La influencia notable de Estados Unidos en Honduras no se modificará por las elecciones. La base militar de Palmerola y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo que la habita continuarán en su sitio. La embajadora Lisa Kubiske seguirá dictando la doctrina de Washington en su activa vida diplomática. La Usaid (Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU.) extenderá su política de cooperación económica: desde su fundación, en 1961, hasta 2011 le aportó al país centroamericano 3000 millones de dólares. Y las deportaciones en masa de hondureños desde el norte hacia su tierra –entre 2009 y 2011 fueron 77.136– no se detendrán. Eso sí, ya no harán falta, hasta los próximos comicios, ciertos cursos para la prensa sobre cómo cubrir el proceso electoral. Uno de los últimos, auspiciado por el gobierno de Obama, lo dio la periodista Lynne Walker, vicepresidenta del Instituto de las Américas de San Diego, California.

Honduras es una nación devastada por la pobreza, que afecta al 60 por ciento de la población. La criminalidad hoy la ubica tercera en el índice de Paz Global (GPI por su sigla en inglés) de América, detrás de Colombia y México. Su deuda del sector público cerrará 2013 con 12 mil millones de dólares, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh). Tiene un millón de desocupados y otro tanto de subempleados. Estos son algunos de los registros actuales con los que deberá lidiar el futuro gobierno.

Cuando visitó Tegucigalpa en marzo de 2012, Joe Biden, el vicepresidente estadounidense, auguró: “Podremos crear una Honduras más segura y próspera”. Pasaron veinte meses y el pronóstico no se cumplió. Al contrario, la situación empeoró. En los primeros ocho meses de 2013, la deuda externa subió el 14,7, según el Banco Central local. Tampoco se detuvieron las muertes en las principales ciudades o en el campo: la tasa de asesinatos llega a 86 cada 100 mil habitantes. Los 46 mil hondureños que estuvieron habilitados para votar en EE.UU. ejercieron su derecho cívico, aunque fueron un 40 por ciento más los 77.136 expulsados entre 2009 y 2011.

En sintonía con la política histórica para su patio trasero, Estados Unidos le dio mucho protagonismo a su embajadora en Honduras y a una organización como la Usaid. Cambian los funcionarios, cambian las siglas, pero no la matriz pare relacionarse con Centroamérica. Kubiske está acreditada desde el 26 de julio de 2011, es la esposa de un periodista y ha recibido distinciones como “premios superiores de honor por su participación en la campaña pública a favor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú”, entre otros. El dato surge de su currículum.

Patricia Rodas, la ex ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Manuel Zelaya, la acusó de inmiscuirse en el proceso electoral. Dijo que “legitimar el fraude y adelantar resultados es tan grave como el proceso de terrorismo de Estado montado contra el pueblo hondureño después del golpe de 2009”. En rigor, se refería a un anuncio de Kubiske sobre que los resultados no se darían el mismo día de los comicios. Una noticia que también confirmó David Matamoros, integrante del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Hay que repasar sus discursos, que pueden leerse en la página web de la embajada, para entender un poco más su injerencia. En la inauguración del II Gran Congreso Nacional sobre Derechos Humanos José Manuel Capellín, el 5 de diciembre de 2012, declaró: “Los Estados Unidos continuarán apoyando los esfuerzos de nuestros socios hondureños, claves en el gobierno y en la sociedad civil, quienes están trabajando para reformar las instituciones de este país y asegurar el respeto por los derechos humanos y la seguridad de todos los hondureños”. El gobierno es el de Porfirio Lobo, del partido Nacional, el mismo al que pertenece el candidato oficialista, Juan Orlando Hernández. Los derechos humanos que enunció Kubiske están lejos de respetarse.

La embajadora y James Watson, el director de la misión de Usaid en Tegucigalpa, son dos inquietos lobbistas de los intereses de Washington. La controvertida organización que el 1º de mayo pasado expulsó el presidente Evo Morales de Bolivia por entrometerse en sus asuntos internos destina unos 40 mil millones de dólares anuales a sus planes de desarrollo en América. En Honduras divulgó datos que la vinculan al presunto bienestar de sus ciudadanos. Un ejemplo: “En 1960, menos del 30 por ciento de los hondureños tenían acceso a agua potable, mientras que hoy, más del 87 por ciento de la población tiene acceso a agua potable limpia”.

Los militares de la base de Palmerola no pueden mimetizarse como los funcionarios de la Usaid entre la población civil. Construida en 1984 a 7,5 kilómetros de Comayagua, la ex capital, posee una de las mejores pistas de aterrizaje en Centroamérica. Fue utilizada en operaciones humanitarias como las de 1998 por el huracán Mitch, pero también se usó de plataforma para apoyar a los contras que buscaban el derrocamiento del gobierno sandinista legítimo de Nicaragua. Además, no es la única base en territorio hondureño. En los últimos años se levantaron otras en Guanaja, Caratasca y se reacondicionó infraestructura militar en Puerto Castilla. Todo bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

Un detalle adicional más reciente fue el rol que cumplió Palmerola durante el golpe de Estado que destituyó a Zelaya el 28 de junio de 2009. Hasta allí, el ex presidente fue llevado en pijama desde su casa. Los militares lo expulsaron de inmediato hacia Costa Rica. “En ese momento, la Casa Blanca y el Pentágono tenían que saber que había un golpe de Estado en marcha”, le confesó por entonces Zelaya a Lula, su colega brasileño.

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