El nuevo proceso contra Khalid Sheik Mohamed, considerado el cerebro de los atentados que volaron las Torres Gemelas y parte del Pentágono, y otros cuatro cómplices comenzó ayer en el tribunal militar de la Base de Guantánamo. La audiencia inicia la preparación de un nuevo juicio contra Sheik Mohamed y sus supuestos cómplices, su sobrino Ali Abdul Aziz Ali y Walid bin Attash, ex guardaespaldas del fallecido líder de Al Qaida, Osama bin Laden.

También están pendientes de juicio Ramzi Bin al Shibh, entrenado para pilotear uno de los aviones que estrellaron el 11 de septiembre de 2001 y miembro de la célula de Hamburgo (Alemania), y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, supuesto encargado de la financiación de los ataques. Los cinco escucharon los cargos que se les imputaron, entre ellos la muerte de las 2976 personas que fallecieron en los atentados terroristas de Nueva York, Washington y Pensilvania, donde se estrelló un cuarto avión, el 9 de septiembre del 2001, por lo que pueden recibir la pena de muerte. El equipo defensor de los cinco acusados, compuesto por personal militar y letrados civiles, presentará sus alegatos después de que sean leídos los cargos que se les imputan, que incluyen varios cargos de “terrorismo, secuestro de aeronaves, conspiración y violación de la ley de la guerra”. Los cargos militares presentados por el Pentágono contemplan la pena de muerte para los cinco acusados. El juicio se llevará adelante en la modalidad de las comisiones militares creadas por el gobierno de George W. Bush para juzgar a presuntos terroristas islámicos fuera de la protección que la convención de Ginebra les otorga a combatientes en situación de guerra, y también fuera de la protección que la que las leyes civiles estadounidenses les otorgan a los criminales comunes. Las comisiones militares fueron reformadas durante el gobierno de Obama para aumentar las garantías de los acusados, pero aún reciben críticas casi unánimes de los organismos de derechos humanos, que acusan a la Casa Blanca de haber creado un sitema legal para blanquear confesiones obtenidas bajo tortura.

Los acusados habían manifestado su intención de admitir los cargos para acelerar el proceso de lo que ellos consideran un martirio en nombre de Alá. Sin embargo, uno de los abogados defensores, Jim Harrington, aseguró que los cinco tienen intención de defender su inocencia.

El juicio en plena campaña electoral representa una marcha atrás para la promesa que el presidente estadounidense hizo en el 2008 de cerrar la base de Guantánamo en un año. Dos años más tarde, el fiscal general Eric Holder había anunciado que Mohamed y sus coacusados serían juzgados por una corte federal de Nueva York, pero el Congreso bloqueó la iniciativa al negar fondos para el traslado de los prisioneros.

Las estrictas medidas de seguridad en la Base Naval de Guantánamo se extremaron para esta primera audiencia de quienes planearon los atentados más graves de la historia de Estados Unidos, sólo unos pocos periodistas, observadores y familiares de víctimas estarán presentes, pese a que el proceso se emitirá por circuito cerrado de televisión a otras partes de Estados Unidos.

En anteriores audiencias, todos los acusados expresaron su desconfianza sobre la labor de sus defensores, por lo que el juez dictaminó que Sheik Mohammed, Bin Attash y Aziz Ali podrían representarse a sí mismos. Los cinco acusados llevan años encerrados en la prisión militar de Bahía de Guantánamo y denuncian haber sido objeto de torturas para que confesaran su implicancia en los atentados.

Todos ellos permanecieron tres años en prisiones secretas de la CIA antes de ser trasladados en 2006 a Guantánamo. La propia agencia estadounidense reconoció que Mohamed fue sometido a la técnica del waterboarding (simulación de ahogamiento) en 183 ocasiones. El jefe de la fiscalía, el general de brigada Mark Martins, indicó que los tribunales militares de Guantánamo protegen los derechos de defensa de los presos y que las críticas del equipo defensor sobre la legitimidad de esta fórmula legal no está fundamentada. Los juicios sólo podrán ser seguidos por un pequeño grupo de abogados y periodistas invitados, a través de un sistema de circuito cerrado con demoras para que los jueces puedan omitir declaraciones sensibles de las transcripciones oficiales.