Desde Santiago

A cuatro días de conmemorarse 40 años del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet en 1973, liderada por los militares.

Tras varias horas en una larga sesión plenaria, el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros, leyó una “histórica” declaración pública preparada durante la mañana. En la misiva se señala que el Poder Judicial, y fundamentalmente la Corte Suprema, por “acciones u omisiones”, no cumplieron su deber en defensa de los derechos humanos.

El texto agrega que los ministros consideraron “un deber” reconocer que “el quiebre de la institucionalidad democrática, a partir de septiembre de 1973, permitió un régimen cívico militar, que violentó las garantías de los ciudadanos de nuestro país, que terminó con la muerte de muchos de ellos, desaparecidos, con detenciones irregulares y otros atropellos”. Donde se registraron también atropellos como “muerte, desaparición forzosa, detenciones irregularidades y torturas”.

“No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas –las que, por cierto, ofenden a cualquier sociedad civilizada– pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia toda vez que les fueron denunciadas, a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial que gozaban los afectados”, sostiene el documento.

Pero no es todo, el texto destaca que “en tales condiciones, este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente, a la hora presente, y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática”.

La declaración del máximo tribunal llegó dos días después del llamado de la Asociación Nacional de Magistrados que el pasado miércoles instó a la Corte Suprema a pedir perdón por los actos y omisiones cometidos por los jueces durante el período de dictadura, “a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena porque, en su mayoría, los jueces –durante los 17 años de represión– miraron para el techo”.

El pasado fin de semana, el presidente Sebastián Piñera fustigó a los tribunales de Justicia por su papel en la dictadura: “Hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas”, dijo a través de un diario. Para el ministro Milton Juica, que tuvo en sus manos dos causas emblemáticas –el caso Degollados y Operación Albania–, donde no le tembló la mano para investigar. De hecho, en 1998, la derecha lo vetó para ascender a la Corte Suprema, pudiendo recién el 2001 llegar a ella”.

“Al poco tiempo era clarísimo que había una represión total, que había detenciones totalmente ilegales, una tortura permanente (...) los tribunales consultaban al Ministerio del Interior, este decía que la persona no estaba detenida y si lo estaba, que era en virtud del estado de sitio. Bastaba ese informe para aceptar que era así...Aquí hay mucha gente que dice que no sabía lo que estaba pasando y eso es una mentira del porte de una catedral. Todas las personas que vivieron en esos años, sobre los 15, 16, 18 años, sabían perfectamente que se estaba viviendo una situación atroz. Una persona medianamente informada, con discernimiento, no podía ignorar lo que estaba sucediendo”, sostuvo Juica a El Mostrador.

Agregó que todos estos mea culpa “debieron haberse producido mucho antes, dicen ahora lo que debieron haber creído 20 o 30 años atrás”.

Desde la otra vereda, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, del derechista partido político UDI, criticó a Piñera respecto de sus dichos sobre los “cómplices pasivos”.

“Me parece delicado decir eso, puesto que la complicidad no se da con pasividad, sino con una actuación completa, muchas personas que colaboraron con el gobierno militar no sabían las atrocidades que se cometían, sin tener ningún tipo de compromiso con esos actos.”

“Uno, con la perspectiva del tiempo puede mirar con menos pasión las cosas y darse cuenta que nunca vamos a llegar a un claro entendimiento sobre si fueron justificadas o no la actuación de las fuerzas armadas durante el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende”, sostuvo. Agregó que “en la década del ’70 era muy común que los militares tomaran el poder por la fuerza. En ese sentido, yo justifico, y aplaudí en aquel momento lo realizado por las fuerzas armadas. Y no sólo yo, sino la inmensa mayoría de los chilenos que entendían que el país estaba viviendo una situación caótica”.

“Las atrocidades que ocurrieron después no las avalo bajo ninguna circunstancia. Algunos políticos deben dejar de sacarle provecho al tema de los derechos humanos. Yo he conversado con muchos familiares de detenidos desaparecidos y me parece que es válido su deseo de justicia. Pero algunos políticos ocupan el tema como bandera de lucha, y eso no me parece”, concluyó.