al igual que Ciro James, es un ex agente de inteligencia (conocidos como “plumas”). Parodi formó parte de Seguridad de Estado de la Federal y fue destinado en El Dorado, Misiones. Una provincia a la que no fue ajeno Palacios: allí llevó a sus hombres y armó una delegación especial como titular de la Unidad de Investigación Antiterrorista para analizar los movimientos de la Triple Frontera. A esa provincia, también, James hizo una decena de viajes y tuvo veinte entradas y salidas por la Triple Frontera. Parodi fue pasado a retiro en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Carlos Kervokian continúa como director de Investigaciones de la Policía Metropolitana. Kervokian fue el oficial con mayor rango que quedó en la policía porteña tras las renuncias de Palacios y Chamorro. En la Federal tiene un sumario abierto por irregularidades en un operativo policial a su cargo el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán, en el que murió el hincha de River Fernando Blanco, de 17 años.

El jefe de Gobierno nombró como director de Vigilancia Preventiva a Carlos Roncatti, un ex comisario inspector de la Federal, que condujo la represión a la textil Brukman recuperada por sus trabajadoras, en la que detuvieron a cientos de personas. Cerca de cincuenta manifestantes terminaron en los hospitales porteños con heridas de bala de goma y secuelas de los gases lacrimógenos.

Momentos antes de la represión, Roncatti se acercó a las trabajadoras de Brukman y les espetó desde el otro lado de la valla: “No tenemos nada que negociar. No vamos a retirar el personal, porque estamos cumpliendo una orden”. De traje gris y con un celular pegado al oído, condujo la represión cuando las trabajadoras tiraron la valla e intentaron reingresar en la empresa tomadas del brazo por legisladores y con dos cuadras de manifestantes a sus espaldas.

La policía reprimió con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos durante varias horas de esa tarde. La represión se trasladó, incluso, a la Facultad de Psicología de la UBA –que terminó con todos sus vidrios rotos– y hasta el Hospital Garrahan. Página/12 registró varios momentos de esa represión: “En la esquina donde Jujuy se cruza con México, un hombre joven, que corría tratando de escapar, fue tirado por cinco uniformados al piso, donde lo patearon en la cabeza y golpearon con los bastones antes de llevárselo. La mayoría de los agentes no lucía placa identificatoria”. También encerraron a un grupo de manifestantes en el bar de una estación de servicio, donde detuvieron además al actual legislador del MST Marcelo Parrilli y al diputado Miguel Bonasso por querer intervenir para defenderlos.

En su artículo, titulado “Fui un secuestrado de Brukman”, Bona-sso relata que la policía disparó con balas de goma sobre los manifestantes, que se apretujaron en la YPF. Los obligaron a tirarse al piso y los dejaron a oscuras. “Durante dos horas y media fuimos privados ilegítimamente de nuestra libertad por los efectivos de la Federal al mando superior de Roncatti. (...) El comisario Roncatti se apersonó y me dijo que me podía ir. Entonces, efectuaron otro procedimiento ilegal: hicieron formar a las víctimas en fila de uno en fondo, separados por sexos, y les anotaron nombres y número de documento. Algunos fueron golpeados dentro de los camiones y a las mujeres les decían, en voz baja, ‘putas’”.

El CELS y Poder Ciudadano reclamaron en ese momento que Roncatti fuera “excluido de cualquier actividad policial que esté desarrollando en el desalojo de la fábrica Brukman y que se inicien urgentemente las correspondientes investigaciones administrativas tendientes a determinar su responsabilidad en este y otros hechos de represión ilegal de manifestaciones”. Es que Roncatti también actuó en la represión a un grupo de manifestantes que pedían la expulsión de Luis Barrionuevo en las puertas del Congreso. En ese momento, el comisario culpó a los gritos a los periodistas por la represión.