La tensión volvió a Egipto. Edificios de los servicios de seguridad del Estado egipcio fueron asaltados ayer por manifestantes que buscaban pruebas de abusos cometidos por el poderoso aparato dependiente del Ministerio del Interior y cuya disolución exigen los militantes pro democracia. Coincidencia o no, ayer también se inició el proceso contra el ex ministro del Interior, acusado por malversación de fondos.

En Sheij Zayed, en los alrededores de El Cairo, cientos de manifestantes intentaron penetrar en la sede local de la seguridad del Estado. Los empleados de estos servicios dispararon al aire antes de que el ejército se interpusiese para impedir que el edificio fuese tomado por la gente.

La disolución de los servicios de seguridad del Estado, acusados por organizaciones de derechos humanos de abusos y torturas, es una de las principales reivindicaciones de los militantes prodemocráticos. Uno de los manifestantes explicó ayer a la prensa que su objetivo era apoderarse de dosieres de la seguridad del Estado por temor a que las pruebas de las violaciones fueran destruidas. “Se podía ver en el interior a policías quemando papeles”, aseguró otro. Un tercer testigo relató: “Las ventanas estaban abiertas y los papeles volaban desde allí”.

En Marsa Matrouh, al noroeste de El Cairo, en la costa Mediterránea, un grupo de manifestantes pudo entrar en la sede de la seguridad y apoderarse de documentos, antes de prender fuego al edificio. Con una tranquilidad de la que no podrían haber gozado en los años de Hosni Mubarak, los manifestantes se fueron hasta un café cercano para analizar los documentos que habían logrado rescatar.

El reclamo contra el aparato de seguridad no empezó ayer. El viernes, varios manifestantes resultaron heridos de bala durante una protesta que reclamaba la disolución de la seguridad del Estado en Alejandría, la gran ciudad del norte de Egipto. El ejército, que gestiona el país desde la dimisión por presión popular del ex presidente Hosni Mubarak, ocurrida el 11 de febrero, tuvo que intervenir para restablecer la calma. En la mañana de ayer, las fuerzas armadas evacuaron a primera hora otro cuartel de la seguridad del Estado, en la zona de Ramla (Alejandría), donde 21 agentes resultaron heridos en la noche del viernes, cuando una multitud irrumpió en el edificio.

La ira contra los abusos diarios y la tortura por parte de la policía fue uno de los elementos que provocaron el 25 de enero la ola de manifestaciones sin precedentes que acabó con el régimen de Mubarak, tras casi 30 años en el poder. De hecho, la indignación social fue en ascenso cuando se conoció la noticia de que Khaled Said, un chico de 28 años, había sido ferozmente torturado hasta la muerte por la policía de Mubarak. Los amigos del joven asesinado armaron una página en Facebook, “Todos somos Khaled Said”, que sirvió para difundir las convocatorias a movilizaciones.

Para intentar calmar los ánimos, el Ministerio del Interior anunció ayer que está estudiando una reestructuración de los servicios de seguridad del Estado, según publicó la agencia oficial Mena. Días atrás, había trascendido que el actual ministro del Interior, Mahmud Wagdi, había ordenado la suspensión de la actividad de esos organismos. Sin embargo, la información fue desmentida.

Casualmente o no, empezó ayer el proceso por malversaciones financieras del ex ministro egipcio del Interior, el muy impopular Habib el Adli. Es el primero de los procedimientos judiciales contra altos cargos del régimen de Mubarak. El Adli, con uniforme blanco de preso, se declaró inocente de los cargos de blanqueo de dinero y de malversación de fondos públicos. “Eso no existió”, dijo en dos ocasiones sin perder la calma.

El Adli es detestado por gran parte de la población egipcia que pidió con insistencia, desde el inicio de la sublevación contra el régimen el 25 de enero, su salida del gobierno. Justamente porque la policía que dirigía en esa época está acusada de la sangrienta represión que marcó el inicio de la revuelta, en la que murieron al menos 384 personas y más de 6000 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud. El juicio se aplazó hasta el 2 de abril. Previamente, hubo una suspensión de la audiencia debido a los duros intercambios verbales entre los abogados querellantes y los de la defensa, que pidió más tiempo para preparar sus argumentos.

Según el juez, el ex ministro del Interior está acusado de haber abusado de su cargo para vender un terreno a un promotor por unos 800 mil dólares. También está implicado en una operación de blanqueo de unos 760 mil dólares. Esas imputaciones no satisfacen a los militantes en favor de la democracia, que desean que el ex ministro sea juzgado por violaciones a los derechos humanos. Paralelamente, corre una investigación contra El Adli por haber ordenado disparar con balas de plomo contra los manifestantes durante la sublevación.