La sección dedicada a América latina del informe anual de Amnesty International pone el foco en los pueblos originarios. Según Amnesty, se detecta una amenaza cada vez mayor para los pueblos indígenas de la región.

En el caso de Chile, los sectores originarios continúan sin obtener el reconocimiento constitucional, pese a una insistente campaña para que se respeten sus derechos. El informe consigna que hasta 34 presos mapuches estuvieron en huelga de hambre para protestar por el uso de la legislación antiterrorista sobre su comunidad.

En el caso de Brasil, el informe asegura que la población indígena continúa sufriendo discriminación, amenazas y violencia y que la situación fue especialmente grave en el estado de Mato Grosso do Sul. También se recuerda que las autoridades brasileñas concedieron una licencia medioambiental a la represa hidroeléctrica de Belo Monte en el estado de Pará. El proyecto generó un fuerte rechazo de las comunidades indígenas y grupos ecologistas. El informe hace referencia también a la violencia policial, la cual profundiza las desigualdades en Brasil, junto con las bandas de delincuentes en barrios marginales. Según estadísticas oficiales, en 2010 la policía mató a 885 personas en situaciones calificadas como actos de resistencia.

Amnesty informó con preocupación el caso de Ecuador, donde se presentaron cargos penales falsos contra defensores de los derechos humanos, incluidos dirigentes indígenas. De acuerdo con la información recabada por la ONG, se formularon cargos de sabotaje y terrorismo contra esos activistas, en un intento de silenciar su oposición a las políticas del gobierno. Sobre la situación de los pueblos indígenas, Amnesty afirmó que hubo manifestaciones multitudinarias contra el gobierno ecuatoriano, encabezadas muchas de ellas por comunidades de pueblos originarios. Según el informe, en esas protestas se reprobaba la ausencia de un proceso claro para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos de desarrollo o políticas y leyes que les afectan.

Por último, en el caso de Honduras se hace referencia a los diez periodistas asesinados en 2010. Por ser muy reciente, Amnesty excluye el homicidio de Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue muerto a balazos a la salida del canal Omega Visión, en la noche del pasado martes. El informe consigna que entre enero y diciembre fueron asesinados al menos diez periodistas y que al finalizar el año nadie había respondido ante la Justicia por estos crímenes, en tanto que no se había implantado ningún programa efectivo de protección para periodistas en situación de riesgo. Con respecto al golpe de Estado que derrocó al presidente electo constitucionalmente en 2009, el informe dice que hubo pocos avances en la reparación de los daños que habían sufrido la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, tras ese ataque al sistema democrático. El nuevo gobierno, que preside Porfirio Lobo, recibió críticas por no hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Con respecto a Venezuela, AI criticó la “represión” de la disidencia y la “intimidación” de activistas de derechos humanos y denunció “abusos y crímenes” cometidos por fuerzas de seguridad. AI también criticó al gobierno de Cuba por mantener “restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión”.