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Desde Medellín

El gobierno colombiano rechazó el posible atentado contra Alvaro Uribe y designó al comandante de la Policía, Oscar Naranjo, para realizar las investigaciones desde Colombia. Según Radio Caracol, ayer mismo habrían viajado los oficiales especiales para levantar información que determine la posible participación de colombianos en el transporte y la instalación de los explosivos. “El gobierno está haciendo y hará lo necesario para garantizar la seguridad del presidente Uribe y su familia”, dijo en su cuenta de Twitter el presidente Juan Manuel Santos, cuyo principal opositor actual es el mismo Uribe, quien, a pesar de haberle heredado el poder y los votos, le critica día a día que está descuidando “los huevitos de la seguridad democrática”, asegurando que él sí les hacía frente a los “bandidos” de las FARC.

En especial, Uribe y su entorno atacaron a Santos después de la Cumbre de las Américas –a la que calificaron como ostentosa– y tras el atentado terrorista de la semana pasada en Bogotá. “Las calles de Bogotá están con sangre. A mí me preocupa que el actual gobierno de Colombia, en lugar de combatir con toda determinación al terrorismo, esté buscando una mediación del gobierno de la dictadura de Venezuela, para negociar con el terrorismo”, dijo Uribe en CNN en una entrevista divulgada este lunes. Para Uribe, Santos “ha descuidado la seguridad para buscar a través de la dictadura Chávez de Venezuela un acuerdo con el grupo terrorista de las FARC”. Se refería a los posibles espacios para la negociación de la paz que se asoman en las intenciones del gobierno de Santos, que actualmente tramita una ley en el Congreso titulada “Marco para la Paz”, que reformaría la Constitución y otorgaría amnistías a los protagonistas de los enfrentamientos armados.

Las divergencias, además, tienen que ver también con la provocación de Santos a una discusión por la despenalización de la droga –promovida en la reciente Cumbre–, además del explícito reconocimiento de conflicto armado interno, categoría que establece del DIH y que Uribe negó seguidamente durante ocho años de gobierno. Además, hay molestia entre los “ultrauribistas” militares y ex militares por la ley que el gobierno de Santos tramita actualmente para reformar la Justicia penal militar. Con ésta, quedarían en manos de la Justicia ordinaria crímenes de lesa humanidad cometidos por militares, como los llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales en las que se presentaron civiles como guerrilleros muertos para engordar las cifras de éxito en la lucha contrainsurgente. Sobre esta práctica, Juan Manuel Santos dijo a Página/12 durante su candidatura que, entonces como ministro de Defensa, él no tenía ninguna responsabilidad y que las autoridades debían investigar a los responsables: el gobierno Uribe.

Por otro lado, Uribe ha sido foco de fuertes críticas por las acusaciones de “paramilitar”. Esta vez, el ex comandante Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, dijo desde la cárcel que “me reuní con el ex presidente Uribe”, que los paramilitares apoyaron su segunda campaña presidencial y que, desde su papel en la gobernación de Antioquia en los noventa, Uribe es acusado de promover y conformar comandos paramilitares. “Se contrataban buses y se hacía propaganda. De eso estuvo encargado el comandante Andrés”, dijo Mancuso en una extensa entrevista radial. Además, aseguró que “ideológicamente nos identificábamos con los candidatos propuestos por el ex presidente Uribe”, refiriéndose a las campañas electorales locales y del Congreso.

Tales acusaciones no fueron divulgadas por importantes medios como El Colombiano, el segundo diario más importante del país, en lo que algunas analistas califican como estrategia mediática del ex presidente, terreno en el que se mueve bastante bien. Aunque dejó la presidencia hace casi ya dos años, Uribe se mantiene en los titulares. Con juiciosa regularidad ofrece entrevistas a medios de comunicación internacionales, nacionales y, en especial, regionales, donde expone sus descontentos con los ataques de la guerrilla en diversos pueblos colombianos y recuerda día a día sus pasados logros en materia de seguridad: “Hay una equivocación en la política del presidente Santos (...) En mi gobierno no hubo vacilación para enfrentar al terrorismo”. Repite, tal vez en campaña para las próximas presidenciales.