A tres meses de la tragedia de Once, la causa judicial se centra en acusaciones cruzadas, básicamente entre la empresa concesionaria, TBA, y La Fraternidad, el gremio del maquinista Marcos Antonio Córdoba. La empresa se asienta en el peritaje, firmado por los siete ingenieros que participaron, y en el que se concluye que el motorman no frenó el tren, pese a que los mecanismos funcionaban. Los que defienden al maquinista Córdoba, en cambio, afirman que fueron las malas condiciones del servicio las que influyeron en el choque. El juez Claudio Bonadío está tomando las declaraciones indagatorias a los directivos de TBA, a ex funcionarios del Gobierno y al propio maquinista y se calcula que esa ronda terminará a mediados de junio. Tal vez antes del final de ese mes tomará la decisión sobre los procesamientos. Ayer, desde el Ministerio de Planificación informaron que la intervención de TBA, a cargo de Raúl Baridó, logró aumentar un 20 por ciento las formaciones en circulación, en comparación con las existentes antes de la intervención.

La mayoría de los funcionarios de TBA se presentan a la indagatoria con un escrito y buena parte de ellos aceptan responder preguntas. Por ahora, han dicho dos cosas:

- Que quienes estaban en el día a día del funcionamiento del ex Sarmiento son los gerentes, que todavía no declararon. Que, por lo tanto, no tienen responsabilidades ni en el servicio ni en el mantenimiento.

- Que frente a la imputación del juez de que hubo un mal uso del material rodante y la infraestructura, responden que el único que incurrió en esa falencia fue el maquinista, que no utilizó los sistemas de frenos y que anuló un reaseguro como el sistema de “hombre muerto”. Los directivos sugieren que Córdoba se quedó dormido o cabeceó o se desmayó.

El fiscal Federico Delgado es quien hasta ahora encabeza las respuestas. Básicamente se asienta en los informes de la Auditoría General de la Nación y en las declaraciones de dirigentes de la Unión Ferroviaria, que ponen el acento en el estado de las vías y del material rodante. Los siete peritos –incluyendo el del maquinista– firmaron que el tren frenaba, pero sostuvieron que había vagones con el mantenimiento vencido e informalidad en los talleres. La postura de Delgado es que hubo “un afuera” del choque –la organización del servicio– que influyó en forma decisiva en “el adentro” del choque.

Los dirigentes de la Unión Ferroviaria –que acaudilla la izquierda en el ex Sarmiento– insistieron ayer en que las condiciones del servicio empeoraron desde la intervención y reclamaron la estatización del ramal. La intervención, por su parte, informó que aumentó la circulación en un 20 por ciento, que se incorpora la sexta formación de ocho coches, que se sacarán de servicio 24 vagones viejos y que llegaron al país 15 vagones holandeses comprados por TBA antes de la intervención. También están en estudio en la Universidad Tecnológica siete puentes vehiculares desarmables, que se podrían colocar en 90 días.

Más allá de la causa judicial y de la gestión del interventor, en la Casa Rosada analizan la decisión de fondo: si le quitan o no la concesión a TBA. El rumor es que la decisión ya está tomada.