Con fecha del 10 de febrero último, la Suprema Corte bonaerense dispuso licenciar por el término de 90 días al titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría, Antonio Cayetano Saladino. Que la medida sea consecuencia de una investigación por cohecho sobre el juez es grave, pero no reproduce la gravedad del caso. A Saladino lo investigan por la sospecha de que recibió una suma importante de dinero de manos del abogado Marcos Alonso para excarcelar a un cliente, Walter Gallastegui, quien había pagado bajo la promesa de Alonso de salir libre en enero. Todo hubiera seguido su curso habitual –que por otra parte es lo que se investiga–, si Gallastegui hubiera sido excarcelado. Pero Gallastegui no salió. El 25 de enero, Alonso apareció en el asiento trasero de su auto, en Olavarría, con siete balazos y un billete de dólar en la boca. Todas las miradas de Olavarría apuntaron rápidamente sobre Gallastegui. Incluso la de Saladino, que unos días después recibía una inesperada custodia policial. La licencia ordenada por la Corte no es vacacional. Al contrario, son 90 días para liberar al juzgado en su funcionamiento, mientras se tramita el jury. El miércoles próximo se sorteará el jurado que deberá continuar con el trámite. Durante una década, hasta 2008, Olavarría recibió justicia del único juzgado de Garantías existente. Adivine quién era el licenciado a cargo.

Si se considera que pasaron apenas dieciséis días desde que Alonso apareció acribillado, se puede tener idea de la importancia que dio la Corte a una resolución que de ninguna manera se puede considerar habitual. Entre sus considerandos sostiene “la gravedad de los hechos investigados”, y ordena “que se disponga el sorteo de los miembros que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento (...) para el día 17 de febrero”.

¿Cuáles son los “hechos investigados” mencionados por la Corte y quién los denunció? Habrá que ir hacia el inicio. Como ya informó Página/12, Gallastegui fue detenido tras balear de once tiros a Fabricio Armendando el año pasado, quien no murió, pero quedó paralítico por las heridas sufridas. La defensa de Gallastegui fue asumida por Marcos Alonso, reconocido penalista de casos pesados en Olavarría y amigo de Armendando. Tal como consta en la causa, Alonso le recomendó entregarse a Gallastegui bajo la promesa de que en “enero de 2010” sería excarcelado. Cómo lo lograría: presentando ante el juez un cambio de calificación: de tentativa de homicidio a lesiones graves. ¿Por qué esperar hasta enero? Durante ese mes, el juez a cargo de la causa, Carlos Villamarín, titular del juzgado 2 de Olavarría, estaría de feria. Su lugar sería subrogado por su colega, el licenciado Saladino.

Tal como relató en la causa Fabiana Márquez, y luego repitió en una entrevista a la periodista Claudia Rafael, de El Popular de Olavarría, el abogado, acompañado por su esposa, pasó el 2 de enero por la casa de Saladino. “(...) a la tarde. A las dos o tres de la tarde –precisa la nota–. Hacía un calor bárbaro, yo estaba embarazada, andábamos con tres nenes en el auto. Y Marcos nos dejó como 20 minutos afuera. Yo tocaba bocina para que volviera, hacía un calor bárbaro, los chicos querían ir a la quinta, pero él tenía que cumplir con su palabra.” Es decir, tal como sostuvo Márquez, pagar para cambiar la calificación. Por qué Saladino decidió no cambiar la calificación.

Una posibilidad concreta: el pedido trascendió a la prensa local. El Popular, el periódico de más incidencia en el ámbito, lanzó en su tapa la conclusión: “Le disparó 11 veces y no quiso matarlo”. El 15 Saladino despachó su decisión: dejó todo como estaba. El 18 de enero, tal como relató Márquez, su marido estaba muy nervioso. Fue la fecha en que presentó la apelación para el cambio de calificación ante la Cámara. El crimen no espera. Antes de que saliera la resolución (recién salió el 1º de febrero y fue negativa), Alonso fue acribillado. La investigación recayó en la fiscal 7, Susana Alonso, y el juez a cargo no fue Saladino sino Villamarín. La fiscal ordenó casi de inmediato que Saladino tuviera una custodia. En ese aspecto, la protección al juez implicaba en sí misma una lupa puesta sobre sus actuaciones.

De hecho, la procuradora general de la Corte, María del Carmen Falbo, ordenó que se abriera una investigación paralela por el cohecho denunciado, que le derivó a la fiscalía de investigaciones económicas 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal David Bruna. Pero Falbo, además, pidió que la propia Corte iniciara una investigación que pudiera derivar ante un jurado de enjuiciamiento, único capaz de destituir a un juez, conformado por cinco abogados, cinco legisladores y el presidente de la Corte. Que las presunciones fueron tomando cuerpo y que la Corte no estaba dispuesta a demorar el caso lo indica que tres días después del crimen, apenas recibido el pedido de la Procuración, Olavarría ya era visitada por dos abogados de la Secretaría de Control Judicial de la Corte. Buscaban pruebas para iniciar el mecanismo de juicio. Realizaron algunas entrevistas, tomaron detalles de la causa y se llevaron cuatro correos electrónicos que habían intercambiado Marcos Alonso y Saladino, aportados por la Procuración. Según confiaron fuentes del caso, en ellos el juez le explicaba al abogado cómo debía presentar los escritos y le daba indicaciones procesales. El informe de la Procuración, su pedido de licenciamiento del juez y el informe de la Secretaría de Control fueron suficientes. Ante esta situación “surge la imperiosa necesidad –sostiene la Corte– de arbitrar medidas urgentes que garanticen la efectividad en la investigación de las distintas esferas de responsabilidad comprometidas en el ejercicio de la actividad jurisdiccional”. Y licenció a Saladino.

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