Desde Rosario

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó ayer a prisión perpetua a los cinco imputados en la primera causa por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en esta ciudad. El ex teniente Oscar Pascual Guerrieri fue hallado culpable de 24 secuestros seguidos de torturas y 16 homicidios, el ex mayor Jorge Fariña como autor de 26 casos de secuestros seguidos de tormentos y 16 asesinatos, mientras el ex teniente Juan Daniel Amelong deberá purgar su condena por 29 privaciones ilegales de la libertad seguidas de torturas y 16 homicidios. El ex agente de inteligencia civil del Ejército, Walter Pagano, y Eduardo “Tucu” Costanzo deberán responder por 24 secuestros y 16 homicidios. Además, el tribunal dispuso que los condenados cumplan la pena privativa de la libertad en cárceles comunes, pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal. Con relación a Guerrieri y Costanzo, los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe dijeron que, atento la prisión domiciliaria de que gozan, lo dispuesto se hará efectivo una vez que se declare firme la sentencia y previo análisis de sus respectivos estados de salud. Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 14 de junio.

La sentencia comenzó a ser leída por Paulucci, presidente del tribunal, a las 12.12 y culminó a las 12.38. Cuando leyeron su condena, Juan Daniel Amelong se colocó una vincha en su cabeza con la inscripción “preso político” y se negó a sacársela ante la orden del presidente del TOF 1, quien de inmediato le ordenó a la Gendarmería que lo retirara de la sala. La medida se concretó ante los gritos de varios presentes, familiares de víctimas de esta causa.

Otro momento de tensión se vivió minutos antes del inicio de la lectura de la sentencia, cuando la militante contra los juicios contra los represores Cecilia Pando llegó hasta las puertas de la sala de audiencias del primer piso del edificio de Oroño 940. Como no estaba acreditada, uno de los gendarmes le negó el ingreso ante la mirada de varios militantes que presenciaron la escena. Pando fue finalmente trasladada en una camioneta Ford Ranger color gris doble cabina, patente HHV 976, conducida por efectivos policiales.

Las cuatro querellas que participaron del proceso y el Ministerio Público Fiscal habían pedido la pena de prisión perpetua. La fiscal federal Mabel Colalongo dijo que se trataba de “un fallo ejemplar incluso para el resto del país. También es valorable que la condena deba ser cumplida en cárceles comunes, incluso los que tenían prisión domiciliaria”. Respecto de Guerrieri y Costanzo, explicó que “hasta que la sentencia quede firme seguirán gozando de la prisión domiciliaria y esto podría llevar un par de meses”. Advirtió que ambos deberán ser revisados por un médico, que determinará si su estado de salud admite el encierro.

Uno de los primeros en dejar la sala de audiencias fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. “Se ha hecho justicia, el fallo es de total coherencia”, opinó. Duhalde destacó el “esforzado papel” de las querellas y aseguró que “el resultado de las condenas a prisión perpetua para los cinco imputados se ajusta a la ferocidad con que actuaron en la comisión de los homicidios agravados por alevosía, frente a prisioneros indefensos por parte de aquellos que constituían la jefatura del aparato de inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército”.

Detrás del funcionario nacional dejaron la sala Fernando Dussex, hijo de Cecilia Nazábal, fallecida en los siete meses en que duró este juicio; Chocha Toniolli, madre de uno los desaparecidos de Quinta de Funes, junto a su nieto Eduardo, y Alicia Gutiérrez. La abogada querellante de H.I.J.O.S., Ana Oberlin, apuntó que “el fallo salió tal como nosotros lo pedimos y nos llena de emoción haber logrado esta sentencia”.

El intendente Miguel Lifschitz reconoció que “vivimos la lectura de este fallo con mucha emoción, rodeados de Madres, de familiares, de querellantes, de aquellos que fueron víctimas”.

Para la abogada Gabriela Durruty, patrocinante de Juan Rivero y Ramón Verón, victimas de Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, “la sentencia dictada fue ejemplar. Cinco perpetuas en cárceles comunes por los delitos de lesa humanidad juzgados, privación de la libertad agravada por perpetrarse mediando violencia y amenazas, aplicación de tormentos agravados por ser cometidos contra perseguidos políticos y homicidio triplemente calificado, por alevosía, por ser cometido para perseguir la impunidad de otros delitos y por el concurso preordenado de dos o más personas”. “Rosario se eleva a la jerarquía de ciudad donde se respeta el standard mínimo en materia de derechos humanos, acorde con la legislación internacional.”

Daniela Asinari, con quien Durruty compartió el patrocinio, destacó que “se condenó a 5 integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. La inteligencia, al decir de la Causa 13 (Juicio a las Juntas), constituía el sistema nervioso del plan sistemático de represión ilegal mediante el cual los genocidas asolaron nuestro país durante la última dictadura militar”. Y remarcó que “la valentía de los testigos lo hizo posible”.

Nadia Schujman, abogada de H.I.J.O.S., confesó que el fallo “es lo que esperábamos, creíamos que no les cabía otra pena que no fuera la prisión perpetua, estamos muy satisfechos con la cárcel efectiva, nosotros pedimos la revocación y el tribunal le hizo lugar. Creemos que es un día histórico como pueblo, porque no hay otro país que haya avanzado tanto como nosotros en juzgar a sus verdugos. Y pensamos que es el comienzo del fin de la impunidad en nuestra ciudad, y no perdemos de vista que tenemos por delante muchos genocidas por juzgar, que esto es recién el comienzo”.