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Sin empacho, el gobernante Partido Popular de Mariano Rajoy se prepara para arrojar a cientos de personas a la calle. En sólo diez días, en caso de que no se presenten argumentos contundentes que defiendan el atraso en el pago, el español que no pague la renta de alquiler de su vivienda podrá ser desalojado. Esa es la iniciativa que Mariano Rajoy presentará hoy ante el Congreso de los Diputados y que la prensa española bautizó con ironía como “desahucio express”.

En medio de la crisis que afecta a España, y con miles de pagos incumplidos, el gobierno conservador optó por implementar una rápida resolución al conflicto. Los juzgados españoles tramitaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, una cifra que supone un record desde que se tiene registro de los desalojos y que además supuso un aumento del 22 por ciento respecto de 2010. Sin embargo, en el primer trimestre ya se tramitaron 46.559.

En un encuentro con la prensa, la ministra de Fomento, Ana Pastor, explicó ayer que con la normativa en vigor, el arrendador se ve obligado a acudir a la vía judicial y obtener una sentencia declarativa para que el impago de la renta pudiese dar lugar a un desahucio. “Además, el inquilino tenía antes la posibilidad de pagar en el último momento y evitar la ejecución”, agregó. Con la nueva ley en marcha, se establece un plazo de diez días para que el arrendatario pague su deuda. En caso de que no se ponga al día con la mora, “el juez puede dictar la clausura del contrato de forma inmediata, sin más trámites”, sentenció la funcionaria.

Pastor señaló que el principal objetivo de este proyecto de ley es flexibilizar el mercado del alquiler, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la regulación del procedimiento judicial de desahucio. “La reforma se plantea porque tenemos un mercado del alquiler muy pequeño frente al resto de países de la Unión Europea, pues sólo un 17 por ciento de la población tiene vivienda de alquiler, frente al 83 por ciento que tiene su propiedad”, indicó la ministra. A partir del estallido de la burbuja inmobiliaria, ya sea por los constantes desalojos o por no poder continuar pagando las viviendas, España tiene actualmente 700.000 viviendas vacías.