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Cuando Daniel Rafecas le dijo que “en un día muy difícil para el juez, la Argentina está con usted”, Baltasar Garzón le contestó: “No sigas por ahí que me voy a emocionar”. Rafecas es el juez federal argentino que lleva la megacausa por violaciones a los derechos humanos en el área del Primer Cuerpo de Ejército, con sede en Buenos Aires y radio extendido al conurbano.

El diálogo se produjo anoche, en Madrid. Garzón podría afrontar hoy la decisión del Consejo General del Poder Judicial, que decidiría si lo suspende. El juez Luciano Varela, del Tribunal Supremo, abrió un juicio oral a tono con organizaciones falangistas. Varela incluso se adelantó al pedido del fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que quiso contratar a Garzón como asesor suyo para salvarlo de la humillación en España. Moreno Ocampo fue fiscal adjunto de Julio Strassera en el Juicio a las Juntas de 1985.

Según la crónica del diario El País, Fausto Canales, el hijo de un fusilado por el dictador Francisco Franco, dijo anoche que “lo que está pasando es una vendetta, algo anómalo, aberrante”.

El apoyo al juez se tradujo en manifestaciones sindicales con la participación de artistas, pero la catástrofe griega y la economía española en crisis se convirtieron en circunstancias aliadas de los enemigos de Garzón que responden al Partido Popular de Mariano Rajoy.

Tampoco el Congreso llegó a aprobar una propuesta de modificar la Ley de Amnistía de 1977 presentada por el grupo parlamentario que integran Esquerra Republica, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verts.

“La Ley de Amnistía fue aprobada fundamentalmente para amnistiar a quienes, hasta el momento de su aprobación, habían sido o podían ser condenados por la aplicación de las propias leyes de la dictadura”, dice el texto. “Esta ley buscó la amnistía para las conductas seguidas por quienes, vulnerando la legalidad franquista, habían luchado por el fin del régimen totalitario y la instauración en España de la libertad y la democracia”, agrega.

El proyecto recuerda que antes de la Amnistía, España firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El artículo 15 del Pacto establece que las leyes penales pueden ser retroactivas, o sea juzgar hechos cometidos antes de su promulgación, ante delitos que “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

La propuesta de los parlamentarios de la izquierda española apunta a introducir de modo tajante en la Ley de Amnistía que no regirá en caso de comprobarse delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad como exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, tortura o desaparición forzada.

El argentino Leandro Despouy es relator de la ONU sobre temas vinculados con la independencia de los jueces. Contesta consultas y realiza informes periódicos. Página/12 pudo saber que uno de los documentos que produjo Despouy cuatro años atrás es utilizado estos días en España por la Justicia y el gobierno para analizar el caso Garzón. Recordó Despouy en 2006 que la amnistía general de 1977 soslayó los principios de justicia y verdad. Luego de reconocer “los logros notorios del proceso conocido como transición”, Despouy decía que no le resultaba extraño que a más de treinta años de la muerte de Francisco Franco, en 1975, muchos españoles reclamasen conocer aspectos del pasado. “Las reivindicaciones se centran en conocer la suerte corrida por miles de personas desaparecidas y restablecer el honor de quienes fueron ajusticiados por tribunales de excepción mediante procesos sumarísimos y privados de las más elementales garan- tías”, detallaba el relator.

Según Despouy, la verdad es a la vez el primer requisito para determinar responsabilidades penales y un primer paso hacia la reparación de la víctima.

Garzón habló anoche en Madrid durante un acto de homenaje a las víctimas judías de la dictadura argentina. Antes, su abogado había presentado un recurso contra Varela porque éste habría impedido a Garzón la presentación de pruebas y de testigos, entre ellos la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, actual embajadora suiza en la Argentina, y el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni.

Hoy se sabrá si la vendetta ganó.

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