El juez español Baltasar Garzón sumó ayer otra causa en su contra. El Tribunal Supremo aceptó investigar al magistrado por haber ordenado interceptar y grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los acusados de la trama de corrupción que involucra a la cúpula del Partido Popular (PP). Con ese caso, Garzón ya acumula tres procesos legales ante el Tribunal Supremo, el primero por el presunto cobro de un dinero del Banco Santander y el segundo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

El nuevo proceso que se abrió contra el juez del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional española involucra la trama de corrupción política que domina las primeras planas de Madrid desde hace meses. Se la conoce como la trama Gürtel y ya tumbó a varios miembros de la cúpula del opositor PP. Según la investigación judicial, los dirigentes acusados recibieron enormes sumas de dinero y regalos a cambio de adjudicar jugosos contratos a un empresario amigo, Francisco Correa.

En plena investigación de la Fiscalía Nacional, Garzón autorizó la grabación de las conversaciones entre los acusados detenidos y sus abogados. La Fiscalía argumentó ante el Tribunal Supremo que el espionaje aportó datos claves en el caso y presentó un recurso de súplica para evitar un juicio contra el juez. Sin embargo, el máximo tribunal del país le dio la razón al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el que asumió el caso después de que Garzón fuera apartado. El TSJM anuló las escuchas y acusó al magistrado de la Audiencia Nacional de vulnerar el derecho a la defensa de los acusados en la trama Gürtel.

La situación de Garzón parece empeorar con el paso de los días, a pesar de la lluvia de apoyos que recibió de sindicatos, organizaciones sociales y colegas de España y de todo el mundo. El próximo jueves será un día clave para el magistrado. El Consejo General del Poder Judicial decidirá si lo suspende o no en sus funciones mientras duren los tres procesos ante el Tribunal Supremo.