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El cuestionamiento a las amnistías que favorecieron a represores de varias dictaduras en América latina llegó a Brasil. Desde ayer, el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño comenzó a debatir la constitucionalidad y extensión de la Ley de Amnistía de 1979, que permitió la exención de juicios a los militares y torturadores del régimen de facto que gobernó Brasilia desde 1964 hasta 1985 (foto del general Médici). La demanda, presentada en el año 2008 por la Orden de Abogados de Brasil (OAB), fue finalmente acatada por la Corte, que deberá expedirse sobre si el olvido legal ampara o no los crímenes de lesa humanidad practicados en ese entonces por agentes públicos, algo que en el texto no está aclarado expresamente. El gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva ya se pronunció en contra de la derogación.

Los 11 magistrados del Tribunal Supremo deberán en estos días definir los términos y el alcance de la polémica ley sancionada durante el último régimen de facto. De acuerdo a la OAB, el principal punto de conflicto en la legislación es el primer artículo del texto que perdona a todos aquellos que cometieron crímenes políticos, sin delimitar claramente su aplicación para crímenes comunes atribuidos a los miembros de la dictadura. “El texto de la ley no dice expresamente que se amnistía a militares y torturadores. Consideramos que sí se puede juzgar los crímenes comunes practicados por agentes públicos acusados de homicidio, desaparición forzosa, abuso de autoridad, lesiones corporales, violaciones y violencia contra los opositores”, aseguró el presidente de la OAB, Ophir Caravante.

“No se trata de venganza, sino de rescatar la historia”, estimó, para luego agregar que una lectura amplia de este artículo iría en contra de los lineamientos de la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA suscripta por Brasil.

Desde hace años, varios organismos de derechos humanos reclaman la revisión de la ley que permitió la liberación de presos políticos, la repatriación de exiliados y la exención de juicios a los torturadores. El propio Estado brasileño reconoció más de 400 muertes, 200.000 torturados y 50.000 detenciones a opositores durante el gobierno de facto, según informó la Secretaría de Derechos Humanos.

Sin embargo, tanto la opinión pública como el gobierno aún mantienen disidencias sobre la derogación de la norma. Incluso el presidente Lula, quien durante la dictadura estuvo algunas semanas en prisión por su actividad como sindicalista, ha evitado en el pasado pronunciarse claramente sobre el asunto, pero varias veces ha dado a entender que se opone a revisar la ley. Ayer, durante la exposición de la defensa en el Tribunal, la posición del gobierno quedó claramente definida con los dichos del procurador general de la República, Roberto Gulel. “La construcción de la amnistía pasó por un largo debate nacional. Reconocer la constitucionalidad de la Ley de Amnistía es distinto a compartir que se hayan cometido delitos. Amnistía es un acto político de clemencia. La amnistía fue amplia, general e irrestrica”, dijo el abogado.

Aunque no se ha definido el tiempo que tardará el tratamiento de la norma, si la Suprema Corte falla a favor de mantener la amnistía en los términos que rigen hasta ahora, a la sociedad civil todavía le queda la vía de la Justicia Internacional. Allí aguarda la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya se pronunció de manera contundente contra las leyes de impunidad.