Desde México, D. F.

Mientras Felipe Calderón volaba hacia Ciudad Juárez, para intentar darle un giro a su guerra contra el narcotráfico, el escritor Carlos Fuentes anticipaba lo que sería una jornada más de derrota política para el presidente. Las medidas de Calderón simplemente no funcionan, “lo ha demostrado hace unos días Ciudad Juárez –dijo en alusión a la masacre de adolescentes de hace un par de semanas–, el narco lleva todas las de ganar”. Ante rectores de varias universidades del país, Fuentes respaldó la iniciativa de los ex presidentes de Colombia, César Gaviria; de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de México, Ernesto Zedillo, para despenalizar el uso de drogas de forma paulatina, empezando por la marihuana.

Acosado por la realidad, Calderón tuvo que reconocer que la solución al problema de violencia en este punto fronterizo debe partir de lo que tenga que decir la sociedad de Ciudad Juárez, para rectificar la estrategia federal. “Tarde”, le reprocharon ayer, porque a tres años de haber lanzado al ejército a las calles, su estrategia militar ha costado la vida a casi de 16.100 personas en el país, de ellas, más de 4250 nada más en Ciudad Juárez durante 2008 y 2009.

Bajo el resguardo de más de 10.000 efectivos del ejército y corporaciones policíacas federales, Calderón llegó a Ciudad Juárez dos semanas después de la masacre de 15 adolescentes, jugadores de un equipo estudiantil de fútbol americano, y tres adultos, el 1º de febrero, de quienes en principio dijo que su ejecución era por un asunto de crimen organizado o porque simplemente eran pandilleros.

Fuera del recinto donde Calderón estaba reunido con organizaciones ad hoc –que aun así le reprocharon su estrategia fallida–, policías federales y militares repelieron a un grupo de estudiantes que realizaba una manifestación. Dentro, mientras Calderón hablaba, las madres de los jóvenes asesinados permanecían de pie, algunas dándole la espalda.

Apenas el lunes pasado, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont se disculpó públicamente por los dichos del presidente; el miércoles, el responsable de la seguridad interior del país y cabeza del gabinete de Calderón renunció a su partido, el oficialista Acción Nacional (ver aparte). Gómez Mont dijo el lunes en Ciudad Juárez que “por falta de comunicación”, Calderón había llamado pandilleros a los jóvenes asesinados durante una fiesta. Ahora “reconoce que las víctimas son inocentes y deportistas y estudiosos”. El secretario de Gobernación anunció también que “se está rectificando lo que debe cambiarse” en la estrategia militarizada contra el crimen organizado.

El miércoles por la mañana, Calderón lo desmintió: el ejército no se replegará, porque eso “dejaría en total abandono a la ciudadanía y a las familias mexicanas, en las manos sangrientas de los criminales”. Con énfasis, defendió el papel de las FF.AA. y aseguró que la violencia en Ciudad Juárez “no obedece a la presencia de las fuerzas federales”.

En la víspera, el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván, había reiterado el compromiso de las fuerzas armadas para combatir los desafíos de la seguridad interior, “dando todas las batallas, las que sean necesarias, contra viento y marea, sin la mínima confusión”. Y aun más, entró de lleno al terreno político: llamó al Congreso a aprobar una serie de reformas propuestas por Calderón para “consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero que no todos procuran”, y subrayó la importancia de “garantizar un sistema político que dé cauce a la resolución de conflictos”.

En México no es común que el ejército se pronuncie en materia política. O lo era, al menos durante los 70 años de régimen priísta, pero en lo que va de esta década, desde el arribo al poder del derechista PAN, es cada vez más frecuente, ante los vacíos generados por las dos últimas administraciones panistas.

Orador único en una ceremonia en la que se recuerda a los cadetes del colegio militar que escoltaron en 1910 al presidente Francisco I. Madero, durante una asonada, el general Galván planteó también “dos grandes objetivos” de las propias fuerzas armadas: “La cohesión social y el acuerdo político. Ambos en aras del interés nacional”. El ejército, la fuerza aérea y la armada, dijo, se mantendrán “unidos, atentos y disciplinados, con el compromiso y la responsabilidad que implica servir a la nación y para contener en primera línea el daño que la criminalidad organizada causa en la sociedad”, lo que “nos hace conscientes de los peligros que acechan y de los riesgos que se corren”. Y sentenció: “Nos asiste la confianza social y la razón del Estado para responder a la exigencia de paz y tranquilidad de la población”.

Pero éste precisamente ha sido uno de los cuestionamientos más serios en la guerra al narcotráfico declarada por Calderón en diciembre de 2006.

Justo durante la visita de Gómez Mont a Ciudad Juárez, tres ONG de derechos humanos y familiares de algunos de los jóvenes asesinados le entregaron una carta en la que denuncian que “en el estado de Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que –en teoría– deberían garantizar el estado de derecho”, y exigieron “garantizar la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aun cuando ésta pueda afectar intereses militares”. Acusaron al ejército de cometer abusos y reclamaron atención a las organizaciones, que “hemos documentado los daños colaterales de esta guerra en la que la estrategia ha fallado”.

El visitador para Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson, le recordó por escrito a Gómez Mont que el organismo ha recibido 1211 quejas contra el ejército nada más entre 2008 y 2009. En contraste, solamente se investigan dos casos de al menos 170 expedientes penales abiertos ante la Justicia militar.