Días después de denunciar el desabastecimiento deliberado de alimentos básicos, el presidente venezolano Hugo Chávez ordenó la nacionalización de una de las principales empresas de alimentos del país, Monaca. Su figura legal es Sociedad Mercantil Molinos Nacionales y está dirigida por la líder mundial en tortillas de maíz, la mexicana Gruma. Su relación con el gobierno bolivariano no había sido la mejor en estos últimos meses. Primero, a finales de 2009, había sido intervenida porque uno de sus socios minoritarios es un banquero, hoy preso por malversación de fondos y otros cargos de corrupción. En las últimas semanas, además, el Indepabis, el organismo estatal que controla los precios fijados por el gobierno y el abastecimiento de bienes de primera necesidad, le había dado un alerta, que la empresa había rechazado públicamente por considerarla falsa.

La noticia se conoció el miércoles pasado, cuando salió publicada en el Boletín Oficial. “Decreto la adquisición forzosa de todos los bienes de Monaca que sirven a la producción, procesamiento y almacenamiento a gran escala de harina de maíz, pasta, arroz, aceite, avena”, informó el texto. El objetivo, según el mandatario, es consolidar la capacidad de producción agroindustrial del Estado bolivariano. Como otras empresas expropiadas y nacionalizadas, según orden presidencial, las plantas de Monaca pasarán a un régimen de propiedad colectiva, que incluye a todos los trabajadores actuales.

Desde hace más de dos años, el gobierno de Chávez concretó varias “adquisiciones forzosas” de empresas relacionadas con la industria alimentaria, incluso cadenas de hipermercados. La ofensiva se intensificó el año pasado, después de la aprobación de una nueva ley de expropiaciones, que agilizó el procedimiento y lo limitó a una decisión presidencial.

Al mismo tiempo, el gobierno venezolano decretó cuotas obligatorias de producción para una docena de alimentos básicos. A partir de ese momento, todas las empresas de la industria agroalimentaria tuvieron que destinar entre 70 por ciento y 95 por ciento de su producción, dependiendo del rubro, a una oferta de productos con precio regulado. El Indepabis se erigió como ente vigilante y llegó a cerrar temporalmente más de 700 negocios a finales de 2009, algunos fueron elegidos por el Ejecutivo y fueron expropiados.

Monaca cuenta en Venezuela con seis plantas de producción, procesamiento y almacenamiento de harina de trigo, harina de maíz, pasta, arroz, aceite, avena, productos del mar, condimentos y especias. Es la filial en ese país de la mexicana Gruma, una empresa líder en tortillas de maíz, que el año pasado registró ventas por más de dos mil millones de dólares, cerca del 18 por ciento de ellas, en Venezuela. Por eso ayer las acciones de Gruma se derrumbaron tanto en la Bolsa mexicana como en la de Wall Street.

La empresa mexicana controla el 72,86 por ciento de Monaca y, según sus directivos, son los que tomaban todas las decisiones de la filial venezolana. El restante 24,14 está en manos de Ricardo Fernández Barruecos, el banquero venezolano que fue detenido el año pasado, procesado por la adquisición irregular de cuatro bancos, todos ellos hoy intervenidos por el gobierno chavista.

Eso había llevado a la intervención de Monaca, a pesar de que las autoridades de Gruma seguían sosteniendo que el banquero no tenía voz en las decisiones empresariales. El gobierno chavista puso un miembro en el directorio, pero aun así el Indepabis decomisó en marzo pasado, como medida preventiva, diez mil toneladas de trigo de una de las plantas de Monaca.

Al cierre de esta edición, ni los dirigentes de Monaca ni sus jefes en Monterrey, México, habían comentado la decisión del presidente Chávez.