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¿Qué es el “voto campo”? ¿El voto de productores agropecuarios descendientes en su mayoría de inmigrantes europeos que orientan su producción por y para la exportación? ¿Se incluye o no a los campesinos criollos y pueblos originarios? ¿Se habla también de quienes producen verduras, carnes vacunas, porcinas, aviares, ovinas y caprinas y también producen variadas frutas, todos al mercado interno en su gran mayoría y muy pocos de ellos son propietarios de la tierra? ¿O el “campo” supone una construcción semántica en clave de jerarquización étnica, de propietarios orientados en lo productivo y cultural hacia los mercados externos?

Entonces, ¿de cuántos electores se habla realmente? De acuerdo con las estimaciones agrícolas campaña 2010/11 del Ministerio de Agricultura, se puede determinar que los productores agropecuarios son algunas pocas decenas de miles de integrantes, ya que apenas 26.836 productores contestaron la cédula censal en el 2008. Más allá del subregistro por negativa de los productores, lejos de ser mayoritarios demográficamente como para que puedan definir diferencias electorales de cientos de miles de votos en las provincias pampeanas, ni siquiera podrían imputársele, por cuestiones estrictamente numéricas, ser parte mayoritaria.

Incluso no alcanzaría si el “voto campo” incluiría, además de los integrantes de la producción agraria exportable, a sus simpatizantes de las clases medias urbanas pampeanas, que en el 2008 asumieron la defensa de los intereses agroexportadores, a pesar de ser contradictorios con sus propias condiciones de realización económica.

La entelequia “voto campo” y su supuesta alineación antikirchnerista tiene otras dificultades prácticas. La rentabilidad extraordinaria que vive el sector en la región está basada y posibilitada fundamentalmente por la batería de medidas monetarias, macroeconómicas y agropecuarias implementadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner desde el 2003. Con procedencia nacional se puede seleccionar las siguientes medidas: el sostenimiento del valor competitivo del peso, la pesificación de las deudas de los campos hipotecados evitando su remate, subsidiando fertilizantes, gasoil y a algunos sectores estratégicos como la ganadería de leche y carne, hoy excelentes negocios. Sumando los subsidios indirectos de las instituciones de ciencia y tecnología como el INTA y otros aportes poco conocidos y económicamente valiosos, como el calculador probabilístico de riesgos agropecuarios como los radares de granizo, y los trabajos del INTI y del Senasa.

En algunos casos el aporte provincial “extra” es una bajísima presión tributaria en relación a la que soportan los demás sectores de la actividad económica. Una cosa es canalizar provincialmente la sempiterna queja porque la generación y transferencia de riquezas del gobierno nacional a ese sector venga acompañado de mayor control tributario, laboral y regulaciones de diversa índole, cuestiones donde quizá se sientan hermanados con el “campo” amplios sectores urbanos cuentapropistas, profesionales y empresariales. Otra cuestión muy distinta es afectar las bases estructurales de su prosperidad en la contienda electoral, que sí los afectaría como las elecciones presidenciales. Por todo esto la insistencia en el impacto del “voto campo” no puede ser más que una estrategia mediática o de marketing político sobredimensionando la gravitación electoral de un sector ínfimo demográficamente y de sus más numerosos simpatizantes clasemedieros, creando la expectativa de que serían tan altruistas que en atención a las gestas cívicas que le propone la oposición al gobierno nacional atentarían contra su propia situación inédita en términos de rentabilidad y bonanza.

* Ingeniero agrónomo

** Doctora de Historia Económica.