El juez federal Ariel Lijo investiga desde ayer si en la División Trata de Personas de la Policía Federal se cobran coimas a dueños de prostíbulos para permitir que continúen en funcionamiento. La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que es personal de la Policía Federal, que integró hasta hace poco la división creada especialmente para el combate de la trata de personas y que incluso intervino en algunos procedimientos. La mujer, que es personal administrativo de la fuerza, dice haber realizado “tareas de inteligencia dentro y fuera de prostíbulos” y acusó directamente al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, de recaudar el dinero proveniente de acusados por el delito de trata de mujeres para la prostitución. También denunció un intento por parte de ese oficial de “plantar dos menores en un boliche” de Pompeya, como parte de una interna policial. Desde la Oficina de Comunicación de la Policía Federal desestimaron la denuncia. “Esta mujer está con licencia médica de características psiquiátricas”, dijo el comisario Ricardo Pedace, responsable del área. Sin embargo, fuentes del juzgado federal dijeron a este diario que se trata de “un relato creíble en la medida en que se pueda chequear” y anunciaron que se dará intervención en el caso a la Unidad Fiscal para la trata de personas (Ufase). También dispuso una custodia permanente por parte de efectivos de la Gendarmería para garantizar su seguridad.

La denunciante es Nancy Graciela Miño Velázquez, de 38 años, nacida en Paraguay pero nacionalizada argentina. Miño es hija de un ex integrante de la Federal y su ex esposo es miembro de la fuerza. Tiene un hijo de 13 años que vive con su padre. Ayer, después de declarar durante siete horas ante el juez federal, hizo un relato de su denuncia ante Página/12. Contó que ingresó a la Federal hace dieciocho años y que trabajaba en el Comando Radioeléctrico, en la atención de llamados al 911, hasta que en octubre de 2008 la trasladaron en comisión a la División Trata de Personas. “Dijeron que como sé hablar en guaraní, podía hacer tareas de inteligencia en lugares donde había chicas paraguayas que no hablaban castellano”, relató. “Además, como vendía lencería erótica, tenía contactos con gente que estaba en la prostitución.”

“Me mandaron a hacer inteligencia interna y externa en privados, cabarets o boliches, pero yo tenía que pasarle toda la información sobre los lugares donde había menores a Fernández, en forma personal. Algunos los tengo detallados porque siguen existiendo”, dijo.

Mencionó un caso en el que le encomendaron localizar a una pareja de dominicanos con pedido de captura por la Ley de Trata, identificados como Williams G. G. y Ana Felicia M. de F. Los ubicó, después de infiltrarse entre prostitutas dominicanas, “en el boliche Chicharrón, ubicado en Bartolomé Mitre y Callao”. Pero la pareja nunca fue detenida y “según gente que está en la prostitución, los dejaron escapar a cambio de 50 mil pesos”.

Lo mismo habría ocurrido con un sujeto de apellido Chini quien, “según Fernández, tenía varios puteríos en Lanús y lo tenía que localizar porque tenía que pagar para la continuidad del funcionamiento de los privados”. Miño dice que obtuvo el domicilio del proxeneta y lo pasó a sus superiores, pero supone que “como todavía está en libertad, debe haber habido algún arreglo”. Agregó que en un procedimiento en el Chaco, el propio jefe de la División “dijo que inventó una detenida”. Y en otro allanamiento realizado en una whiskería ubicada sobre la ruta, cerca de Pergamino, “se plantó cocaína que había facilitado el sargento F. S. y un arma limada que había llevado el comisario Fernández”.

También denunció la participación en operativos de un policía retirado, de apellido Lobera, quien habría intervenido en los procedimientos realizados en enero en la ciudad de Mar del Plata, de los que dio cuenta en su momento Página/12. “El no figura en la nómina del personal que viajó, aparece la inspector Carolina Rotundo, pero no fue, estuvo él y puede verse en las fotos”, relató Nancy Miño.

La testigo agregó que en 2009, un oficial de apellido Ojeda Mercado le ofreció “regentear un prostíbulo en la calle Avellaneda”, en el barrio de Flores. Y que una suboficial de apellido González “que trabajaba en la Comisaría 5ª, que era mano derecha del comisario, me dijo que necesitaba gente de confianza para un prostíbulo en la avenida Córdoba”. “El mismo Mercado me dijo que Fernández regenteaba prostíbulos en Ciudadela y Ramos Mejía”, dijo la testigo ante el juez.

–¿Cuándo fue que decidió hacer esta denuncia? –le preguntó este diario.

–Fue cuando se me pidió que plantara menores en un boliche de la avenida Perito Moreno, en Pompeya.

–¿Cómo iban a plantar menores en un boliche?

–Una menor la iba a aportar el sargento S. de la Villa 1.11.14, y yo tenía que conseguir una chica del ambiente de la prostitución. Me lo pidió el comisario Fernández el 12 de febrero de este año. Les iban a dar dos documentos apócrifos, como que eran mayores, porque en los boliches no son giles, no toman menores.

–¿Para qué querían plantar menores?

–Porque después el comisario iba a ordenar que un grupo de rescate bajara al lugar. Quería hacer todo esto porque (el comisario inspector Omar) Cipolla (su superior inmediato) le había llamado la atención, porque un subinspector de Trata había levantado un bolso con dinero que tenía que haber sido levantado por la División Delitos contra la Salud.

–¿Qué hizo usted entonces?

–Fui a hablar con el comisario Cipolla, que es el jefe del Departamento de Delitos contra las Personas, el superior de Fernández. Me tomó los datos, pero no tomó en cuenta lo que dije. Como respuesta, me trasladaron a la calle Azopardo, al sector de documentación, a la vuelta de la División Trata. Por eso, el 21 de abril pedí licencia médica y no volví más, tenía miedo por mi vida.

En fuentes del juzgado federal de Ariel Lijo consideraron que el relato de Miño es creíble, pero difícil de comprobar. “Al trascender la denuncia por la prensa, si hay un pago de dádivas, como se denuncia, simplemente se deja de hacer por un tiempo”, sugirieron desde el juzgado. Además, por lo general, no suele haber pruebas del pago de coimas. Y los testigos, según consta en la causa, son todos integrantes de la División Trata de Personas

La declaración, añadieron fuentes cercanas a la causa, hace alusión a la interna que surgió en la Policía Federal a partir de la creación de la División Trata de Personas. “Esa división comenzó a trabajar en un territorio que era exclusivo de la División Delitos contra la Salud, que era la que controlaba los prostíbulos, en aplicación de la ley de profilaxis”, dijo el abogado Mario Ganora, de la Defensoría del Pueblo. La prostitución y en particular el proxenetismo han sido señalados, históricamente, como una de las fuentes de recaudación de la policía.

Miño se presentó a declarar el martes ante el juez federal Miguel Angel Torres, quien mandó la causa a sorteo. Desde entonces, se alojó en el local de la Fundación La Alameda –una organización dedicada a la lucha contra la trata de personas– para protección de su seguridad personal.

El caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien ayer mismo citó a declarar a la testigo. Miño es asistida por los abogados Ganora y Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, ambos colaboradores de La Alameda.