Más de once horas de debate sobre la modificación de la coparticipación del impuesto al cheque no alcanzaron para saldar las diferencias en torno del número de votos con que debía ser aprobada esa iniciativa en la Cámara alta. De madrugada y con 35 voluntades a favor, la oposición buscó evitar el papelón al lograr una media sanción con dos votos menos de los necesarios. Pero inmediatamente desde el kirchnerismo salieron en pleno a denunciar la “nulidad absoluta” de la norma y al vicepresidente Julio Cobos por convalidarla. La presidenta Cristina Fernández denunció a los opositores por “violar la Constitución” y le pidió al vicepresidente que “recapacite” por haber contribuido con eso. “Tengo la tranquilidad de haber actuado conforme a la Constitución nacional y al reglamento de la Cámara de Senadores”, se defendió Cobos. El titular de la UCR, Ernesto Sanz, también salió a resguardar a la oposición de las críticas kirchneristas: “La votación de ayer fue absolutamente válida, legítima. Según nuestra interpretación, no se requería de una mayoría especial, era simple mayoría”, replicó. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, adelantó que van a analizar la posibilidad de presentarse ante la Justicia y que, de sancionarse la ley en Diputados, la Presidenta podría vetarla porque “han construido una norma viciada de origen”. El titular del bloque K de la Cámara baja, Agustín Rossi, consideró que no es viable tratar la media sanción porque fue irregular (ver página 4).

Cobos “no es un croupier en el Senado, es un funcionario de la Constitución”, sentenció Cristina Fernández y le reclamó al vicepresidente que “recapacite quien juró junto conmigo hacer cumplir la Constitución”. Para la Presidenta “se dio por aprobada una cosa que no existe”, porque “se pretendió aprobar una ley que según la Constitución requiere una mayoría calificada”. En el mismo sentido opinaron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; los ministros de Interior, Florencio Randazzo, y de Justicia, Julio Alak, además de Pichetto.

Previo asesoramiento con el ex diputado Raúl Baglini, en un comunicado oficial Julio César Cleto Cobos respondió a la ola de críticas que le propinaron por haber asumido para sí la interpretación opositora y convalidado la media sanción con 35 votos. “Lamentablemente –dijo– se optó por centrar los agravios en la figura del vicepresidente, en lugar de aceptar las reglas de la democracia. Desviar la atención de un tema tan importante vinculado con el federalismo –como la coparticipación del impuesto al cheque– con descalificaciones es cambiar el eje de la discusión.” Según el vicepresidente, “no se violentó la Carta Magna, sino por el contrario se refrendó lo que establece en su artículo 1º: el régimen republicano, representativo y federal. Republicano por el respeto a la división de poderes, representatividad otorgada por la mayoría y federalismo, real federalismo, por la coparticipación total del impuesto al cheque”.

El artículo 75 inciso 3 de la Constitución nacional señala claramente que es atribución del Congreso nacional “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

Entonces, en medio de la desesperación porque no alcanzaban los 37 votos y para no presentar dos derrotas en una misma noche, el peronista pampeano Carlos Verna sacó de la galera una iniciativa distinta a la que iba a ser votada inicialmente, con la que podrían sortear el obstáculo constitucional. Con esa nueva propuesta, la oposición intentó justificar la necesidad de una mayoría simple porque se trataba de una “derogación” de un artículo y no la modificación de un impuesto. Por eso el proyecto de Verna establecía en su único artículo: “Derógase el artículo 3º de la Ley 25.413 y sus modificaciones”.

Ese artículo establece que el setenta por ciento del impuesto al cheque “ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. Previo a la modificación de 2006, el texto señalaba que los fondos recaudados tendrían un fin específico: “la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública”.

Fue con esa maniobra y con el aval de Cobos que la oposición logró sortear el papelón, aunque ahora debe dar una dura batalla sobre su legalidad. “Es claro que para sacarles recursos a las provincias hay mayores exigencias constitucionales, para devolverlos no. Además, los recursos deben ser coparticipables. Esto no es una interpretación caprichosa, lo establece el artículo 75, inciso 2 de la Constitución nacional”, sostuvo Cobos en su comunicado donde cita dicho texto: “Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables”.

Según Sanz, encargado de la fundamentación teórica de la oposición, al modificarse el artículo de la ley del cheque se le quitó “especificidad” a esa asignación, por lo que la norma “desde ese momento se transformó en una ley común que requiere mayoría simple”. “La derogación lisa y llana de un artículo no requiere mayoría especial”, insistió el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales.

Por más que no le tocó votar, la decisión del vicepresidente de adoptar como propia la interpretación de la oposición permitió que el arco anti-K no se vaya del Senado con las manos vacías. Pero eso le valió varios cuestionamientos por parte de varios funcionarios del oficialismo. Además de la Presidenta, fue Randazzo quien consideró que Cobos “sigue violando sistemáticamente la Constitución y burlándose del voto popular, ya que es el vicepresidente de la Nación y no el jefe de la oposición”. “Usurpa los beneficios del cargo de vicepresidente incumpliendo el rol que le asigna claramente la Constitución en el Senado”, remató el ministro del Interior.

Pichetto, el encargado de rebatir las posiciones opositoras en la Cámara alta, sostuvo que “el argumento de que es una derogación no está en la Constitución, es un engaño, un ardid porque están modificando el régimen de coparticipación”. “Ha hecho una interpretación irresponsable de las normas que regulan la ley del impuesto al cheque y determinan que para prorrogar, modificar o derogar este impuestos se requiere una mayoría especial de 37 senadores”, reiteró el jefe del bloque K. Además, apuntó que la oposición, encabezada por el radicalismo, “hizo una interpretación fraudulenta y torcida convalidada por el presidente del Senado”.

El senador rionegrino mantuvo conversaciones con funcionarios de la Casa Rosada y quedaron en analizar en profundidad los pasos a seguir. Legisladores de la bancada oficialista consideraban que era necesario presentar una impugnación en la Justicia, aunque esperaban la decisión del Poder Ejecutivo. El otro escenario que analizan en el oficialismo es la posibilidad de que la Presidenta vete la norma, una vez que sea aprobada en Diputados. Como la oposición tiene una mayoría más holgada en esa Cámara, fuentes del bloque K consideraban probable que sea sancionada, por más que no haya cumplido los requisitos para la media sanción.

“No existe esa votación. Estamos hablando de 37 votos y no tenían 37, tenían 35. No se puede enviar a Diputados para que se trate porque no se consiguieron los votos necesarios, ergo no tiene media sanción y, además, por todo el año 2010 no se va a poder tratar”, consideró el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Ante esas declaraciones y en una sorpresiva defensa de Cobos, Morales presentó una “moción de censura” para Aníbal Fernández “por haber descalificado públicamente al presidente del Honorable Senado de la Nación y a la Cámara de Senadores” y por el supuesto incumplimiento de una orden judicial de allanar la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Acompañado por los senadores de la bancada radical, Morales recurrió a un recurso para el que necesitará bastante más respaldo que sus 16 legisladores. Para remover al jefe de Gabinete por este mecanismo deberá juntar “el voto de la mayoría absoluta de los miembros de las cámaras”.

En este contexto, el futuro de la media sanción de esta norma es al menos incierto. De no mediar una impugnación judicial, el debate político continuará en la Cámara de Diputados, donde ambos bandos adelantaron que mantendrán la misma posición.