En una insólita medida, el gobierno de Sebastián Piñera inscribió al menos a un millar de detenidos-desaparecidos en los registros electorales para los comicios municipales de octubre y las presidenciales de 2013. El error fue admitido personalmente por el director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, quien mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro. “Debiera haber un mínimo de criterio y respeto. En Chile sabemos quiénes son detenidos-desaparecidos. Es una situación repudiable”, dijo Mireya García, dirigente de la AFDD. La mujer, detenida y torturada por la dictadura de Augusto Pinochet, lamentó además la falta de prolijidad de las autoridades y observó que una gran parte de quienes están actualmente en el poder respaldaron antes al régimen militar en el país trasandino.

La noticia se conoció luego de que comenzara a regir la nueva ley de inscripción automática y voto voluntario, que sumó a cinco millones de votantes al padrón electoral, todos ellos mayores de 18 años, en un proceso que concluyó hace unas semanas. El incidente tuvo lugar un día después de que el presidente Piñera pidiera perdón por los errores de su gobierno, que derrumbaron su popularidad hasta alcanzar un mínimo histórico del 25 por ciento en las encuestas. Piñera, quien en su campaña mantuvo una reunión con cientos de militares procesados por violaciones a los derechos humanos, no comentó hasta ahora los hechos.

Pizarro dijo finalmente que el país sufre las consecuencias de un Estado que nunca asumió el genocidio y que no resuelve la situación jurídica de los desaparecidos, por lo que siguen siendo legalmente vivos, aunque se trate de crímenes cometidos hace cuarenta años. “El tema de fondo es que hay un Estado que no enfrenta la situación de la desaparición forzada. Esto también es impunidad y parte de la no reparación a los daños causados a las familias (por la dictadura)”, sostuvo la dirigente.