Desde Londres

¿Justicia sumaria o estricta aplicación de la ley? En Chester, noroeste de Inglaterra, dos muchachos de 20 y 22 años que convocaron por Facebook a sus amigos a sumarse a los disturbios –sin que nadie los siguiera– fueron sentenciados a cuatro años de prisión cada uno. En Londres, un hombre sin antecedentes penales, que robó botellas de agua por valor de 4 euros, fue condenado a seis meses. En una sociedad desconcertada por los peores disturbios desde la posguerra, los jueces parecen decididos a imponer sentencias draconianas. Según los críticos, la Justicia británica está perdiendo el rumbo con sentencias que tienen una desproporción absoluta entre delito y castigo. “Las sentencias no pueden depender del capricho del juez o del estado de la opinión pública. Hay claras reglas sobre la relación proporcional que debe haber entre delito y sentencia”, señaló a la BBC el consejero legal de la Corona, QC, John Cooper.

A su regreso anticipado de vacaciones, en pleno apogeo de los saqueos, el primer ministro David Cameron señaló que no iba a dejar que una “falsa concepción” de los derechos humanos obstaculizara la seguridad. Cameron se refería a la publicación en los medios de las fotos de menores de edad acusados de saqueos. “Espero que les caiga todo el peso de la ley”, enfatizó. El mensaje se ha filtrado a los juzgados que trabajan día y noche, incluyendo los fines de semana, para procesar los más de 2700 detenidos que hay por los disturbios en Londres y otras ciudades inglesas. Mientras normalmente sólo se le niega a un diez por ciento de los acusados la libertad bajo fianza por delitos de esta monta, ahora el 64 por ciento ha permanecido bajo arresto. Una magistrada en Camberwell, barrio del sur de Londres, Novello Noades, puso el dedo en la llaga al decir que el gobierno había pasado una directiva recomendando a los jueces que dictaran penas de prisión para los responsables de delitos. La magistrada se retractó más tarde, pero ya la reputación de independencia de la Justicia había quedado comprometida.

El juez de la Corte de Manchester, Andrew Gilbart, marcó el paso con la primera sentencia que se dictó en Inglaterra por los disturbios, muy por encima de los seis meses máximo que establece la ley para delitos de esta naturaleza. Los tres hombres, que habían sido arrestados 24 horas antes y reconocieron su responsabilidad en los hechos, factor normalmente atenuante, fueron condenados a un total de dos años de cárcel. “No me cabe duda de que el propósito de la corte debe ser demostrar que estos actos delictivos colectivos tienen que recibir una sentencia ejemplar, muy superior a si hubieran sido cometidos individualmente”, señaló el juez. Manchester experimentó 155 incendios, saqueos y destrozos en unos cien negocios, y tuvo veinte policías heridos, pero como señalaron distintas organizaciones legales y varios diputados, la justicia no debe confundirse con venganza. “La justicia debe ser restitutiva y no retributiva. Se debería combinar o alternar la sentencia con servicio comunitario y un cara a cara con las víctimas que les permita entender a los responsables la consecuencia de sus actos”, dijo un diputado de la coalición de gobierno, el liberal demócrata Tom Brake.

El volumen de trabajo, la exigencia política y la celeridad a que se ven obligados a trabajar los tribunales están produciendo algunas escenas dignas de una mezcla de Kafka y Buster Keaton. En una corte, el domingo, la fiscal –que se había presentado voluntariamente a trabajar el fin de semana– no podía encontrar el papeleo de los casos que debía atender el juez. Escenas similares se repitieron en otros juzgados que intentaban acelerar el procedimiento, pero no daban con los arrestados, sus legajos y documentos. Mientras tanto, los quinientos policías que trabajan en el operativo Withern siguen haciendo arrestos gracias a la información que reciben y el análisis de unas 20 mil horas de película de los circuitos cerrados de televisión. Esta investigación aún en curso sumada al endurecimiento de la Justicia y las más de mil personas que todavía no han recibido sentencia, plantean un problema adicional. Según datos oficiales, ochenta de las 132 prisiones de Inglaterra y Gales están superpobladas: ¿dónde serán alojados los nuevos reclusos?