El departamento de Petén, en el norte de Guatemala, permanece bajo estado de sitio desde las primera horas de ayer. Así lo determinó el gobierno, luego de la matanza de 27 campesinos, baleados y decapitados el fin de semana en una finca de ese territorio por supuestos integrantes del cartel de Los Zetas, y de una serie de explosiones que sucedieron ayer en algunos lugares donde la policía nacional llevó a cabo el operativo de esclarecimiento de la masacre. “Imponemos la medida en virtud de los hechos graves que han ocurrido y que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y seguridad del Estado. Pero, además, con el objetivo de garantizar la vida, la seguridad y tranquilidad de los habitantes y sus bienes”, explicó el presidente de Guatemala, Alvaro Colom. En principio, los límites estarán vigentes durante un mes.

El estado de sitio acompaña los operativos de control, investigación y esclarecimiento que efectivos de la Policía Nacional Civil y de los ministerios de Defensa y Público desarrollan en el departamento en cuestión y en otros puntos estratégicos del país. En declaraciones a medios locales, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, informó que las fuerzas de seguridad guatemaltecas trabajan bajo una alerta máxima a nivel nacional para poder hallar a los responsables de la veintena de asesinatos. Por segundo día consecutivo, Menocal acompañó al mandatario y al titular de la cartera de Defensa, Juan José Ruiz, a la zona del crimen, donde Guatemala se roza con México y Belice.

Con el estado de sitio instalado –Colom lo anunció pasada la medianoche del lunes–, un grupo de efectivos policiales se enfrentó con presuntos delincuentes relacionados con el caso en el centro del municipio petense de La Libertad, donde está ubicada la finca Los Cocos, escenario de la matanza. Durante la mañana de ayer, se realizaron diez allanamientos en el municipio del crimen y en zonas aledañas. Además, tres artefactos explotaron en diferentes puntos del país en donde fuerzas de seguridad desarrollaron operativos de control.

En el marco de las acciones de búsqueda de los responsables del crimen, el gobierno allanó una vivienda en Petén. Allí se enfrentó a tiros con las personas que ocupaban la casa. Dos de ellas fallecieron. Otra, el ex militar Hugo Francisco Chávez Méndez, fue detenido. Según la policía, él y el resto de los ocupantes son sospechosos de haber participado del asesinato de los 27 campesinos. Hasta el momento, las fuerzas policiales lograron secuestrar tres automóviles aparentemente utilizados en la masacre, armas y droga.

Las autoridades no dudan de que los responsables de la masacre son integrantes del cartel mexicano Los Zetas, operativo en el norte de Guatemala desde hace algunos años. En una entrevista con una radio mexicana, Colom explicó que cuentan con los testimonios de tres personas protegidas que han sido sacadas de la zona, entre ellos una persona que sobrevivió a la matanza aunque fue herida y una mujer embarazada a la que los sicarios dejaron marchar.

“La presencia de narcotraficantes es una amenaza contra la gobernabilidad del país y de la región, pero hay que enfrentarlos con valentía hasta tenerlos en la cárcel”, opinó Colom tras anunciar el estado de sitio.

Las autoridades policiales indicaron a Prensa Libre que las dos puntas principales de la investigación iniciada tras la matanza de Petén son dos hombres. Uno de ellos sería Pedro o Flavio Méndez Santiago. El hombre se haría llamar Z200, tal como la inscripción que la policía encontró en la finca Los Cocos, al costado de los 27 cadáveres decapitados. El otro principal sospechoso de la causa es Rudy Ottoniel Salguero, el propietario de la finca y a quien los sicarios habrían ido a asesinar cuando se encontraron con la veintena de jornaleros. Según las autoridades, Salguerio tendría fuertes vínculos con el narcotráfico.

No es la primera vez que el gobierno aplica el estado de sitio. Sin ir más lejos, y también debido a la acción de Los Zetas, las autoridades nacionales lo aplicaron en otros dos departamentos norteños entre diciembre y febrero pasados.

En esta ocasión, la aplicación del estado de sitio en Petén fue considerada insuficiente por organizaciones humanitarias locales. Jorge Santos, del Centro Internacional en Investigación de Derechos Humanos (Ciidh), sostuvo: “Para atender la extrema violencia que padece el país se requieren medidas integrales, como el fortalecimiento del Estado y más presencia policial para luchar frontalmente contra los elementos que generan impunidad”.