El gobernador de Brasilia, José Roberto Arruda, se entregó ayer a la Justicia y quedó bajo arresto preventivo. El dirigente conservador y ferviente opositor al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva esperaba anoche la decisión del Supremo Tribunal Federal, la mayor instancia constitucional del país, sobre el hábeas corpus que presentó su abogado no bien ingresó a la Superintendencia de la Policía Federal, donde está detenido. La elección de Arruda no fue casual. La Superintendencia cuenta con la Sala del Estado Mayor, una celda de 20 metros cuadrados, especialmente construida para autoridades públicas caídas en desgracia. En 2001, el ahora gobernador había tenido que renunciar a su banca de diputado para evitar un juicio político por corrupción.

El pedido de captura no agarró desprevenido ayer al gobernador, quien ya había sido sorprendido el 27 de noviembre pasado cuando un canal de televisión local mostró un video de él y varios de sus asesores y funcionarios llenándose los calzoncillos y las medias con fajos de dinero, “ofrendas”, según lo llamaron, de empresarios amigos. El video había sido filmado por un ex asesor del gobernador, Durval Barbosa, que había accedido a colaborar con el Ministerio Público a cambio de una condena reducida. Como si la evidencia no fuera suficiente, hace unas semanas uno de los funcionarios que aparece en el video, Antonio Benito da Silva, había sido detenido por la policía cuando intentaba sobornar con cerca de 108 mil dólares a un periodista para que publicara que la cinta era parte de un complot orquestado por un resentido ex funcionario, Barbosa.

Ayer, tras escuchar grabaciones telefónicas que insinuaban que el gobernador de la capital brasileña podía escapar, doce de los quince jueces del Supremo Tribunal de Justicia aprobaron la orden de arresto contra el líder de uno de los partidos más conservadores, más ligados a la última dictadura militar y más antilulistas del país, Demócratas (DEM). Además de Arruda, la Corte pidió la detención de ex diputados del DEM Geraldo Naves, el ex secretario de Comunicación del gobierno de Brasilia Welington Moraes, el sobrino de Arruda, Rodrigo Arantes, y el director de la empresa estatal de energía, Haroaldo Brasil de Carvalho.

Pero el escándalo de corrupción podría rápidamente convertirse en una crisis política. La cúpula del DEM difundió un comunicado anoche pidiendo la renuncia de todos los dirigentes de ese partido que estaban participando del gobierno estadual de Arruda. De cumplirse, entre otros, se iría el vicegobernador, Paulo Octavio, quien anoche tomó el mando del gobierno, aun cuando él también está sospechado de haber recibido sobornos de empresarios aliados.

Al cierre de esta edición, el gobierno nacional no había emitido comentario sobre el asunto, pero el rumor en la prensa local era que el mandatario seguía muy de cerca la detención del gobernador. En menos de ocho meses, en Brasilia y en el resto del país acudirán a las urnas para elegir nuevas autoridades.

El Ministerio Público pidió ayer el alejamiento definitivo de Arruda de la gobernación, pero Arruda, antes de entregarse, se aseguró de que su gente entregara al Congreso estadual un pedido de licencia hasta que su situación judicial se arregle. El dirigente conservador no es un novato. En 2001 también tuvo que actuar rápido para evitar una inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por entonces, representaba al Partido de la Social Democracia Brasileña, la fuerza del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Era uno de los principales operadores del partido en la Cámara de Diputados, pero cayó cuando se descubrió que había construido un aparato de contrainteligencia en contra de sus propios colegas, para saber exactamente cómo votaban (en el Congreso brasileño el voto electrónico es secreto). El juicio político y, por ende, la inhabilitación parecían garantizadas, así que Arruda optó por renunciar a lo grande. Lloró en medio del pleno, pidió perdón a sus compañeros y a su familia, y se fue.

Cinco años después, todo se había olvidado y el ahora militante del conservador Partido Demócrata asumía nuevamente un cargo, esta vez la gobernación de la capital de la nación. Arruda depende ahora de la simpatía del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte liderada por otro acérrimo opositor a Lula, el juez Gilmar Mendes.