Cuatro años después del devastador terremoto que sacudió a Haití, pocas cosas cambiaron. Pese a la ayuda internacional prometida para la reconstrucción, cerca de 170.000 haitianos viven hoy en campos de desplazados, sin acceso a agua potable, saneamiento, atención sanitaria, escuelas ni otros servicios básicos. Los datos aportados por Amnistía Internacional (AI) dan cuenta de un Estado colapsado y en deuda con sus ciudadanos. Pero como si el drama de perderlo todo no bastara, la organización humanitaria denunció que desde 2010 –poco después del desastre natural– más de 60.000 personas fueron desalojadas de los campos. Y según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 45 por ciento que aún permanece allí está bajo riesgo de desalojo.

“Considero que el esfuerzo para la reconstrucción ha sido muy bueno, teniendo en cuenta el enorme desafío y la falta de recursos que teníamos cuando empezamos”, reconoció la semana pasada el primer ministro haitiano Laurent Lamothe. Pero al mismo tiempo aseguró que el gobierno debe seguir trabajando para lograr una solución a largo plazo en referencia a los problemas de vivienda. El terremoto del 12 de enero de 2010 dejó 200.000 víctimas fatales y 2.300.000 sobrevivientes quedaron sin hogar. De acuerdo con la OIM, quienes pudieron escapar de los campos de desplazados pasaron a ser reubicados en refugios temporales (113.000 familias), recibieron un subsidio anual de 500 dólares para alquilar un alojamiento (55.000) o simplemente fueron desalojados.

En marzo de 2010, frente a la crisis post terremoto, el gobierno decidió declarar de “uso público” las tierras donde se levantaron los campos. Sin embargo, la poca claridad respecto del estatus de la tierra y la falta de compensación a sus dueños desató un conflicto entre quienes reclaman su propiedad y los cientos de miles que no tiene otro lugar donde ir. “La crisis del sector de la vivienda ya existía antes del terremoto. Se estimaba que el déficit de viviendas en el país era de 700.000 unidades. Las necesidades eran más agudas en el área metropolitana de Puerto Príncipe –la capital–, donde se habían concentrado miles de personas procedentes de las zonas rurales. Existían más de 200 asentamientos informales caracterizados por altos niveles de pobreza, desempleo, falta de servicios básicos, falta de viviendas adecuadas”, explicó a Página/12 Chiara Liguori, investigadora de AI que visitó el país caribeño por última vez en octubre pasado.

Según AI, muchos de estos asentamientos surgían en pendientes pronunciadas o en el fondo de los barrancos y corrían riesgo de ser arrastrados durante los períodos de fuertes lluvias o huracanes. “Si bien las estrategias del gobierno han logrado una reducción drástica en el número de campos de desplazados, no han contribuido en absoluto a la solución de la crisis de vivienda que el terremoto agravó. Es como barrer el problema dejándolo debajo de la alfombra. Una evaluación encargada por los donantes en enero de 2013 sobre los programas de subsidio del alquiler indicó que el 75 por ciento de las personas cuyos contratos habían terminado y que se habían trasladado se encontraba viviendo en peores condiciones”, contó Liguori. Además, sostuvo que el gobierno decidió invertir dinero en soluciones temporarias para los desplazados, porque el objetivo inmediato era vaciar los campamentos. De hecho, de los miles que había en 2010, se pasó a 271 en la actualidad.

“Queremos trabajar con las ONG, pero queremos que trabajen en las prioridades del gobierno, que hemos expresado en el plan nacional de desarrollo estratégico”, dijo Lamothe. El 23 de octubre de 2013, el premier anunció la adopción de la primera estrategia política del país en materia de vivienda y hábitat. A pesar de que definió esta estrategia como “el marco de referencia para las instituciones públicas, autoridades regionales, organizaciones de la sociedad civil y los asociados técnicos y financieros”, el documento completo aún no se distribuyó y organizaciones civiles expresaron que no conocen el contenido. “Para las soluciones duraderas se deberían tocar temas cruciales como la titulación de las tierras, el sistema de catastro, que han desanimado a inversores privados y donantes a la hora de invertir en proyectos de construcción de casas. Tampoco se ha tocado el tema de establecer mecanismos de acceso al crédito a la vivienda para todas las familias, inclusive las de bajos ingresos”, señaló Liguori.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) donó en 2013 más de 270 millones de dólares en proyectos para las áreas de agricultura e infraestructura. De esos fondos, un 48 por ciento fue entregado a empresas norteamericanas y un 36,7 por ciento a organizaciones sin fines de lucro con sede en Washington, publicó esta semana el diario británico The Guardian. Por su parte, Usaid alegó que la falta de controles financieros internos de las instituciones haitianas obligó a la agencia estadounidense a trabajar con subcontratistas. Esto se traduce en la infantilización de las autoridades locales que, al no tener acceso a los datos de esos subcontratos, apenas pueden adivinar en qué se gasta el dinero y de qué forma. Liguori apuntó contra la llamada comunidad internacional por la falta de coordinación con el gobierno de Haití y por no haber tomado la cuestión del derecho a la vivienda como prioritaria.

Informe: Patricio Porta