Desde Milán

El premier italiano, Silvio Berlusconi, deberá volver a la Corte por cargos de evasión de impuestos y de soborno después de perder la última batalla en su lucha con el Poder Judicial del país. La Corte Constitucional en Roma decidió ayer a la tarde anular las partes clave de la última ley de inmunidad de Berlusconi, que amparaba al millonario de 74 años de ser procesado. Los quince magistrados del alto tribunal tomaron la decisión tras dos días de reuniones.

La ley de “legítimo impedimento” le ha permitido a los ministros evitar las presentaciones en la Corte al afirmar que obstruyen las funciones del gobierno. Como resultado, se suspendieron dos juicios contra Berlusconi. Pero los jueces desafiaron al primer ministro, como lo hicieron en dos ocasiones previas cuando examinaban la discutida inmunidad legal, y anularon partes de la norma después de una larga deliberación de un día. El dictamen de ayer efectivamente les da individualmente a los jueces el poder para decidir si el magnate de los medios debe o no enfrentarse a procesos legales.

La Corte Constitucional rechazó dos leyes similares introducidas por Berlusconi en 2004 y 2009, citando un artículo en la Constitución que establece que todos los ciudadanos deben ser tratados igualitariamente bajo la ley. Así, dicha Corte abre la puerta para que se retomen los procesos en los que Berlusconi está imputado por corrupción judicial y fraude fiscal, los conocidos como “caso Mills” y “caso Mediaset” que habían quedado suspendidos a la espera del fallo de ayer.

En uno de los dos juicios que se reanudará, Berlusconi es acusado de sobornar a David Mills –el marido abogado separado de la ex ministra de los Juegos Olímpicos– con 600 mil dólares para que mintiera bajo juramento sobre los asuntos impositivos del premier. Mills fue sentenciado en febrero de 2009 a cuatro años y medio de prisión por aceptar un soborno de Berlusconi. Los cargos criminales contra Mills fueron anulados recién en febrero del año pasado, cuando había expirado el tiempo para una apelación bajo el estatuto de limitaciones. Sin embargo, los cargos contra él fueron mantenidos.

Berlusconi también se enfrenta a cargos por fraude fiscal al comprar los derechos televisivos para su empresa de televisión Mediaset. Dos magistrados de Milán, Sergio Spadaro y Fabio de Pasquale, afirman que, desde la década de 1980, la sociedad controlante Fininvest de Berlusconi y su grupo emisor Mediaset han registrado costos inflados por la compra de derechos televisivos en Estados Unidos, para desviar millones de euros a fondos para sobornos en Suiza y Hong Kong.

El premier niega todo y se describe como “el hombre más perseguido en toda la historia”. Culpa a los magistrados de izquierda por la vendetta política contra él. Esta semana atacó al Poder Judicial de Italia llamándolo “una patología”.

Pero el diario Corriere della Sera dijo ayer que anular la ley de inmunidad tendría poco efecto si los juicios han sido demorados durante tanto tiempo que, probablemente, hayan prescripto bajo el estatuto de las limitaciones. Sin embargo, en otra investigación llamada Mediatrade, que continúa del juicio de los derechos de películas de Mediaset, probablemente se verán nuevos cargos de fraude fiscal contra el primer ministro y los altos ejecutivos de Mediaset.

Desde distintos sectores se advierte, no obstante, de que sobre dichos procesos pesa la sombra de la prescripción, puesto que algunos de los jueces encargados de los casos han cambiado de puesto o de tribunal, lo que podría suponer tener que reanudar los juicios desde el principio.

Pese a esta sombra, el dictamen de ayer puede considerarse un nuevo revés al primer ministro italiano, como señaló la portavoz del opositor Partido Demócrata, Anna Finocchiaro, quien afirmó que “ha saltado la base de la ley”.

Anticipándose a los hechos, Berlusconi, dijo el día anterior: “En realidad no me importa si esos juicios se detienen o no”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.