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Mientras Hugo Chávez partía de Buenos Aires, la oposición organizaba un acto de convocatoria a la adhesión del referéndum revocatorio de su mandato, que es posible desde anteayer, en mitad de la gestión –fue Chávez quien incluyó ese artículo en la reforma constitucional–. Las movilizaciones reunieron a cientos de miles en Caracas y los principales partidos opositores de Venezuela, Acción Democrática (AD) y Copei, entregaron las firmas que necesitan para lanzar el plebiscito. Pero el gobierno dice que son inválidas, denunciando que hubo lotes de firmas que fueron enviadas por e-mail desde una entidad financiera y que otras eran copias de firmas presentadas en otro proceso.
El oficialismo también celebra: sorteó un efímero golpe de Estado en abril de 2001 y posteriormente una larga huelga petrolera orientada a quebrar el bastión económico venezolano. Para revocar el mandato de Chávez, la opositora Coordinadora Democrática (CD) necesita la misma cantidad o más votos que los que obtuvo el actual presidente en las elecciones del 2000 –3.757.773– y sólo si vota el 25 por ciento del electorado. Ayer a la madrugada, la oposición entregó en el Consejo Nacional Electoral (CNE) las más de tres millones de firmas que juntó el pasado 2 de febrero. Horas más tarde, un kilómetro y medio de venezolanos convocados por la CD abarrotaban el centro de Caracas para pedir que se active la consulta popular. Las marchas esquivaron un tramo de la avenida Libertador, cercana a la sede de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Es que allí miles de chavistas estaban reunidos para festejar la mitad del mandato de Chávez.
“Cinco millones por el Sí”, pedía el principal orador del acto opositor, Enrique Mendoza, gobernador del estado de Miranda y también uno de los aspirantes a la presidencia. A la noche, el vicepresidente José Vicente Rangel dijo estar satisfecho con el “desarrollo pacífico” de las marchas opositoras. Más allá de “cualquier consideración sectaria, lo importante hoy ha sido el triunfo de la democracia, el estado de derecho y la paz”, dijo. “No soy experto en contabilizar personas”, dijo refiriéndose a la cantidad de gente que fue a las marchas. Pero mostró sus dudas sobre las 600.000 personas que calculó el líder opositor Mendoza.
Para el gobierno, las firmas que juntó la Coordinadora son inválidas porque no están avaladas por la nueva directiva del CNE. Esta será elegida en los próximos días por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a partir de entonces será el árbitro del referendo. Una vez nombrada, la directiva del CNE deberá dictar las normas del registro civil, del electoral y de la publicidad electoral, lo que según el ex magistrado del TSJ Carlos Escarrá llevará dos meses por lo menos. Si el CNE decide que las firmas valen, tendrá un plazo de 60 días para fijar la fecha del referendo. Si Chávez es revocado, se llamará a elecciones dentro de los 30 días posteriores al referendo. Pero si no se hace ese llamado, será el vicepresidente el que termine el mandato de seis años.
Las dudas sobre las firmas se remontan a hace más de siete meses, cuando la CD dijo que la pregunta que tenían que contestar los firmantes no cumplió los requisitos que exige la Constitución. La polémica aumentó cuando el oficialismo denunció que hubo lotes de firmas que fueron enviadas por e-mail desde una entidad financiera y que esto contaminó el proceso. Encima, se descubrió que una parte de las firmas presentadas en febrero no son originales. La procuradora general de la República, Marisol Plaza, acusó a la oposición de cometer “un delito”. Según ella, un gobernante tiene derecho a que las firmas que evalúan su gestión sean recolectadas al final de la primera parte de su mandato y no antes, como sucedió el 2 de febrero.