Desde Madrid

El juez Baltasar Garzón compareció ayer ante el Tribunal Supremo para dar su versión de los hechos en una de las tres causas abiertas contra él en la Justicia española. Se trata del proceso que se le está llevando a cabo por haber recibido, supuestamente, dinero del Banco Santander a través de la Universidad de Nueva York durante el desarrollo de unos cursos que el magistrado dictó entre 2005 y 2006 mientras disfrutaba de un permiso de estudios en España. Más tarde, Garzón exoneró al presidente del banco, Emilio Botín, en una causa abierta en su juzgado, razón por la cual los querellantes suponen que el juez infringió la ley.

Baltasar Garzón aclaró ayer, según declaraciones realizadas por su abogado defensor, el ex fiscal antiterrorista Enrique Molina, que él no recibía el dinero de forma directa del banco, sino que fue la Universidad de Nueva York la que pagó sus honorarios, mientras que el banco simplemente patrocinó los cursos. Esta versión de los hechos ha sido confirmada por la alta casa de estudios norteamericana y por el mismo Santander. Pero los abogados que presentaron la querella, repleta de afirmaciones insultantes según el defensor de Garzón, se basan en una carta que el juez le envió a Emilio Botín en la que le pedía que apoyara estos cursos, dirigiéndose a él de un modo poco convencional, como “Querido Emilio”. Ayer el juez presentó otras cartas que también envió en su momento al ex director del FMI, Rodrigo Rato o al jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, encabezadas también con el cariñoso apelativo.

El juez no quiso hacer declaraciones a la prensa, por lo que fue su abogado quien manifestó además que Garzón tiene gran estima del Tribunal Supremo y considera que las manifestaciones a su favor no lo están ayudando, sino que más bien “lo perjudican”. “Cualquier manifestación que se haga para perturbar el orden o el sosiego de un tribunal de Justicia perjudica al propio encausado, es conocer mal lo que es la psicología de un magistrado”, aseguró Molina, quien además puso mucho énfasis en asegurar que el juez no controla las manifestaciones de sus adherentes.

De todas las causas abiertas contra Garzón, ésta es tal vez la más insólita, ya que no hay absolutamente prueba alguna que la justifique. El juez además no quiso contestar a la acusación particular porque está muy ofendido por las expresiones que los querellantes usaron en su presentación, afirmando que “se dejó sobornar” o “lo untaron”, términos que habitualmente no son aceptados por la Justicia, pero que en esta ocasión el Supremo admitió. Este es uno de los elementos que dejan entrever el clima de hostilidad que hay en el alto órgano judicial para con el juez, por lo que muchos no dudan en pronosticar que finalmente por alguna de las causas será imputado y acabará por ser inhabilitado para ejercer sus funciones. Según su defensor, el magistrado se limitó ayer a aclarar algunos puntos que no estaban claros en este caso, respondiendo únicamente a las preguntas del juez instructor Manuel Marchena.

Las declaraciones de Garzón se han producido en el momento en el que arrecia el temporal político y judicial en torno de su causa. Según los medios españoles, no se había presenciado un clima tan tenso en la Justicia nacional en el último cuarto de siglo. Para hoy se espera que el Tribunal Supremo dé explicaciones a la prensa sobre el proceso, un hecho insólito que la Justicia española llevará a cabo por primera vez en su historia y que da la magnitud de la preocupación que el caso ha despertado en las altas esferas judiciales.

En el ámbito político, la tensión también es palpable. El Partido Popular elevó el tono pidiendo la dimisión de los funcionarios socialistas que se han manifestado a favor del juez, mientras siguen sumándose pronunciamientos de personalidades del mundo académico y cultural a su favor. Uno de los más significativos fue el apoyo que recibió ayer Garzón de Gregorio Peces-Barba, uno de los llamados “padres de la Constitución” que fue presidente del Parlamento y comisario para las víctimas del terrorismo en distintas administraciones socialistas.

En el ámbito político comienza a preocupar también el daño a la imagen de España en el exterior que está produciendo el proceso. Ya en febrero el Observatorio Permanente de la Imagen Exterior de España señalaba que el proceso al juez era el segundo tema en importancia en la prensa internacional.