El presidente boliviano, Evo Morales, dijo ayer que su gobierno atenderá las demandas de los policías de baja graduación que se amotinaron para reclamar mejoras salariales. Mientras, las fuerzas armadas salieron a las calles a prestar seguridad ante la ausencia de los huelguistas.

“Algunos policías tienen derecho de reivindicar, entendemos; se va a atender el reclamo”, dijo el mandatario en un acto público realizado en una comuna rural del departamento de Cochabamba. Morales, que no había hecho apariciones públicas desde que arribó de la cumbre Río+20, explicó que su gobierno incrementó los salarios de todo el sector público un 125 por ciento desde que él asumió la presidencia en 2006, pero evitó detallar los incrementos hechos al cuerpo policial. Los policías piden un salario mínimo de 2 mil bolivianos, el equivalente a 300 dólares, cambios en la Ley 101 de Régimen Disciplinario, una jubilación con el ciento por ciento en base a su último sueldo y la creación de una oficina de derechos humanos para policías.

En tanto, en La Paz, al menos tres mil policías salieron a protestar en la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio Quemado, la sede del gobierno y el Congreso. La protesta no derivó en acciones violentas, a diferencia de lo que sí sucedió el viernes, mientras el gobierno y representantes de los amotinados encaran negociaciones que intentan poner fin al conflicto. En las negociaciones participan el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez; y la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, además de los representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Assclaspol), presididos por Edgar Ramos. Romero, a cargo de las conversaciones, anticipó que el gobierno no tiene intención de sancionar a los amotinados. Pero el fiscal general del Estado, Mario Uribe, anticipó acciones legales contra los huelguistas. Romero aseguró que “en este contexto” no se promoverá ninguna represalia contra los policías amotinados, a pesar de los hechos violentos registrados durante la semana.

En la ciudad de Cochabamba (centro) un numeroso grupo de policías y sus esposas llegaron hasta la Catedral para realizar una jornada de oración. En Santa Cruz de la Sierra (este) los policías se mantienen en los cuarteles y han instalado una vigilia en los alrededores de la cárcel pública de Palmasola a la espera de los resultados del diálogo, informó ayer la cadena de televisión ATB.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que los militares “redoblarán su personal en las principales capitales del país con el patrullaje y vigilancia en las calles”. El suboficial Edgar Ramos, que participa en nombre de los policías en el diálogo con el gobierno, dijo que las autoridades ofrecieron un aumento de 200 bolivianos (30 dólares) al bono de seguridad ciudadana, “una propuesta que ya ha sido rechazada”.

El viernes, los policías de baja graduación saquearon las oficinas del Tribunal Disciplinario en La Paz. Todos los expedientes en esa oficina se sacaron a la calle, donde fueron quemados. En base a la Ley 101, ese tribunal procesaba a los policías por diversas faltas disciplinarias sin derecho a defensa. El motín sobrepasó los 20 cuarteles y comandos policiales en las diez principales ciudades del país: La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija. El comando de Cochabamba, en el centro del país, también fue saqueado el viernes. Los uniformados ya habían tomado el jueves por la fuerza la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP, antimotines), a media cuadra de la Plaza de Armas. La situación era tensa en las cárceles de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las más pobladas del país, donde los uniformados estaban en emergencia, aunque mantenían la vigilancia sobre los presos. Los conflictos comenzaron el jueves, cuando unas 50 esposas de policías iniciaron una huelga de hambre, apoyando los reclamos de sus cónyuges. Las mujeres suspendieron luego la medida y se sumaron al motín La protesta provocó, entre otras cosas, que la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) determinara el viernes el cierre de bancos en varias ciudades de ese país que dejaron de tener seguridad policial. “Se ha tomado la determinación que en los lugares donde haya repliegue de la seguridad, se van a ir cerrando las oficinas. Oficina bancaria que no tenga seguridad, se cierra”, afirmó en ese entonces el presidente de Asoban, Marcelo Montero, durante una conferencia de prensa. Sin policías, los indígenas que rechazan una carretera por un parque ecológico en el centro de Bolivia se encontraban ayer a 30 kilómetros de La Paz; tras marchar cerca de 570 kilómetros desde la Amazonia, los nativos realizaron la segunda marcha en menos de ocho meses.